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Daniel Sebastian Flores
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Daniel Sebastian Flores
Una persona que se atrase unos pocos días en el pago de una cuota de su crédito podría dejar de pagar intereses de mora calculados como si hubiera incumplido durante todo el mes. Este es uno de los cambios que contempla el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero. Además, refuerza la prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses durante los refinanciamientos, y plantea modificaciones relacionadas con la permanencia de los usuarios en la central de riesgos.
La iniciativa, que continúa su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, busca corregir prácticas que, según economistas, incrementan el valor de las deudas más allá del capital originalmente prestado. Esto dificulta la recuperación financiera de quienes logran ponerse al día con sus obligaciones.
Uno de los principales cambios refuerza la prohibición del anatocismo. Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que este mecanismo suele aparecer durante los procesos de refinanciamiento de créditos. “Si una persona recibe un préstamo de 100 dólares al 10 % anual, al finalizar el año debe 110 dólares. Si no paga, esos 10 dólares de intereses se suman al capital y el nuevo cálculo ya no se hace sobre 100 dólares, sino sobre 110 dólares. Eso es el anatocismo”, señala.
Larrea agrega que, aunque la Constitución ya prohíbe esa práctica, algunas operaciones de refinanciamiento terminan reproduciendo el mismo efecto. “Muchas entidades buscan otra figura para decir que amplían el plazo, pero al mismo tiempo capitalizan los intereses. Entonces esta ley prohíbe definitivamente agregar esos intereses al capital para volver a cobrar intereses sobre ellos”, indica.
Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, coincide en que la reforma busca endurecer una restricción que ya existe en la legislación ecuatoriana. Explica que actualmente, cuando una persona refinancia una deuda, la entidad financiera suele estructurar una nueva operación por el valor total pendiente, incluyendo tanto el capital como los intereses acumulados. “Lo que ahora quieren restringir es que no se puedan cobrar intereses sobre esos intereses no pagados”, afirma.
Otro cambio modifica cómo se calcularán los intereses por mora. El proyecto establece que estos comenzarán a generarse desde el día siguiente al vencimiento y cesarán automáticamente cuando el deudor pague los valores pendientes. Además, no podrán aplicarse sobre capital que todavía no haya vencido.
Larrea sostiene que esta modificación corrige una práctica utilizada por varias entidades financieras. “Si una persona se atrasaba uno, dos o tres días, muchas veces no le cobraban únicamente esos tres días de mora, sino como si hubiera estado en mora durante todo el período”, afirma.
La reforma también busca fortalecer la protección relacionada con el historial crediticio. Uno de los planteamientos es permitir que una persona recupere más rápidamente su condición de sujeto de crédito tras cancelar su obligación. Actualmente, una persona suele ingresar a la central de riesgos después de aproximadamente 90 días de incumplimiento.
Larrea explica que uno de los cambios planteados es que tras pagar la deuda, pueda salir del registro sin esperar períodos adicionales. “Entrar a la central de riesgos es muy grave porque prácticamente deja a la persona sin acceso a crédito en todas las entidades financieras del país”, afirma.
Acosta Burneo coincide en que la intención de la reforma es otorgar mayores garantías a los deudores, pero advierte que esa medida también puede tener efectos sobre la calidad de la información que utilizan las entidades financieras para evaluar el riesgo de un solicitante.
“El carácter crediticio no se observa por una foto, sino por una película. Si una persona fue un mal pagador durante mucho tiempo, pero ayer canceló todas sus obligaciones, la central de riesgos solo mostrará la situación actual y dejará de reflejar ese historial“, explica.
A su criterio, reducir la información histórica disponible obligaría a los bancos a realizar investigaciones adicionales antes de conceder un crédito.
Otro cambio incorporado en el proyecto es la creación de una tasa de inclusión para quienes soliciten un crédito formal por primera vez y no cuenten con historial crediticio. Acosta Burneo considera que esta medida podría ser relevante si permite cubrir costos y riesgos asociados a ese tipo de operaciones.
“Las tasas actuales son tasas de exclusión. No hacen que todos accedan a créditos baratos; hacen que solo los clientes de menor riesgo consigan financiamiento”, concluye Acosta Burneo.
A medida que avanza el trámite legislativo del proyecto, se espera que estas reformas proporcionen un marco más justo para los consumidores en Ecuador. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles limitaciones en las opciones disponibles para refinanciar créditos. La implementación efectiva dependerá del análisis cuidadoso y la aprobación final por parte del Pleno legislativo.
