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Vinicio Chacón Soto
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La mayoría del oficialismo oficialismo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del congreso bloqueó con su voto una moción para convocar en audiencia a Rodrigo Chaves, como expresidente, así como al exministro de Seguridad Mario Zamnora Cordero y al exviceministro Manuel Jiménez Steller.
Se trató de una propuesta del diputado liberacionista Marco Badilla Chavarría, que tenía la intención de que se refrieran al impacto en la seguridad del país de los cambios que la administración Chaves realizó con la Policía de Control de Drogas (PCD), la Policía de Fronteras, y al Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Sin embargo, una segunda moción para convocar únicamente a Zamora Cordero y Jiménez Steller se aprobó por unanimidad.
Se recordará que el gobierno de Rodrigo Chaves ordenó cambios en la ubicación de puestos de control de esos cuerpos policiales. Los más notorios tuvieron que ver con sacar a la PCD de puestos fronterizos, puertos y aeropuertos (una decisión que el gobierno de Laura Fernández ya comenzó a revertir), y con sacar al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) del SNG de bahía Drake y de Sixaola.
Pero sin Chaves
La sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este 30 de julio transcurrió con calma y aburrimiento en su mayor parte. En cuanto a los proyectos de ley en agenda, se aprobó en todos los casos dispensa de lectura de mociones que tenían que ver con eliminar iniciativas de consulta para algunos proyectos de ley y aprobarlas para otros.
Entre la agenda que maneja la Comisión en estos momentos se puede mencionar el polémico expediente expediente 25.614 “Ley Gerson Rosales de Protección Integral a la Víctima y al servidor policial”, el 25.615, “Ley para combatir las asociaciones criminales”, o el expediente 25.617 “Ley de cero ocio en las cárceles”, propuestas del actual Poder Ejecutivo.
Poco después se aprobó por unanimidad una moción del liberacionista Eder Hernández Ulloa y otros, para convocar al director interino del OIJ Michael Soto Rojas, “para que se refiera a la cirsis de seguridad y acciones del OIJ para contenerla”.
Fue entonces cuando se llegó a la propuesta de Badilla Chavarría, quien pidió la palabra para exponer entre otras cosas que Chaves, Zamora Cordero y Jiménez Steller fueron quienes “dieron las órdenes e incluso algunas de esas situaciones se dan”, como ejemplo mencionó que en bahía Drake “todavía tenemos ausencia de la Policía Guardacostas” y es una de las áreas “más vulnerables” en la incidencia del narcotráfico.
Añadió que “recientemente tenemos también datos del Poder Judicial que dicen que en los últimos dos años ha habido una exportación de 14,5 toneladas de droga desde APM Terminals” y que Costa Rica es “el punto de reexportación de droga número uno para Estados Unidos y para Europa”. Por todo ello “es importante traer estas personas y preguntémosle qué sucedió, que nos den una una explicación razonable de lo que sucedió en ese momento”.
De seguido intervino Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda de Chaves y actual jefe de la bancada oficialista, para ofrecer el contradictorio alegato de que “se le está arrogando al expresidente Rodrigo Chaves una potestad que no necesariamente tenía en relación con las decisiones que se toman sobre seguridad”.
Añadió que “sin embargo, creemos que hay dudas que podría contestar don Mario Zamora y el señor Manuel Jiménez Steller”, por lo que dijo que la posición del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) era de rechazar la convocatoria a los tres individuos, pero que “estaríamos dispuestos a aprobar”, una convocatoria a Zamora y Jiménez.
Siguió entonces José María Villalta Flores-Estrada, jefe de la fracción del Frente Amplio, quien recordó la exigencia que se hizo desde el Poder Ejecutivo para que esta Comisión convoque a la jerarquía del Poder Judicial.
“Se ha planteado traer a figuras del Poder Judicial, del OIJ, del Ministerio Público por la realización de operativos que incluso son exitosos, y creo que obviamente también tenemos que exigir cuentas a los jerarcas que estaban al mando del Poder Ejecutivo, que es un órgano jerárquico por excelencia, y cuando se tomaron decisiones que son claramente cuestionables”.
Mencionó el ejemplo ya citado de los cambios en la PCD, “donde después se comprobó que la droga circuló a sus anchas con la connivencia y complicidad de funcionarios. Entonces creo que es claro que que son temas que hay que investigar”.
También pidió la palabra la socialcristiana Abril Gordienko López, quien aseguró que “claramente las decisiones que tomaron los exministros de Seguridad citados fueron tomadas por instrucciones del entonces presidente de la República y tenemos, pareciera, indicios muy claros de que varias de esas decisiones han contribuido a que el crimen organizado se expandiera”.
Las cinco diputaciones oficialistas que integran esta Comisión votaron en contra de la moción, con lo cual se rechazó. Posteriormente Badilla Chavarría presentó un texto similar, pero excluyendo al protegido Rodrigo Chaves.
De nuevo intervino Acosta Jaén, para apuntar que “los acontecimientos de los últimos días han dado mucho qué pensar. No solamente desde el punto de vista de las decisiones que se toman a nivel del Ministerio de Seguridad Pública, sino también a nivel del Poder Judicial. Acciones que en algunos momentos uno considera que pudiesen no haber sido mejor ejecutadas y que esas dudas deberían ser de una u otra manera discutidas aquí”.
Esos “acontecimientos” son sendos operativos del OIJ de los cuales lo más notorio ha sido la célebre captura, tras un verdadero enfrentamiento armado, de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, respecto a lo cual la presidenta Laura Fernández Delgado y el mismo Rodrigo Chaves han intentado posicionar alguna que otra intriga sobre el accionar del OIJ.
De manera que Acosta Jaén anunció que apoyarían esta segunda moción, que terminó entonces siendo aprobada por unanimidad.
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