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Vinicio Chacón Soto
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La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa tomó la rocambolesca decisión de exigir a para el puesto de Magistratura de la Corte Suprema de Justicia el requisito de demostrar experiencia en el manejo de un presupuesto de al menos ₡100 millones.
Esto en el marco del proceso de decidir sobre la posible la reelección de la magistrada Julia Varela Araya como titular de la Sala II.
Además, estableció la disposición de prohibir “a todas las personas postulantes”, hacer cabildeo o campaña a su favor, lo cual se castigará básicamente con su exclusión del proceso.
Fue en la sesión del 5 de agosto de esa Comisión, de previo a la comparecencia del magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, que la moción que estableció esas medidas fue dispensada de lectura y posteriormente aprobada.
Cuando se discutía la dispensa de lectura, la diputada liberacionista Janice Sandí Morales anunció que votaría en contra, pues según explicó el día anterior se había dado una “reunión previa entre asesores y hoy en la mañana se volvió a cambiar la redacción de la moción, con lo cual creo que por la transparencia que debe de reinar en todas las acciones que esta Comisión realice, la moción debe leerse en su integralidad”.
Sin embargo, el suyo fue un solitario voto en contra, incluso el único otro diputado opositor presente en ese momento, el frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos, apoyó la dispensa de lectura.
Un pacto resuena en el fondo
Sandí Morales pidió la palabra para llamar la atención al punto específico de la moción y procedió a leerlo. La medida que cuestionó estableció como requisito para la magistrada Varela: “Acreditar que cuenta con al menos diez años de experiencia en la administración o manejo de presupuestos públicos o privados por un monto igual o superior a ₡100.000.000. A tales efectos, deberá aportar la documentación idónea que demuestre su participación en la formulación, administración, aprobación, ejecución, control o supervisión de presupuestos por dicho monto, indicando el cargo desempeñado y las funciones ejercidas”.
Al respecto, la diputada procedió a citar el artículo 159 de la Constitución Política, el cual establece los requisitos para ser Magistrado: costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva; ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar, mayor de 35 años y contar con título de abogado con experiencia de diez años.
“Por tanto, ser administrador de presupuestos públicos no es un requisito. Igualmente quiero recordarle a esta Presidencia y a esta Comisión, que quien está a cargo de dirigir el manejo presupuestario de la Corte Suprema de Justicia es la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, a quien sí se le exige tener experiencia en administración o ser licenciado en administración , además de ser abogado”. Por ello dijo que “este requisito es excesivo”.
También hizo un señalamiento respecto de una disposición establecida hacia el final del texto de la moción. Nótese que el título del expediente legislativo de este proceso es “Reelección o no de la señora Julia Zoraida Varela Araya como Magistrada Propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia”.
El segundo texto señalado por Sandí Morales dice lo siguiente: “se solicita a todas las personas postulantes que se abstengan de incurrir en actividades de cabildeo o promoción de candidaturas, ya sea de forma personal, a través de terceras personas o incluso utilizando medios electrónicos o virtuales para tales fines. En caso de que se llegue a acreditar este tipo de conductas, la persona postulante no será recibida en audiencia ni sus atestados serán sometidos a escrutinio”.
La diputada aseguró que “esto es totalmente inconstitucional, fue discutido ayer por las asesorías, fue eliminado del texto y fue agregado hoy a las 8 a.m. No es posible que negociemos situaciones tan graves, tan críticas como este documento, que además es público, con semejantes gazapos jurídicos”.
Reiteró que los “sesgos de inconstitucionalidad” que tiene la moción “anularían el proceso completo”.
Al final la moción se aprobó con el voto automático de las cuatro diputaciones oficialistas y los tres votos en contra de Sandí Morales, del también liberacionista Salvador Padilla Villanueva y de Trejos Mazariegos.
Un elemento importante a tener en cuenta es que, a mediados de enero, el país se percató del pacto al que llegó la entonces candidata presidencial Laura Fernández Delgado con la organización evangélica Foro Mi País. Entre otras cosas, la actual Presidenta se comprometió a dar espacio a esa organización a “salas” del Poder Judicial.
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