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Katiuska Hernández
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La Ley 526 del 28 de mayo de 2026, que establece en Panamá los requisitos de sustancia económica para entidades que forman parte de grupos multinacionales y reciben rentas pasivas de fuente extranjera, representa un avance para que el país pueda salir de la llamada lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, además de cumplir con estándares internacionales en materia tributaria.
Sin embargo, uno de los principales desafíos que plantea esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, es que su reglamentación establezca reglas claras para su ejecución y que la normativa se convierta en una herramienta para atraer nuevas inversiones, en lugar de generar cargas adicionales o incertidumbre para las empresas.
Así coincidieron expertos en tributación internacional y representantes del Gobierno durante el foro Café con La Prensa, titulado Nueva Ley de Sustancia Económica: impacto, retos y oportunidades.
El conversatorio contó con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos; Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá; y Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino.
Los expositores analizaron el alcance de la normativa, sus implicaciones para las empresas y su papel en el fortalecimiento de la transparencia, la competitividad y la posición de Panamá como centro internacional de negocios.
La sustancia económica busca que las empresas y grupos multinacionales que operan en Panamá demuestren presencia real en el país, con oficinas, empleados y operación real, y sustenten los recursos que reciben, para acceder al tratamiento fiscal favorable sobre rentas de fuente extranjera y así no eludan impuestos en el país y en otras jurisdicciones poniendo como excusa a Panamá.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, aseguró que Panamá ha cumplido los requerimientos planteados tanto por la Unión Europea como por los estándares internacionales y afirmó que, de acuerdo con sus conversaciones recientes en Bruselas, la salida del país de la lista fiscal es “prácticamente un hecho cumplido”.
“Hemos cumplido, ellos lo reconocen, no tenemos más comentarios ni inquietudes”, expresó el viceministro, quien indicó que la expectativa del Gobierno es que Panamá sea excluido del listado en la revisión prevista para octubre.
El funcionario sostuvo que la aprobación de la Ley 526 fortalece la posición del país ante organismos internacionales y aporta elementos verificables para demostrar que las empresas establecidas en Panamá tienen presencia, actividad y capacidad real para generar valor.
“La venta de Panamá hoy en día no es solo la posición geográfica, la venta es confianza”, afirmó Hoyos, al señalar que la reputación incide en las relaciones financieras y comerciales, el acceso a mercados y las decisiones que adoptan las compañías al evaluar posibles destinos de inversión.
Hoyos afirma que la ley fortalece la confianza internacional en el país.
Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino, destacó que la nueva normativa no debe ser vista únicamente como una respuesta a las exigencias de la Unión Europea, sino como parte de un proceso de transformación del sistema financiero, tributario y legal panameño iniciado en los últimos años.
“Panamá ha ido cambiando y enmendando cada uno de sus estándares para hacerlo competitivo internacionalmente”, expresó el abogado.
Sosa señaló que la sustancia económica constituía una de las piezas pendientes dentro del proceso de adecuación del país, que ya había incluido medidas como el registro de beneficiarios finales, el intercambio automático de información, la eliminación de las acciones al portador y la obligación de conservar registros contables.
También aclaró que la ley no busca crear un nuevo impuesto para las multinacionales ni aumentar directamente la recaudación.
“Hay que mirar esta ley de sustancia como una ley que incentive la inversión extranjera, que incentive la creación de mano de obra panameña y no como una ley que busca recaudar impuestos”, manifestó.
Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, coincidió en que la permanencia de Panamá en la lista europea tiene un impacto económico directo, debido a las medidas defensivas que algunos países aplican a las operaciones realizadas con jurisdicciones incluidas en el listado.
Entre esas medidas figuran retenciones elevadas, limitaciones para deducir pagos y otras restricciones fiscales que incrementan los costos de hacer negocios con compañías panameñas.
Como ejemplo, explicó que una empresa de Dinamarca que paga un servicio a una entidad establecida en Panamá puede aplicar una retención del 22%. Esto obligaría a la empresa panameña a emitir una factura por $122 para recibir efectivamente $100.
“Eso no hace atractivo a Panamá, porque hacer negocios con Panamá siempre te va a costar más plata. Y eso es producto de estar en esta lista”, señaló Carrizo.
A su juicio, una ley de sustancia económica bien aplicada puede generar mayor inversión extranjera de calidad, empleos calificados, servicios de alto valor agregado y un entorno más predecible para los inversionistas.
