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Maria Nuñez Chacón
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Cuando le hablan sobre negociaciones para establecer una nueva Convención Fiscal Global suena a algo muy técnico que no tiene implicaciones en su vida cotidiana, pero lograr reglas justas e inclusivas toca directamente los bolsillos de los países en desarrollo —como Costa Rica—, su capacidad para financiar los servicios públicos y responder a las necesidades esenciales de la población.
Entre el 3 y 13 de agosto pasado, en la sede la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en New York, se llevó a cabo la quinta ronda de negociaciones para establecer la Convención Fiscal Global, con la que se busca reorganizar la tributación internacional, de manera que se reduzca o elimine la evasión y elusión fiscal global; que las multinacionales paguen los impuestos en los países en los que operan, y no solo en sus sedes (táctica de muchas para pagar menos); así como gravar las grandes riquezas.
Y es que en la actualidad las reglas tributarias internacionales han seguido patrones establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las que los países —sobre todo del sur global (América Latina, África, gran parte de Asia y zonas de Oceanía)— se han mantenido alejados de las mesas de negociación.
Precisamente, la Convención Fiscal Global pretende una nueva arquitectura tributaria, que permita ir más allá de la posición de la OCDE y dé una mirada a ese sur global para resolver problemas, tales como la tributación de los servicios transfronterizos —pago de las empresas extranjeras sin domicilio local y que operan a través de Internet o plataformas dentro del país— como los de alquiler turístico, de música o entretenimiento de películas, entre otras.
Muchas de estas compañías generan millones de dólares en los países en los que operan, y uno pensaría que eso produce grandes ingresos a través de impuestos, pero en la realidad es que trasladan esas ganancias a otras naciones, compran insumos a precios inflados a otras compañías que están en paraísos fiscales, trasladando beneficios, o pagan enormes sumas por el uso de logos y marcas para descontar en sus declaraciones juradas de rentabilidades.
Por ejemplo, en Costa Rica hay empresas que brindan servicios y están gravadas con el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), que es cobrado a los usuarios de sus servicios, sin embargo, la mayoría de estas corporaciones no pagan otros impuestos, como el impuesto de renta, porque lo hacen en otras jurisdicciones. Entonces son los consumidores los que pagan, pero las corporaciones (proveedores de servicios transfronterizos) no tributan sobre las ganancias.
Otros temas que vendría a regular la Convención Fiscal serían los derechos de imposición tributaria, mecanismos de transparencia como registros globales de activos, beneficiarios finales, intercambio de información en igualdad de condiciones.
De acuerdo con Adrián Falco, coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), estos son temas claves para los países de América Latina y el Caribe, pues actualmente la evasión y la elusión representan más del 6% del producto interno bruto (PBI) regional y el dinero de las grandes fortunas de latinoamericanos que se encuentran ocultos en paraísos fiscales representa casi el 30% de los ingresos.
“Ese es el dinero que tenemos que recuperar y esta Convención ayudará en ese objetivo. La progresividad debería ser el objetivo central de las reglas de la cooperación tributaria internacional, quienes tienen grandes patrimonios y las multinacionales deben pagar impuestos de forma efectiva y equitativa”, señaló el experto.
La lucha del sur global y de quienes participaron en las negociaciones de esta convención días atrás, sobre todo de la sociedad civil, era que la Convención incluya un mandato para establecer una tributación unitaria de acuerdo con una fórmula, que esté respaldada por la tasa mínima global efectiva del impuesto sobre las empresas, que se incluya a las industrias extractivas abordando los flujos financieros ilícitos y las prácticas tributarias nocivas que se producen en este sector, y un mecanismo global para gravar los altos patrimonios, añadió Falco.
Adrián Falco, Latindadd.
¿Cómo beneficiaría a Costa Rica?
Esta Convención tiene una importancia fundamental para América Latina y particularmente para Costa Rica, porque se trata de poner reglas claras en materia de tributación internacional. Todo con el fin de resolver el truco de la tributación global que rige para casi 3.000 tratados bilaterales alrededor del mundo y que da derechos impositivos sobre todo a los países exportadores de capital.
“La OCDE lo que ha hecho es establecer reglas de compromiso global, pero favorables al norte global. En el caso de las multinacionales se estableció que deben pagar impuesto mínimo del 15% si tienen un umbral de ganancias de $350.000 millones, pero ese pago lo hacen donde tienen la sede y no donde extraen sus ganancias, entonces, países como Costa Rica, Chile o Guatemala no reciben los recursos. De aprobarse la Convención se garantizaría que los países del sur global reciban dividendos en materia impositiva”, detalló Jorge Coronado, miembro del Consejo Directivo de Latindadd.
Sobre el patrimonio de las grandes riquezas, en las negociaciones se ha planteado que hay un sistema global que facilita que no paguen impuestos, trasladándolas a paraísos fiscales, sociedades offshore (que se crean en cualquier lugar) o escondidas por el secreto bancario.