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Una persona que se atrase unos pocos días en el pago de una cuota de su crédito podría dejar de pagar intereses de mora calculados como si hubiera incumplido durante todo el mes. Este es uno de los cambios que contempla el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero. Además, refuerza la prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses durante los refinanciamientos, y plantea modificaciones relacionadas con la permanencia de los usuarios en la central de riesgos.
La iniciativa, que continúa su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, busca corregir prácticas que, según economistas, incrementan el valor de las deudas más allá del capital originalmente prestado. Esto dificulta la recuperación financiera de quienes logran ponerse al día con sus obligaciones.
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Cambios significativos en créditos e intereses
Uno de los principales cambios refuerza la prohibición del anatocismo. Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que este mecanismo suele aparecer durante los procesos de refinanciamiento de créditos. “Si una persona recibe un préstamo de 100 dólares al 10 % anual, al finalizar el año debe 110 dólares. Si no paga, esos 10 dólares de intereses se suman al capital y el nuevo cálculo ya no se hace sobre 100 dólares, sino sobre 110 dólares. Eso es el anatocismo”, señala.
Larrea agrega que, aunque la Constitución ya prohíbe esa práctica, algunas operaciones de refinanciamiento terminan reproduciendo el mismo efecto. “Muchas entidades buscan otra figura para decir que amplían el plazo, pero al mismo tiempo capitalizan los intereses. Entonces esta ley prohíbe definitivamente agregar esos intereses al capital para volver a cobrar intereses sobre ellos”, indica.
Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, coincide en que la reforma busca endurecer una restricción que ya existe en la legislación ecuatoriana. Explica que actualmente, cuando una persona refinancia una deuda, la entidad financiera suele estructurar una nueva operación por el valor total pendiente, incluyendo tanto el capital como los intereses acumulados. “Lo que ahora quieren restringir es que no se puedan cobrar intereses sobre esos intereses no pagados”, afirma.
Modificaciones en el cálculo de mora
Otro cambio modifica cómo se calcularán los intereses por mora. El proyecto establece que estos comenzarán a generarse desde el día siguiente al vencimiento y cesarán automáticamente cuando el deudor pague los valores pendientes. Además, no podrán aplicarse sobre capital que todavía no haya vencido.
Larrea sostiene que esta modificación corrige una práctica utilizada por varias entidades financieras. “Si una persona se atrasaba uno, dos o tres días, muchas veces no le cobraban únicamente esos tres días de mora, sino como si hubiera estado en mora durante todo el período”, afirma.
Cambios en la central de riesgos
La reforma también busca fortalecer la protección relacionada con el historial crediticio. Uno de los planteamientos es permitir que una persona recupere más rápidamente su condición de sujeto de crédito tras cancelar su obligación. Actualmente, una persona suele ingresar a la central de riesgos después de aproximadamente 90 días de incumplimiento.
Larrea explica que uno de los cambios planteados es que tras pagar la deuda, pueda salir del registro sin esperar períodos adicionales. “Entrar a la central de riesgos es muy grave porque prácticamente deja a la persona sin acceso a crédito en todas las entidades financieras del país”, afirma.
Acosta Burneo coincide en que la intención de la reforma es otorgar mayores garantías a los deudores, pero advierte que esa medida también puede tener efectos sobre la calidad de la información que utilizan las entidades financieras para evaluar el riesgo de un solicitante.
“El carácter crediticio no se observa por una foto, sino por una película. Si una persona fue un mal pagador durante mucho tiempo, pero ayer canceló todas sus obligaciones, la central de riesgos solo mostrará la situación actual y dejará de reflejar ese historial“, explica.
A su criterio, reducir la información histórica disponible obligaría a los bancos a realizar investigaciones adicionales antes de conceder un crédito.
Tasa de inclusión para nuevos solicitantes
Otro cambio incorporado en el proyecto es la creación de una tasa de inclusión para quienes soliciten un crédito formal por primera vez y no cuenten con historial crediticio. Acosta Burneo considera que esta medida podría ser relevante si permite cubrir costos y riesgos asociados a ese tipo de operaciones.
“Las tasas actuales son tasas de exclusión. No hacen que todos accedan a créditos baratos; hacen que solo los clientes de menor riesgo consigan financiamiento”, concluye Acosta Burneo.
Un paso hacia la protección del consumidor
A medida que avanza el trámite legislativo del proyecto, se espera que estas reformas proporcionen un marco más justo para los consumidores en Ecuador. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles limitaciones en las opciones disponibles para refinanciar créditos. La implementación efectiva dependerá del análisis cuidadoso y la aprobación final por parte del Pleno legislativo.
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