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Mario Bermúdez Vives
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En una Asamblea Legislativa polarizada, el oficialismo y la oposición están promediando prácticamente un choque por semana, casi el mismo ritmo que está registrando la aprobación de proyectos de ley en primer debate.
Excluyendo la primer semana de los nuevos diputados, que se dedicaron a comentar el último informe presidencial de Rodrigo Chaves al Congreso, la nueva integración legislativa ha sesionado durante ocho semanas, en las cuales ha registrado siete importantes enfrentamientos entre la bancada oficialista de Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las fracciones de oposición.
En ese período, la resolución de la presidenta legislativa Yara Jiménez se archivar los informes de la comisión legislativa que investigó las denuncias de acoso sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado fue el primer polvorín. Jiménez y el PPSO primero alegaron que la resolución se basaría en criterios del departamento jurídico, pero cuando este aconsejó votar los informes, decidieron descartarlos para acoger los criterios de Servicios Técnicos.
Posteriormente, la integración de las comisiones legislativas provocó otro enfrentamiento entre Jiménez y fracciones de oposición, al rechazar las solicitudes de varios diputados y las posteriores apelaciones, que incluso motivaron recursos ante la Sala Constitucional.
También se presentaron fuertes reclamos con el trámite del proyecto 23.414 de Armonización del Sistema Eléctrico, que se votó en primer debate el 26 de mayo, pero al que el Partido Liberación Nacional (PLN) anunció un día antes que no lo respaldaría, por lo que no tendría los 38 votos requeridos para segundo debate. Esto motivo acusaciones del PPSO al PLN, de no apoyar un proyecto que había presentado, lo que a su vez generó la réplica del PLN, recordando que el texto fue presentado por el Poder Ejecutivo durante la administración de Rodrigo Chaves.
El conflicto alcanzó el expediente 24.717 para autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas, en el cual el oficialismo ignoró la petición de la oposición de postergar el vencimiento del plazo de segundo día para presentar mociones, para buscar un consenso, el 19 de mayo. La respuesta de la oposición estancó el trámite de la iniciativa, al anegarla en más de 650 mociones. Y aunque el oficialismo ahora clama por un acuerdo para el retiro de estas mociones, la oposición solo ha retirado tres decenas e insiste en un acuerdo más general que limitarse al proyecto.
Pero el mayor de los pulsos se presentó en materia de la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, que el PPSO bloquea desde el 27 de mayo, al votar en blanco en todas las papeletas y evitar que alguno de los 18 candidatos remitidos por la Corte logre los 38 votos requeridos para ser elegido. La oposición exige que al menos se eligan tres o cuatro de los nueve magistrados suplentes pendientes, mientras el PPSO se atrinchera en exigir una nueva lista, algo que la Corte Suprema ya rechazó.
A estos encontronazos hay que agregar el choque por la incorporación de mociones al presupuesto extraordinario, con el que oficialismo y oposición difieren sobre el Reglamento Legislativo y la materia de control presupuestario, y la polémica por el archivo del expediente 23.216 para permitir la publicidad del alcohol en deportes, que motivó a la Presidencia Legislativa a ordenar una investigación sobre un supuesto “error administrativo” que habría impedido que el expediente, que recibió primer debate el 8 de julio, fuera archivado, lo que a su vez inició una refriega en el Plenario sobre las condiciones para archivar un proyecto de ley.
En suma, el promedio de choques directos entre el oficialismo y la oposición ha sido de casi un pulso fuerte por semana, lo que está abonando el terreno de la desconfianza, y afecta el desempeño de las aprobaciones.
Precisamente en estas ocho semanas (no se cuenta la actual semana, por estar el Congreso de vacaciones), los proyectos de ley aprobados en primer debate son 15, es decir, poco menos de dos por semana. Y entre ellos, dos tienen futuro incierto: los casos mencionados de la ley de Armonización y de la ley para impulsar la propaganda del alcohol en actividades deportivas.
De los trece restantes, se debe mencionar el proyecto 24.259, reforma a la ley de JAPDEVA para potenciar el desarrollo de las alianzas estratégicas, que en principio permitiría el desarrollo de una marina en Limón, y que requirió de una negociación para superar los nubarrones de las inconstitucionalidades de la Ley Jaguar (el proyecto estaba dentro de los que se incluyeron en esta ley, que la Sala Constitucional anuló en la administración pasada). Además, el proyecto 24.079 para promover la transición energética, que pemitiría a RECOPE ampliar su rango a productos de hidrocarburos que no sean derivados del petróleo, y el 24.009, la ley marco de las Asociaciones Público Privadas.
El resto incluye cuatro acuerdos internacionales, una definición de límites provinciales y la prórroga a los permisos del Depósito de Golfito, lo que sugiere que la agenda legislativa está lejos de estar carburando todavía, y máxime para un período de sesiones extraordinarias, en el que el Gobierno tiene el control de la convocatoria de los proyectos de ley, y una mayoría que le permite la aprobación de los textos que no requieren mayoría calificada.
Lo que pareciera apuntar a que el Poder Ejecutivo deberá mejorar su negociación, si desea trascender en el ámbito legislativo o buscar que algunas de sus prioridades se concreten. De hecho, los resultados con Crucitas, Armonización del Sistema Eléctrico y el proyecto de Jornadas Laborales de doce horas, que debería volver al Plenario con las sesiones ordinarias, son ejemplo de aprobaciones que requerirán, de alguna manera u otra, acuerdos con al menos 38 votos.
En esa dirección, cuando se recurrió a un buen ambiente con la oposición, se lograron votaciones unánimes. Sirva de ejemplo, en los segundos debates, las aprobaciones de los tres proyectos de créditos internacionales que la presidenta Laura Fernández solicitó al anterior Congreso (tren eléctrico, desarrollo territorial resiliente al clima y agricultura sostenible), por montos superiores a los $1.200 millones.
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