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Adrián Z. Rivero
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Además de la lucha contra el crimen, los servicios que se brindan a las poblaciones más vulnerables serían los más afectados por los recortes presupuestarios que el Gobierno pidió hacer al Poder Judicial.
Así lo advirtieron varios magistrados y altos cargos judiciales este lunes, cuando se discutieron los recortes en la Corte Plena.
Según expuso la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, las reducciones que planteó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, fueron de 27.076 millones para 2026 y de 26.549 millones para 2027.
Los magistrados finalmente acordaron rebajar ₡13.242 millones en 2026 y rechazar cualquier disminución en 2027, advirtiendo que ya esta medida tendrá impacto en el combate a la criminalidad.
Sin embargo, las consecuencias podrían ser mayores si hay mayores ajustes, de acuerdo con lo que expusieron diferentes funcionarios en la sesión.
“Si se acogiera la propuesta de 2027 o si el Ministerio de Hacienda la practicara a manu militari (por la fuerza), implicaría un impacto directo en el cierre de despachos judiciales, en operativos policiales, en el funcionamiento general de la institución, en mantenimiento de edificios, cumplimiento de órdenes sanitarias y adopciones de planes contra la mora judicial”, señaló el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos.
Campos calificó la eventual situación como un “círculo perverso”, pues aseguró que incluso se afectarían objetivos que el propio Ejecutivo pidió priorizar, como la atención de fraudes tributarios.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda, señaló que “la falta de dinero está afectando en todos los sentidos la tramitación de una justicia pronta y cumplida” y lamentó que, mientras cada vez hay más denuncias y casos, se cuenta con menos recursos para personal que los tramite.
“Esta es una lucha sin fin, porque habíamos avanzado como Poder Judicial para llevar la justicia a lugares remotos y ahora ya no la tenemos”, dijo la magistrada.
En la misma línea, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, puso como ejemplo que la falta de médicos forenses genera una sobrecarga de trabajo para el personal actual, pero además deteriora la atención de víctimas de violencia sexual:
“En algunas comunidades tenemos que trasladar a la víctima horas, una persona que viene siendo víctima de un delito sexual, horas en un vehículo para llegar a medicatura, para ser valorada y regresarse en otra cantidad de horas importantes”, manifestó el jerarca.
Soto señaló que un recorte para el 2027 “sería bastante severo” y podría afectar desde la medicina legal hasta la adquisición de insumos como chalecos antibalas o pruebas de laboratorio: “Yo sí estaría bastante preocupado y tendríamos que priorizar los servicios”, agregó.
Además, la fiscal subrogante, Karen Valverde, manifestó que el recorte de recursos ya afectará a las poblaciones más vulnerables, como las víctimas de violencia de género y sexual, mientras que el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, apuntó que se afectaría el pago de alquileres de oficinas en zonas vulnerables.
También el magistrado Rafael Segura, de la Sala de Casación Penal, habló sobre la posibilidad de que se impacten servicios como las pensiones alimentarias o los relacionados con temas ambientales.
“Por cualquier lado que lo rebajemos, resulta y acontece que hay un servicio que dejamos de prestar. Y no es un servicio para el Poder Judicial, es un servicio para los ciudadanos”, añadió la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera.
En un comunicado de prensa, tras la aprobación del recorte para 2026 y el rechazo para 2027, el Poder Judicial señaló que, pese a las limitaciones, “continuará trabajando para combatir el crimen organizado, resolver los conflictos que llegan a los tribunales, defender los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia”.
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El ajuste es aproximadamente la mitad de lo que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pidió que se disminuyera el presupuesto judicial.
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