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Daniela Muñoz Solano
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Diversas organizaciones de mujeres y feministas emitieron un pronunciamiento en defensa del derecho de acceso a la justicia, exigiendo respeto para el Poder Judicial y financiamiento apropiado tanto para esa instancia como para todas las instituciones encargadas de proteger la vida de las mujeres y combatir la violencia.
Un comunicado publicado el pasado martes 7 de julio, dos decenas de organizaciones -que agrupan a cientos o miles de mujeres- alzaron sus voces “en defensa del Poder Judicial, del servicio público de administración de justicia, de la División de Poderes y de las garantías para la independencia del Poder Judicial”.
Las activistas denunciaron que desde el Poder Ejecutivo se ha venido instrumentalizando al Poder Legislativo para juntos amenazar el servicio de acceso a la justicia que brinda el Poder Judicial, con recortes presupuestarios que, de aplicarse, implicarían un cierre técnico de algunas dependencias judiciales y por ende un debilitamiento de la administración de la justicia.
“Vivimos momentos críticos que amenazan nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a disentir, el derecho a una vida libre de violencia, y el derecho a la vida misma de las mujeres”, explicaron.
Además indicaron que en un contexto en el que hay una ola de violencia creciente y un incremento desmesurado en la cantidad de femicidios, país debería estar generando conciencia y realizar “avances técnicos sostenidos y de probada eficiencia”, pero más bien, está sucediendo “un debilitamiento de la institucionalidad que protege los derechos de las mujeres”.
En ese marco denunciaron “mal llamada reestructuración del Instituto Nacional de las Mujeres” que según dicen no se consultó a las mujeres y que desmantela el área de atención de la violencia, la cual en el contexto del desfinanciamiento del Poder Judicial, era la única alternativa.
En consecuencia, las organizaciones de mujeres demandaron el gobierno designar recursos suficientes para el funcionamiento operativo del Poder Judicial, incluyendo los que corresponden a procesos de formación para garantizar la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres; al tiempo que pidieron a la Corte Plena evitar a toda costa estos recortes y restricciones
También solicitaron al Ministerio Público fortalecer los servicios donde no haya fiscalías de género,
así como la policía especializada en género y a todas las instituciones del Estado, “garantizar la protección efectiva de las mujeres defensoras de derechos humanos, lideresas comunales, sindicalistas, mujeres indígenas, migrantes, refugiadas, indígenas, afrodescendientes, funcionarias públicas, periodistas, activistas y todas aquellas mujeres que, desde distintos espacios y territorios, denuncian la violencia, la corrupción, el abuso de poder y el debilitamiento de la institucionalidad democrática”.
Además, exigieron al gobierno cesar el uso de la comunicación institucional para desacreditar al Poder Judicial y a otras instituciones públicas por medio de mensajes que, de acuerdo con ellas, no tienen fundamento técnico o jurídico.
Finalmente, lanzaron un llamado a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas, sociedad civil, universidades, sindicatos, comunidades y ciudadanía en general, a mantenerse vigilantes y articuladas en defensa del Poder Judicial, del acceso a la justicia y de los derechos conquistados por las mujeres.
“No aceptamos retrocesos. No aceptamos silencios impuestos. No aceptamos que se debiliten las instituciones que, aunque imperfectas, siguen siendo indispensables para proteger la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres y por ende de toda la sociedad”, concluyen.
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