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Ereida Prieto-Barreiro
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene en su planilla a nueve funcionarios imputados y detenidos preventivamente por su presunta participación en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales por un valor aproximado de $40 millones.
Se trata de Lupo González, auditor II con un salario de $3,500; las auditoras Daira López y Vielka Sáez, ambas con $2,000; Angeli Rodríguez, secretaria, con $1,500; Margie Caballero, secretaria II, con $1,200; Juana Elida Chong, oficinista, con $1,000; Elodia De León, analista financiera I, con $950; además de Nilka Murgas y Catherine Aguirre, gestoras de cobro con salarios de $775 y $750, respectivamente.
Todos aparecen en el nodo de transparencia de la Contraloría General de la República, con información actualizada hasta el 16 de julio de 2026.
Los nueve funcionarios forman parte del grupo de personas cuya aprehensión fue ordenada mediante la Resolución No. 16 del 7 de julio de 2026, firmada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Dagoberto Alvarado. La resolución dispuso la captura de 19 personas, entre funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), antiguos servidores públicos, abogados y presuntos testaferros.
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada el 2 de mayo de 2025, que alertó sobre irregularidades en el sistema e-Tax 2.0 de la DGI. Según el Ministerio Público, la organización alteró los créditos fiscales pertenecientes a por lo menos ocho contribuyentes, lo que causó una lesión patrimonial de aproximadamente $40 millones entre 2022 y mayo de 2025.
Antiguos funcionarios de la DGI, como el jefe de Cuenta Corriente, Eduardo Silvestre, reconocieron la existencia de la red en sus declaraciones ante la fiscalía.
La propia DGI reconoció que los créditos fiscales investigados eran "improcedentes e ilegítimos" y decidió constituirse como querellante en la causa penal que adelanta el Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Un informe de auditoría interna, fechado el 9 de octubre de 2025, concluyó que el 93% de las cesiones de créditos fiscales investigadas tuvo como beneficiario final a BAC International Bank Inc. La entidad bancaria ha sostenido que adquirió esos créditos de "buena fe“, tras realizar la debida diligencia prevista en la normativa bancaria, y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.
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Se trata de Lupo González, auditor II con un salario de $3,500; las auditoras Daira López y Vielka Sáez, ambas con $2,000; Angeli Rodríguez, secretaria, con $1,500; Margie Caballero, secretaria II, con $1,200; Juana Elida Chong, oficinista, con $1,000; Elodia De León, analista financiera I, con $950; además de Nilka Murgas y Catherine Aguirre, gestoras de cobro con salarios de $775 y $750, respectivamente.
Todos aparecen en el nodo de transparencia de la Contraloría General de la República, con información actualizada hasta el 16 de julio de 2026.
Los nueve funcionarios forman parte del grupo de personas cuya aprehensión fue ordenada mediante la Resolución No. 16 del 7 de julio de 2026, firmada por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Dagoberto Alvarado. La resolución dispuso la captura de 19 personas, entre funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), antiguos servidores públicos, abogados y presuntos testaferros.
La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada el 2 de mayo de 2025, que alertó sobre irregularidades en el sistema e-Tax 2.0 de la DGI. Según el Ministerio Público, la organización alteró los créditos fiscales pertenecientes a por lo menos ocho contribuyentes, lo que causó una lesión patrimonial de aproximadamente $40 millones entre 2022 y mayo de 2025.
Antiguos funcionarios de la DGI, como el jefe de Cuenta Corriente, Eduardo Silvestre, reconocieron la existencia de la red en sus declaraciones ante la fiscalía.
La propia DGI reconoció que los créditos fiscales investigados eran "improcedentes e ilegítimos" y decidió constituirse como querellante en la causa penal que adelanta el Ministerio Público por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Un informe de auditoría interna, fechado el 9 de octubre de 2025, concluyó que el 93% de las cesiones de créditos fiscales investigadas tuvo como beneficiario final a BAC International Bank Inc. La entidad bancaria ha sostenido que adquirió esos créditos de "buena fe“, tras realizar la debida diligencia prevista en la normativa bancaria, y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.
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