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Moisés Cáceres
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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este martes 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de un proceso por la compra de 60 trolebuses eléctricos, ejecutada entre abril y mayo de 2025. El caso se origina tras un análisis de la Contraloría, que predeterminó indicios de responsabilidad penal y los remitió a la Fiscalía.
La diligencia se enmarca en una investigación que también recoge la denuncia presentada por el concejal Wilson Merino, quien señaló un supuesto caso de peculado.
Según esa acción, el proceso involucra a Muñoz, al secretario de Movilidad, Álex Pérez, al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq), Xavier Vásquez, y a otros funcionarios que intervinieron en la adquisición.
En el expediente se advirtió que los trolebuses no cumplirían con varias especificaciones técnicas en seguridad y diseño operativo, lo que podría representar un riesgo para los usuarios del sistema.
Frente a los cuestionamientos, el alcalde defendió el proceso de adquisición y sostuvo que cumplió con la normativa vigente. “Lo técnico y lo jurídico está absolutamente claro”, afirmó.
Muñoz señaló que la compra se ejecutó con base en la Constitución, un tratado internacional y la Ley de Contratación Pública.
ambién destacó el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que, según dijo, respalda la transparencia del proceso.
El alcalde indicó que la ciudad tardó 30 años en renovar la flota de trolebuses y aseguró que la compra se realizó a un precio menor, con base en dos estudios de mercado.
Durante una intervención pública, Muñoz afirmó que el sistema de transporte ya muestra resultados en operación. Según indicó, se registran más de 25 millones de viajes y se proyecta un ahorro superior a seis millones de dólares. El alcalde también sostuvo que las críticas responden a intereses políticos.
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Proceso en Fiscalía por compra de trolebuses en Quito
La diligencia se enmarca en una investigación que también recoge la denuncia presentada por el concejal Wilson Merino, quien señaló un supuesto caso de peculado.
Según esa acción, el proceso involucra a Muñoz, al secretario de Movilidad, Álex Pérez, al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq), Xavier Vásquez, y a otros funcionarios que intervinieron en la adquisición.
En el expediente se advirtió que los trolebuses no cumplirían con varias especificaciones técnicas en seguridad y diseño operativo, lo que podría representar un riesgo para los usuarios del sistema.
Defensa de Pabel Muñoz sobre la compra de trolebuses
Frente a los cuestionamientos, el alcalde defendió el proceso de adquisición y sostuvo que cumplió con la normativa vigente. “Lo técnico y lo jurídico está absolutamente claro”, afirmó.
Muñoz señaló que la compra se ejecutó con base en la Constitución, un tratado internacional y la Ley de Contratación Pública.
- Esta información le puede interesar: Empresa de Pasajeros de Quito defiende compra de trolebuses y rechaza informe de Contraloría
ambién destacó el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que, según dijo, respalda la transparencia del proceso.
El alcalde indicó que la ciudad tardó 30 años en renovar la flota de trolebuses y aseguró que la compra se realizó a un precio menor, con base en dos estudios de mercado.
Resultados operativos y postura del Municipio
Durante una intervención pública, Muñoz afirmó que el sistema de transporte ya muestra resultados en operación. Según indicó, se registran más de 25 millones de viajes y se proyecta un ahorro superior a seis millones de dólares. El alcalde también sostuvo que las críticas responden a intereses políticos.
- Información extra: Pabel Muñoz
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