Carrizo y Sosa alertaron sobre la falta de información relacionada con el avance de la reglamentación de la ley, pese a que el plazo de 90 días calendario establecido para su emisión vence el próximo 28 de agosto.
Al ser consultado sobre el estado del documento, Carrizo respondió: “No sabemos nada. Creo que han sido bastante herméticos en este momento”.
Añadió que no había tenido acceso a un borrador ni recibido información sobre su contenido.
“Lo que sí sé es que el 28 de agosto se vence el plazo de 90 días calendario que establece la ley. Y yo creo que Panamá responsablemente debe emitir ese reglamento antes de que se venza ese plazo”, afirmó.
El socio de KPMG advirtió que actualmente existe “mucha incertidumbre” y “mucha inquietud” entre los inversionistas y profesionales, debido a que el reglamento deberá aclarar conceptos necesarios para aplicar la normativa.
Carrizo recalcó que la reglamentación no puede ir más allá de la ley ni modificar sus disposiciones, pero sí debe desarrollar términos que quedaron abiertos o que pueden dar lugar a interpretaciones diferentes.
Entre los puntos pendientes mencionó la definición de “entidad”, debido a las dudas sobre si el concepto abarca únicamente a las personas jurídicas o también a vehículos como fideicomisos y fundaciones de interés privado.
También señaló que deben precisarse conceptos como “inversión sustancial”, “gastos adecuados” y “decisiones estratégicas”, debido a que estas definiciones determinarán la cantidad y el tipo de recursos que las compañías deberán mantener en Panamá para acreditar su sustancia económica.
“No hay una definición de qué significa inversión sustancial o inversión no sustancial”, advirtió Carrizo. Según explicó, la falta de claridad podría generar dudas sobre el tratamiento de dividendos reinvertidos, préstamos entre compañías relacionadas y otras operaciones habituales dentro de los grupos multinacionales.
Sosa manifestó que el reglamento podría seguir modelos sencillos como los adoptados por Costa Rica y Uruguay, países que ya cuentan con normas de sustancia económica.
El reto inmediato será que el reglamento se publique dentro del plazo establecido, aclare las dudas técnicas que persisten y preserve el propósito central de la norma: cumplir los estándares internacionales, facilitar la salida de Panamá de la lista fiscal europea y fortalecer al país como plataforma de servicios e inversión.
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Sin embargo, uno de los principales desafíos que plantea esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, es que su reglamentación establezca reglas claras para su ejecución y que la normativa se convierta en una herramienta para atraer nuevas inversiones, en lugar de generar cargas adicionales o incertidumbre para las empresas.
Así coincidieron expertos en tributación internacional y representantes del Gobierno durante el foro Café con La Prensa, titulado Nueva Ley de Sustancia Económica: impacto, retos y oportunidades.
El conversatorio contó con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos; Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá; y Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino.
Los expositores analizaron el alcance de la normativa, sus implicaciones para las empresas y su papel en el fortalecimiento de la transparencia, la competitividad y la posición de Panamá como centro internacional de negocios.
La sustancia económica busca que las empresas y grupos multinacionales que operan en Panamá demuestren presencia real en el país, con oficinas, empleados y operación real, y sustenten los recursos que reciben, para acceder al tratamiento fiscal favorable sobre rentas de fuente extranjera y así no eludan impuestos en el país y en otras jurisdicciones poniendo como excusa a Panamá.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, aseguró que Panamá ha cumplido los requerimientos planteados tanto por la Unión Europea como por los estándares internacionales y afirmó que, de acuerdo con sus conversaciones recientes en Bruselas, la salida del país de la lista fiscal es “prácticamente un hecho cumplido”.
“Hemos cumplido, ellos lo reconocen, no tenemos más comentarios ni inquietudes”, expresó el viceministro, quien indicó que la expectativa del Gobierno es que Panamá sea excluido del listado en la revisión prevista para octubre.
El funcionario sostuvo que la aprobación de la Ley 526 fortalece la posición del país ante organismos internacionales y aporta elementos verificables para demostrar que las empresas establecidas en Panamá tienen presencia, actividad y capacidad real para generar valor.
“La venta de Panamá hoy en día no es solo la posición geográfica, la venta es confianza”, afirmó Hoyos, al señalar que la reputación incide en las relaciones financieras y comerciales, el acceso a mercados y las decisiones que adoptan las compañías al evaluar posibles destinos de inversión.
