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José Alejandro Sánchez
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra 2.050 casos relacionados con préstamos “gota a gota” durante 2026, una modalidad de financiamiento informal que ofrece dinero con pocos requisitos, pero que puede derivar en extorsiones, amenazas y otros hechos violentos cuando las personas incumplen los pagos acordados.
En 2025, la cifra nacional fue de aproximadamente 2.930 casos, según informó José Eduardo Rojas Valerio, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ, durante una conferencia de prensa dedicada a explicar el funcionamiento de esta modalidad. Las cifras incluyen principalmente casos de extorsión simple vinculados al cobro de estos préstamos, además de amenazas y coacciones relacionadas con la misma dinámica.
Rojas explicó que los préstamos gota a gota suelen promocionarse mediante redes sociales, anuncios colocados en espacios públicos o referencias de otros clientes. Generalmente requieren poco más que una cédula de identidad y pueden otorgarse desde ₡50.000 hasta sumas millonarias.
El problema, según el investigador, aparece especialmente cuando la persona deja de cumplir con las condiciones de pago.
“Prestar dinero en Costa Rica no es un tipo penal”, explicó Rojas. Sin embargo, señaló que cuando el cobro incorpora intimidación, amenazas graves o violencia puede configurarse el delito de extorsión simple establecido en el artículo 214 bis del Código Penal.
Intereses de hasta un 100% y cobros diarios
Al operar fuera del sistema financiero formal, estos prestamistas no están sometidos a los mismos controles y supervisión que las entidades financieras reguladas.
El OIJ ha identificado casos con intereses que van desde el 20% hasta el 100%, acompañados de esquemas de pago diarios, semanales, quincenales o mensuales. Una persona, por ejemplo, puede verse obligada a entregar ₡5.000, ₡10.000 o ₡15.000 diarios, además de las condiciones pactadas para cancelar el capital.
La informalidad también permite que las condiciones cambien arbitrariamente. Rojas señaló que existen investigaciones en las que una deuda inicialmente de ₡200.000 termina convertida en ₡400.000 y posteriormente en ₡1 millón, mientras algunas víctimas han terminado desembolsando cantidades millonarias.
OIJ identifica estructuras con diferentes niveles
Las investigaciones también han permitido identificar organizaciones con una división interna de funciones. Según Rojas, pueden existir personas que aportan el capital, otras encargadas de colocar el dinero y, en el nivel más visible, cobradores que en algunos casos poseen antecedentes o perfiles asociados con actividades violentas.
El investigador aseguró además que existen estructuras criminales que utilizan los préstamos para poner dinero en circulación y legitimar capitales, aunque indicó que numerosos expedientes permanecen bajo investigación.
Estas organizaciones también recurren a la información disponible en redes sociales. Una vez establecido el contacto con una persona, pueden recopilar fotografías, información sobre familiares, lugares de trabajo, residencia o sitios frecuentados.
Cuando el deudor deja de responder, los cobradores pueden trasladar las amenazas hacia familiares. El OIJ ha documentado casos en los que contactan a madres u otros allegados para exigirles que asuman las deudas.
San José encabeza los reportes
San José es la provincia con mayor incidencia: registró 568 casos en 2025 y 334 durante 2026. Le siguen Cartago, con 211 y 130, respectivamente; Heredia, con 84 casos el año pasado y 87 en lo que va de este año; y Alajuela, con 104 durante 2025 y 72 durante 2026. El OIJ indicó que las víctimas incluyen tanto costarricenses como personas de nacionalidad nicaragüense, venezolana y colombiana.
Ante amenazas o hechos violentos, la institución recomienda denunciar y aportar la mayor cantidad posible de evidencia, como fotografías, placas de vehículos, características físicas de los cobradores, tatuajes, vestimenta o información sobre motocicletas y automóviles utilizados. Rojas insistió en que no existe un monto mínimo para interponer una denuncia y que un caso relacionado con un préstamo inferior a ₡500.000 debe ser atendido de igual manera.
El OIJ aseguró que ya se han realizado detenciones e incluso existen personas condenadas por hechos vinculados con esta modalidad. La institución desaconseja recurrir a estos créditos debido al riesgo de amenazas y violencia y recordó que mantiene atención las 24 horas para recibir denuncias.
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