Oficialismo «debilita» intervención en telecomunicaciones al aprobar moción de José Miguel Villalobos

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Vinicio Chacón Soto

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Esta mañana la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dio trámite a varias mociones presentadas al proyecto de ley 24.170, que reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, “para establecer la obligación de dar acceso a las autoridades judiciales a registros de información” y aprobó una modificación que puede eliminar la potestad de la Fiscalía de apoyarse en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para intervenir comunicaciones.

Se trata de una iniciativa que según explicó el frenteamplista José María Villalta Flores -Estrada “refuerza la competencia, la posibilidad de que las autoridades judiciales, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sobre todo el Ministerio Público en su dirección funcional de las investigaciones penales, puedan tener acceso a los registros de información que tienen las compañías de telecomunicaciones cuando se ha hecho un proceso de intervención de las comunicaciones en el marco de investigaciones penales por delitos muy graves”.

De varias mociones tramitadas bajo el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cinco fueron rechazadas y la única aprobada provino, precisamente, del oficialismo. Nótese que en esta Comisión el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene una mayoría de cinco de las nueve diputaciones integrantes.

La única de las mociones que se aprobó fue una presentada por el diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña. Cuando se discutió, el mismo Villalta Flores-Estrada explicó que actualmente el Ministerio Público es la instancia que ejerce la dirección funcional de intervención de las comunicaciones, “pero como no hay suficientes fiscales para estar ahí sentados todo el día practicando las intervenciones telefónicas”, delega la tarea en el OIJ.

Sin embargo, según detalló el frenteamplista, la moción de Villalobos Umaña elimina la posibilidad del que el Ministerio Público delegue en el OIJ ese delicado trabajo, “lo que significaría un bloqueo de esta actividad, porque el Ministerio Público por sí solo no tiene capacidad de gestionar todo esto sin el apoyo de la Policía. Entonces, quiero alertar que esta moción debilita más bien la capacidad de investigación de estos casos”.

Villalobos se ausentó el lunes 27 de julio de la Asamblea Legislativa para representar a un hombre de apellido Sánchez González, alias Pana, a quien le dictaron seis meses más de prisión preventiva en un caso por presunto narcotráfico.

Pero su alerta de Villalta no valió de nada, pues las cinco diputaciones del PPSO mantuvieron una línea partidista en todos sus votos: las restantes mociones, todas planteadas por la oposición, fueron rechazadas.

Por ejemplo, la también frenteamplista Sigrid Segura Artavia se refirió a una disposición en la reforma planteada sobre el acceso a metadatos, es decir, “quién se comunicó, cuándo, desde dónde, con qué IP, que es la dirección” y no el contenido mismo de la comunicación.

Según explicó esa diputada, el nuevo texto permitiría al Ministerio Público delegar la tramitación de estas solicitudes en “cuerpos de policía de investigación”. La moción presentada en este caso entre otras cosas buscó limitar esa potestad a “cuerpos de policía judiciales específicamente”.

Subrayó al respecto que “no todos los cuerpos policiales en Costa Rica tienen el mismo estatuto procesal». “La policía judicial, típicamente OIJ, es la que actúa bajo la dirección funcional del Ministerio Público dentro del proceso penal con las garantías, capacitación y régimen de responsabilidad que exige el manejo de datos que eventualmente pueden convertirse en prueba judicial”, apuntó.

“Los otros cuerpos policiales, administrativos, municipales, tránsito, no tienen ese mismo vínculo funcional ni de investigación penal, ni necesariamente el mismo nivel de garantías sobre el manejo de información sensible. Y aquí quiero reiterar, estamos hablando de información sensible”, destacó.

Sin embargo, esa moción corrió la misma suerte de todas las demás.

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