J
Juan Manuel Díaz
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José Miguel Jurado, quien se encontraba requerido por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta vinculación con el esquema de corrupción detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de la operación Pandora, se entregó este 16 de julio en la sede del Ministerio Público (MP).
Fuentes ligadas a la investigación explicaron que Jurado, quien es abogado, acudió voluntariamente al MP tras conocer que estaba siendo requerido por la Fiscalía por su presunta relación con esa investigación, donde fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para su filiación y cumplir con las formalidades para su presentación en las próximas horas ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio para la formulación de imputación.
El pasado 11 de julio, a solicitud de la Fiscalía, un juez de garantías imputó cargos a 16 personas y ordenó la detención de 13 por los delitos de blanqueo de capitales, peculado y falsedad.
La investigación adelantada por el Ministerio Público reveló que la red criminal dentro de la DGI desviaba a terceros asignaciones de créditos fiscales no reclamados.
Las pesquisas realizadas por las autoridades indican que la presunta red habría manipulado registros tributarios en el sistema e-Tax de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos y movilizar hasta $40 millones mediante operaciones en las que estarían involucrados funcionarios, abogados y empresas privadas.
Ayer se conoció que la pareja del abogado Jerkovic Joiner, uno de los imputados y detenidos por este caso, quien se desempeñaba como jueza en el Órgano Judicial, fue cesada de su cargo.
Jerkovic, miembro de la firma de abogados A Priori, es señalado dentro de la investigación como una persona que recibió fondos derivados de las transacciones realizadas por funcionarios de la DGI.
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Fuentes ligadas a la investigación explicaron que Jurado, quien es abogado, acudió voluntariamente al MP tras conocer que estaba siendo requerido por la Fiscalía por su presunta relación con esa investigación, donde fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para su filiación y cumplir con las formalidades para su presentación en las próximas horas ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio para la formulación de imputación.
El pasado 11 de julio, a solicitud de la Fiscalía, un juez de garantías imputó cargos a 16 personas y ordenó la detención de 13 por los delitos de blanqueo de capitales, peculado y falsedad.
La investigación adelantada por el Ministerio Público reveló que la red criminal dentro de la DGI desviaba a terceros asignaciones de créditos fiscales no reclamados.
Las pesquisas realizadas por las autoridades indican que la presunta red habría manipulado registros tributarios en el sistema e-Tax de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos y movilizar hasta $40 millones mediante operaciones en las que estarían involucrados funcionarios, abogados y empresas privadas.
Ayer se conoció que la pareja del abogado Jerkovic Joiner, uno de los imputados y detenidos por este caso, quien se desempeñaba como jueza en el Órgano Judicial, fue cesada de su cargo.
Jerkovic, miembro de la firma de abogados A Priori, es señalado dentro de la investigación como una persona que recibió fondos derivados de las transacciones realizadas por funcionarios de la DGI.
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