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Vinicio Chacón Soto
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Se suponía que la convocatoria era para que Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, se refiriera a los procesos de nombramiento y reelección de magistraturas propietarias y suplentes, así como recavar información sobre requisitos constitucionales y legales aplicables a ese proceso.
Pero en realidad se trató de una oportunidad que se generó el chavismo oficialista para fustigar a Aguirre con todo tipo de cuestionamientos, más allá del carácter más técnico de la motivación de la convocatoria para la sesión de la Comisión de Nombramientos de esta mañana.
Esto en el marco de que el empecinamiento chavista en bloquear la elección de magistraturas suplentes ha llevado ya a la parálisis de 123 expedientes expedientes en la Sala Constitucional.
Aguirre en su intervención inicial recordó lo establecido al respecto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial y añadió que un acuerdo de Corte Plena estableció un procedimiento para la elaboración de las listas de aspirantes de las distintas salas pasen a la Asamblea Legislativa su nómina.
Aseguró que “este procedimiento busca que las designaciones se hagan de forma objetiva, transparente y algo muy importante, que el procedimiento asegure un examen de los aspirantes no solo desde el punto de vista de su formación y experiencia profesional, sino también sus vínculos en la vida privada, que no vayan a estar relacionados con el narcotráfico y en general con el crimen organizado”
Dijo que el mecanismo se ciñe estrictamente con lo que dice la Constitución Política y “tiene el objetivo de ajustar la actuación nuestra a los estándares del sistema interamericano”
Luego de la exposición inicial, el primero en tomar la palabra fue el oficialista, Antonio Barzuna, quien reclamó por el caso de Aldesa y dijo “cuando hemos buscado el sistema judicial que usted preside no hemos recibido resultados satisfactorios” y que “ustedes son un desastre con la moratoria, son un fiasco, una vergüenza”.
Subrayó que pasaron “nueve años para que hagan una audiencia preliminar en el caso de Aldesa” y que en el de Coopeservidores incluso hubo suicidios.
Aguirre evitó referirse a ningún caso particular, pero indicó que “como usted lo sabe bien, son procesos de altísima complejidad, porque tienen que ver con la intervención no sólo de los jueces, sino también en los casos en que hay, están involucrada organizaciones económicas que participan en intermediación de capitales, intervienen también otras autoridades del Estado”.
Luego siguió la también la oficialista y presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. Preguntó si una vez que se envía la nómina de personas aspirantes a la Asamblea Legislativa “¿los diputados estamos obligados a elegir de esa nómina?”
Aguirre respondió que así lo dispone la Constitución que le da a Corte participación en el proceso al asignarle la conformación de la nómina. “El procedimiento es bien claro, en el sentido de cómo están establecidas las competencias”, tanto para la Corte como para las diputaciones.
Jiménez entonces continuó en su afán de legitimar el entrabamiento del oficialismo a la elección de magistraturas suplentes a la Sala Constitucional y preguntó si “¿no le parece que si la mayoría de los diputados no estamos de acuerdo con una nómina que ustedes envían, tenemos que votarla infinitamente, aún sabiendo que la mayoría de diputados tenemos una postura clara?”.
Aguirre entonces debió dar una lección elemental de derecho, al subrayar que “las competencias están claramente establecidas y el ejercicio de las competencias es responsabilidad de cada uno de los Poderes. Si la Asamblea ha emitido una resolución para devolverlas dando alguna razón, la Corte ha conocido esas resoluciones y la Corte es la que se ha pronunciado no admitiendo las objeciones. Creo que es un problema de cumplimiento de competencias que están establecidas en la Constitución”.
Jiménez insistió con la ida de que lo que la Constitución da es una “potestad discrecional de poder decidir si nos parece o no esa nómina”.
El diputado Ariel Mora, alias “el Profe”, también oficialista y quien no es integrante de la Comisión, desvió aún más la discusión hacia temas políticos, preguntó por el “protagonismo” de la magistrada Patricia Solano en la conferencia de prensa en Casa Presidencial. Además, preguntó por qué no se ha enviado una nómina para el total de 24 magistraturas suplentes que se debe seleccionar para la Corte. Aguirre trató de explicar por enésima vez que se ha abierto un nuevo procedimiento para concretar esa cifra y que está en proceso de revisión de atestados y demás.
Alias «Profe» cedió lo que quedaba de su tiempo a Barzuna, quien básicamente reiteró lo alegado por su compañero de bancada. Poco después la diputada liberacionista Janice Sandí Morales hizo ver a la presidenta de la Comisión Marta Esquivel, que cuando se cede el tiempo entre diputados, el favorecido debe esperar a que sea su turno, y no hablar inmediatamente como lo había hecho Barzuna,.
Esquivel con altanería replicó que “cuando ustedes tengan la Presidencia, pueden ordenar el uso de la palabra, mientras tanto la ordeno yo”.
La liberacionista Sandí insistió en que la convocatoria tenía que ver con el proceso de elección de nómina de magistrados e inquirió si el procedimiento es el mismo para suplentes que para titulares. Aguirre indicó que para propietarios el procedimiento de selección es competencia de la Asamblea Legislativa, “tiene sus propias reglas, nosotros las respetamos”.
Un aspecto señalado por la diputada es que de acuerdo con el Estado de la Justicia, entre 1990 y 2020, se crearon 1.034 nuevas funciones al Poder Judicial, y preguntó si el presupuesto es suficiente para que no haya mora judicial.
El Magistrado recalcó que el presupuesto no se ha incrementado al mismo ritmo que las nuevas responsabilidades, de hecho “es totalmente insuficiente, tenemos un faltante de 200 jueces, porque no pudimos seguir creando plazas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Otra oficialista que acudió sin ser integrante de la comisión fue Nayuribe Guadamuz, quien al hacer su pregunta espetó: “le solicito muy respetuosamente que me responda conciso, concreto, no me ande por las ramas, váyase directo a la raíz”. Preguntó si existen mecanismos de verificación patrimonial para magistrados, y Aguirre le dijo que no, únicamente las declaraciones que cada año deben presentar ante la Contraloría General de la República (CGR).
Posteriormente el liberacionista Salvador Villanueva hizo un llamado a que se lleve a cabo la elección pendiente de las magistraturas de Sala IV y ante una pregunta suya, Aguirre reconoció que el país está en riesgo de demandas internacionales por el entrabamiento de la Sala Constitucional.
Hacia el final de la sesión intervino la diputada presidenta de esta Comisión, la exmagistrada suplente de Sala IV, Marta Esquivel, intervino y apuntó que en 2012 se aprobó un reglamento para la selección de magistraturas suplentes y señaló que “en el 2013, curiosamente justo antes de la elección de magistrados para la Sala Constitucional, la propia Sala Constitucional anuló el reglamento en su totalidad, alegando que conforme al artículo 159 constitucional no se podían generar ni evaluar atestados con puntajes” u otro tipo de elementos.
Dijo que se requiere una ley, o una reforma constitucional, “para regular los nombramientos de los magistrados suplentes, ahorita el elemento único que es una entrevista es total y absolutamente subjetivo”.
Esquivel agregó que los requerimientos que establece la Constitución están “desfasados” y Aguirre coincidió en que la Constitución es “bastante vieja” , pero dijo que cualquier reforma legal o constitucional “es cuestión de decisión política”.
Al cierre de la sesión, Esquivel adelantó que se volverá a convocar a Aguirre.
La entrada Oficialismo se valió de comparecencia en Comisión Legislativa para asediar a Presidente de Corte aparece primero en Semanario Universidad.
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