Hoyos afirma que la ley fortalece la confianza internacional en el país.
Una ley para atraer inversión
Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino, destacó que la nueva normativa no debe ser vista únicamente como una respuesta a las exigencias de la Unión Europea, sino como parte de un proceso de transformación del sistema financiero, tributario y legal panameño iniciado en los últimos años.
“Panamá ha ido cambiando y enmendando cada uno de sus estándares para hacerlo competitivo internacionalmente”, expresó el abogado.
Sosa señaló que la sustancia económica constituía una de las piezas pendientes dentro del proceso de adecuación del país, que ya había incluido medidas como el registro de beneficiarios finales, el intercambio automático de información, la eliminación de las acciones al portador y la obligación de conservar registros contables.
También aclaró que la ley no busca crear un nuevo impuesto para las multinacionales ni aumentar directamente la recaudación.
“Hay que mirar esta ley de sustancia como una ley que incentive la inversión extranjera, que incentive la creación de mano de obra panameña y no como una ley que busca recaudar impuestos”, manifestó.
Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, coincidió en que la permanencia de Panamá en la lista europea tiene un impacto económico directo, debido a las medidas defensivas que algunos países aplican a las operaciones realizadas con jurisdicciones incluidas en el listado.
Entre esas medidas figuran retenciones elevadas, limitaciones para deducir pagos y otras restricciones fiscales que incrementan los costos de hacer negocios con compañías panameñas.
Como ejemplo, explicó que una empresa de Dinamarca que paga un servicio a una entidad establecida en Panamá puede aplicar una retención del 22%. Esto obligaría a la empresa panameña a emitir una factura por $122 para recibir efectivamente $100.
“Eso no hace atractivo a Panamá, porque hacer negocios con Panamá siempre te va a costar más plata. Y eso es producto de estar en esta lista”, señaló Carrizo.
A su juicio, una ley de sustancia económica bien aplicada puede generar mayor inversión extranjera de calidad, empleos calificados, servicios de alto valor agregado y un entorno más predecible para los inversionistas.
Preocupación por el reglamento
Carrizo y Sosa alertaron sobre la falta de información relacionada con el avance de la reglamentación de la ley, pese a que el plazo de 90 días calendario establecido para su emisión vence el próximo 28 de agosto.
Al ser consultado sobre el estado del documento, Carrizo respondió: “No sabemos nada. Creo que han sido bastante herméticos en este momento”.
Añadió que no había tenido acceso a un borrador ni recibido información sobre su contenido.
“Lo que sí sé es que el 28 de agosto se vence el plazo de 90 días calendario que establece la ley. Y yo creo que Panamá responsablemente debe emitir ese reglamento antes de que se venza ese plazo”, afirmó.
El socio de KPMG advirtió que actualmente existe “mucha incertidumbre” y “mucha inquietud” entre los inversionistas y profesionales, debido a que el reglamento deberá aclarar conceptos necesarios para aplicar la normativa.
Carrizo recalcó que la reglamentación no puede ir más allá de la ley ni modificar sus disposiciones, pero sí debe desarrollar términos que quedaron abiertos o que pueden dar lugar a interpretaciones diferentes.
Entre los puntos pendientes mencionó la definición de “entidad”, debido a las dudas sobre si el concepto abarca únicamente a las personas jurídicas o también a vehículos como fideicomisos y fundaciones de interés privado.
También señaló que deben precisarse conceptos como “inversión sustancial”, “gastos adecuados” y “decisiones estratégicas”, debido a que estas definiciones determinarán la cantidad y el tipo de recursos que las compañías deberán mantener en Panamá para acreditar su sustancia económica.
“No hay una definición de qué significa inversión sustancial o inversión no sustancial”, advirtió Carrizo. Según explicó, la falta de claridad podría generar dudas sobre el tratamiento de dividendos reinvertidos, préstamos entre compañías relacionadas y otras operaciones habituales dentro de los grupos multinacionales.
Sosa manifestó que el reglamento podría seguir modelos sencillos como los adoptados por Costa Rica y Uruguay, países que ya cuentan con normas de sustancia económica.
El reto inmediato será que el reglamento se publique dentro del plazo establecido, aclare las dudas técnicas que persisten y preserve el propósito central de la norma: cumplir los estándares internacionales, facilitar la salida de Panamá de la lista fiscal europea y fortalecer al país como plataforma de servicios e inversión.
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