J
José Alejandro Sánchez
Guest
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público se refirieron al expediente como Caso Clarividente, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) denominaron Operación Leviatán al despliegue policial. Las instituciones emplearon nombres distintos dentro de un mismo operativo conjunto, que incluyó 65 allanamientos en seis provincias contra una estructura presuntamente dedicada a enviar cocaína desde la Terminal de Contenedores de Moín hacia Europa y Estados Unidos.
Las autoridades reportaron 52 personas detenidas al cierre de las diligencias de este martes 28 de julio. El objetivo inicial era capturar a 63 sospechosos vinculados con una organización que, según la Fiscalía, ofrecía servicios logísticos a otros grupos narcotraficantes para exportar droga mediante contenedores comerciales.
Entre los detenidos figuran nueve integrantes de la Policía de Fronteras y un expolicía de ese mismo cuerpo, señalados como sospechosos de facilitar las operaciones de la organización. También fueron arrestados 13 oficiales de seguridad privada, 12 conductores de cabezales y trabajadores vinculados con APM Terminals y cooperativas contratistas, incluidos operadores de grúas y personas que ocupaban jefaturas operativas.
La composición de las capturas muestra que la investigación no se concentra únicamente en quienes presuntamente dirigían la estructura, sino también en la cadena logística que habría permitido introducir cocaína en contenedores sin modificar su ruta comercial. La hipótesis de las autoridades es que el grupo reunía contactos dentro y fuera del puerto para identificar cargas, facilitar accesos y movilizar los contenedores antes de su salida del país.
Los nueve agentes investigados ingresaron a trabajar en el megapuerto después de que, en setiembre de 2023, el Gobierno retiró a la PCD de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos y trasladó parte de esas funciones a la Policía de Fronteras y al Servicio de Vigilancia Aérea. En ese momento, Seguridad Pública argumentó que la PCD se concentraría en labores de inteligencia y en operaciones dirigidas contra objetivos concretos.
La investigación deberá determinar el grado de participación individual de cada funcionario. Por ahora, las personas detenidas mantienen la condición de sospechosas y deberán ser puestas a las órdenes del Ministerio Público para que se defina la solicitud de medidas cautelares.
La Fiscalía atribuye el liderazgo de la organización a tres personas de apellidos Méndez León, Casanova Duartes y Camacho Jara. Casanova no fue localizado durante los allanamientos y continuaba en fuga. También permanecía sin ubicar una mujer de apellidos Bell Ramírez. Ella es esposa de Casanova y es investigada por presunto lavado de dinero.
Bell es hija de Gilberth Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, requerido en extradición por Estados Unidos por una acusación relacionada con tráfico internacional de cocaína. El OIJ y la Fiscalía también lo investigan por presunto robo de combustible.
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, calificó el despliegue como uno de los mayores operativos realizados por la PCD. La acción reunió a esa policía, el OIJ, la Fuerza Pública y el Ministerio Público. El director de la PCD, Stephen Madden, también la describió como la operación más importante desarrollada en el país contra el tráfico internacional de drogas.
Decomisos reconstruyen las rutas utilizadas
La investigación vincula a la estructura con 16 decomisos de cocaína efectuados entre marzo de 2023 y octubre de 2025. Según la información divulgada por La Nación, los cargamentos sumaron 13,8 toneladas con destino a Europa y otros 670 kilogramos dirigidos a Estados Unidos.
Los registros permitieron identificar envíos hacia Inglaterra, Bélgica, Noruega, Países Bajos, España y territorio estadounidense. En total, las autoridades atribuyen al grupo el traslado de aproximadamente 14 toneladas de cocaína mediante la infraestructura portuaria de Moín.
La organización habría utilizado el método conocido como contaminación de contenedores: la droga era introducida en cargamentos legítimos que ya tenían asignada una ruta internacional. Para ofrecer esta logística, el grupo presuntamente cobraba cerca de $250.000 por envío, independientemente de que la carga fuera de un kilogramo o de una tonelada, según explicó el fiscal general, Carlo Díaz.
La operación dependía, de acuerdo con la investigación, del conocimiento interno sobre los movimientos del puerto y de la participación de trabajadores con funciones distintas. Conductores, guardas privados, operadores de grúa, personal de empresas contratistas y policías habrían cumplido tareas específicas para que la cocaína ingresara a la terminal y fuera colocada en los contenedores seleccionados.
Las diligencias se concentraron principalmente en comunidades de Limón, como Limoncito y Los Cocos, aunque también alcanzaron otros puntos del país. Al cierre del operativo, las autoridades continuaban buscando a 11 de los 63 objetivos, entre ellos personas señaladas como líderes de la organización.
La entrada Operativo conjunto detiene a 52 personas por presunta red que enviaba cocaína desde Moín aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...