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Maria Nuñez Chacón
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Con el compromiso de impulsar reformas e iniciativas que defiendan la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, la producción nacional y los derechos humanos un grupo de organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas, movimientos sociales y el bloque opositor de la Asamblea Legislativa firmaron el Pacto Patriótico Costarricense.
Esta alianza que integra a las diputaciones del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana y las organizaciones que conforman la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) – espacio que integra organizaciones mencionadas- busca impulsar soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica, establecer mecanismos de aportes para proyectos de ley, integrar equipos técnicos y asesores y acciones coordinadas.
Todo esto con el fin de respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.
Asimismo, busca defender y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional.
De acuerdo con Martha Rodríguez, secretaria general del sindicato UNDECA, hay que tener claro que la Caja es más que una institución, es uno de los mayores pactos de solidaridad construidos por el pueblo costarricense y que gracias a ella millones de personas han tenido acceso a atención médica, medicamentos, vacunas, pensiones y oportunidades que no dependen de la capacidad de pago de las personas, sino de la dignidad del ser humano.
“Lo que ha ocurrido hasta el momento es que se ha puesto en riesgo la sociedad que queremos, Costa Rica merece democracia, libertad y justicia social. Hay una verdad irrenunciable, la salud, la educación y la protección social no son un gasto, sino la inversión más importante que una sociedad puede hacer en su gente,”, indicó la dirigente sindical.
Por otra, parte, este pacto integraría propuestas para abordar de manera integral la salud mental y el sistema educativo, así como instituciones esenciales para el desarrollo del país, como es el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Banco de Costa Rica, el Consejo Nacional de la Producción y las universidades públicas.
Para Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) indicó que la educación es el corazón y el futuro de la juventud, sin embargo, recordó que es imposible trabajar si no se cuenta con los recursos económicos necesarios para este fin.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, firmó el pacto junto con los otros representantes político y sociales. (Foto: Kattia Alvarado)
“Los educadores ven su labor diaria minimizada por una gran carga de labores, el docente no tiene espacio pedagógico para desarrollar ampliamente el trabajo que le corresponde, de ahí que se ubica al sistema educativo eun tiempo de crisis, por ejemplo, en las escuelas tienen que enseñar a los estudiantes protocolos contra los tiroteos, se desdibuja lo que enseñamos en las aulas, producto de la enorme violencia en los entornos”, advirtió Montero.
En este sentido, los firmantes acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del producto interno bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.
Otros temas que tocaría esta alianza estarán vinculados con el compromiso en materia ambiental, como el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.
Asimismo, establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.
José María Oviedo de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG) manifestó a UNIVERSIDAD que las principales demandas del sector agropecuario es que no se ejecute el decreto de trazabilidad del ganado; que no se apruebe en la Asamblea Legislativa el acuerdo Transpacífico, además de que le pongan atención a la importación de alimentos, porque existen los mecanismos, pero no hay voluntad política.
“Muchas familias del campo están a punto de que los desalojen de sus territorios porque han vivido en propiedades que durante años han sido del Estado, y es mucha gente de las zonas costeras y cerca de parques nacionales y no tienen adónde irse”, argumentó Oviedo.
También se integrará a las iniciativas que se impulsen mediante dicho pacto, acciones para la evaluación de la aplicación de la regla fiscal, de manera que se logre resguardar y aumentar la inversión social y reducir el gasto superfluo, dentro de un marco de responsabilidad fiscal.
Sobre este particular, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados indicó que los principales problemas fiscales vienen de una erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica, cuando en realidad la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, progresividad, equidad, eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.
Los jefes de fracción de las tres bancadas legislativas de oposición indicaron que firmar este pacto es un paso para involucrar a los movimientos sociales, honrando al electorado que pidió diálogo y unión durante las elecciones, a fin de buscar los puntos en común, pero sobre todo ante el deterioro económico y social que vive el país desde hace décadas.
Señalaron que dicho deterioro también amenaza las conquistas democráticas, algo que no se puede enfrentar desde diversos bandos aislados.
“La historia nos demuestra que, para enfrentar al fascismo, al autoritarismo y a quienes quieren destruir la democracia, la única forma es construyendo frentes unitarios lo más amplios posibles”, dijo José María Villalta del Frente Amplio.
La entrada Pacto entre bloque opositor, sindicatos y sector agro busca promover iniciativas por la salud, educación y otras prioridades aparece primero en Semanario Universidad.
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