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Ignacio Ortiz Salas
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La oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios logró imponerse por primera vez en el periodo y rechazó una moción que pretendía suspender temporalmente la discusión del expediente 24.945 para recibir en audiencia a representantes del Ministerio de Hacienda antes de continuar con el trámite de las mociones de fondo.
La iniciativa en discusión corresponde a la aprobación de un contrato de financiamiento por hasta $200 millones suscrito entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a fortalecer la gestión del riesgo social mediante herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (Supres).
La moción de posposición obtuvo seis votos a favor y cinco en contra, pero fue rechazada al requerir una mayoría calificada de dos terceras partes. Posteriormente, una moción de revisión fue aprobada con la misma votación, aunque al repetirse la votación de fondo el resultado volvió a ser insuficiente para suspender el trámite.
El presidente de la comisión, el oficialista Nogui Acosta, lamentó el resultado y cuestionó la decisión de continuar con las mociones sin escuchar previamente a los comparecientes convocados.
“Tenemos proyectos que son importantes (…) la discusión que era valiosa aquí no la vamos a tener, porque no va a haber tiempo de tener a todos los comparecientes discutiendo en ese tema”, afirmó. Además, calificó la posición de sus compañeros como “bastante intransigente” y sostuvo que no contribuiría a mejorar la comprensión del proyecto.
El desencuentro abrió un debate sobre la forma en que se programó la audiencia y si existía un acuerdo previo para alterar el orden del día.
La liberacionista (PLN), Diana Murillo, aseguró que desconocía cualquier acuerdo para sustituir la discusión de las mociones por una comparecencia.
“Yo venía preparada para ver las mociones 137, el proyecto que está en el primer lugar de la agenda del orden del día”, manifestó. Más adelante añadió que tampoco conocía ningún acuerdo previo y que lamentaba que los invitados tuvieran que retirarse sin ser escuchados. “Sinceramente y lo digo acá, yo no lo conocía, no sé quiénes negociaron eso y yo me estoy enterando ahora”.
Murillo también reaccionó a las declaraciones de Acosta sobre los plazos de tramitación de los proyectos y aseguró que se sintió aludida por sus comentarios. “Yo me sentí amenazada. Como que nos están amenazando que por no haber aprobado esto, pues se nos va a limitar el tiempo a un sí y a un no”.
Por su parte, la frenteamplista (FA) María Eugenia Román sostuvo que cualquier modificación de la agenda debía tramitarse mediante los procedimientos formales de la comisión. “Si se quería alterar el orden del día, tenía que hacerse de acuerdo a los procedimientos y tenía que conversarse. Eso es, digamos, lo que nunca pasó”.
Román también cuestionó que se utilizara la planificación realizada entre asesorías como argumento para justificar la audiencia y recordó que las prioridades legislativas pueden variar conforme avanza el trámite parlamentario.
Desde la acera oficialista el diputado Gerald Bogantes defendió que existía una coordinación previa para recibir al viceministro de Hacienda. Según indicó, la programación semanal había sido comunicada con anticipación a través de los canales de trabajo de la comisión. También defendió que desde el oficialismo están “actuando de buena fe” y con base también en la información que los asesores les brindan, esto en referencia a la crítica frenteamplista de coordinar exclusivamente por un chat de WhatsApp de asesores.
Antonio Trejos (FA) coincidió en que una combinación entre sesiones de discusión legislativa y audiencias podía ser una salida razonable, pero señaló que los acuerdos debían adoptarse formalmente por los diputados. “Lo cierto es que no hubo acuerdo y aunque lo hubiera habido, un chat de WhatsApp de asesores lamentablemente y por dicha debo decirlo, no es un lugar para acuerdos democráticos”, expresó.
Tras resolver la controversia, la comisión aprobó una dispensa de lectura de las mociones presentadas al amparo del artículo 137 del Reglamento Legislativo y continuó con su conocimiento. Durante la sesión fueron rechazadas una tras otra las mociones sometidas a votación, hasta completar 117 iniciativas desechadas relacionadas con el expediente.
El proyecto autoriza un financiamiento de hasta $200 millones mediante un préstamo de política de desarrollo para la gestión del riesgo social, con una opción de desembolso diferido que podría activarse en caso de contingencias definidas en el contrato. Los recursos están vinculados a medidas orientadas a mejorar la focalización de programas sociales, la interoperabilidad de bases de datos y los mecanismos de pago de beneficios estatales.
La entrada Oposición logra en Comisión de Hacendarios que se tramiten mociones en préstamo para focalizar beneficios sociales aparece primero en Semanario Universidad.
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