Todos estos mecanismos deben ser normados, porque Costa Rica —o cualquier otra nación— puede tratar de ponerles impuestos a las grandes fortunas o a capitales extranjeros que operan en el país, pero como cuentan con este engranaje se consolidan como flujos financieros ilícitos porque no pagan impuestos en ninguna parte.
“Además, tenemos convenios bilaterales para evitar la doble tributación, con el supuesto de generar certeza jurídica para la inversión, una obligación que establecen los países del norte global a los del sur, lo cual implica que no cobramos un impuesto que ya se paga en otra parte”, dijo Coronado.
Sumado a esto, no hay registros de activos de las grandes corporaciones que permitan transparentar cuáles son sus acciones, actividades y recursos donde operan, ni tampoco registros de beneficiarios finales, cuando se trasladan recursos a fondos de inversiones, y así se pierde el rastro de quiénes son los verdaderos dueños de los activos.
Y es que si se logra reducir la evasión y la elusión fiscal y la fuga de capitales se podrían flexibilizar las restricciones presupuestarias del país, e invertir los recursos en educación, salud o infraestructura, áreas que son vitales para el desarrollo nacional.
Sobre todo, en medio de una realidad que golpea las finanzas públicas, con una erosión de los ingresos tributarios que se ha hecho evidente en las estadísticas nacionales, pese a que hace tan solo seis años se aprobó una reforma fiscal que ha mantenido congelados los salarios de todo el sector público y cada vez menos inversión social.
Lo cierto es que el efecto de esa reforma ya se perdió, y la bonanza que prometieron sus impulsores comenzó a enfriarse desde el 2022, momento en que los ingresos tributarios representaban el 14% del producto interno bruto (PIB), cayendo en 2025 al 12,8% del PIB en el 2025. Hoy las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el 2026 llegaría a 11,9%.
Un camino que aún no acaba
En el año 2022 se concretó una resolución en la ONU para comenzar a discutir el tema fiscal y el establecimiento de una Convención que permita tener reglas tributarias justas y equitativas para todas las naciones y en los dos años siguientes se avanzó en un comité para redactar los términos de referencia y recientemente se discutió el borrador a fin de acordar un documento final en 2027.
En las negociaciones de este año, se logró un borrador más avanzado, aunque se evidenciaron profundas diferencias. El choque entre el sur global y los países ricos fue evidente en temas como la elusión fiscal transfronteriza, dado que en la actualidad los gigantes tecnológicos venden publicidad, ofrecen servicios en la nube o procesan datos en cualquier país sin necesidad de abrir una sola oficina física.
Esto llevó al debate de buscar un nuevo “nexo tributario” (nexus), como un criterio moderno que permita a los países cobrar impuestos a estas empresas que generan ganancias en sus territorios, aunque no tengan oficinas físicas.
Pero países del norte global defendían que solo debía establecerse en caso de presencia física por un tema de seguridad jurídica, mientras que los del sur global, sobre todo el grupo africano, Brasil y Marruecos se mantuvieron firmes en que ese criterio quedó obsoleto.
Otro de los temas que fueron vitales en la discusión fue la Regla de Sujeción a Impuestos (STTR), una herramienta que permite al país del cual salen las ganancias cobrar un impuesto a los pagos que se envían a los paraísos fiscales.
Los países latinoamericanos, incluyendo a Brasil y México, junto con el grupo africano impulsaron una agenda ambiciosa para lograr que las multinacionales paguen donde generan sus ventas, pero los del norte global protegieron su recaudación, entre otros temas.
Mientras el Grupo Africano, compuesto por 54 países, busca reglas obligatorias, otros 22 países defienden una mayor posibilidad de decidir si aplican determinadas disposiciones. En 2027 se acordaría el documento final de la Convención en la Asamblea de Naciones Unidas, para que entre en operación en 2028.
De acuerdo con Latindadd, los países africanos defendieron que las nuevas reglas multilaterales tengan fuerza suficiente para modificar o desplazar disposiciones incompatibles de tratados anteriores. La Unión Europea y Reino Unido defendieron una posición distinta, plantearon un sistema basado en la aceptación expresa de los países involucrados, similar al funcionamiento del Instrumento Multilateral de la OCDE.
Bajo ese esquema, un tratado bilateral no quedaría modificado automáticamente por el nuevo protocolo.
Generados con IA.
Financiamiento climático en el contexto fiscal
Los impuestos tienen un impacto directo en el desarrollo sostenible de los países y uno de los corazones de la Convención Fiscal busca promover la cooperación para la asignación justa de los recursos, que permita a los países invertir en áreas vitales, como el financiamiento climático.
Precisamente, el informe Tax Justice Network del 2024 estima que a través de mecanismos tributarios que realizan las multinacionales, servicios transfronterizos y las grandes fortunas en paraísos fiscales se pierden unos $492 billones de ingresos a nivel global.
Según se discutió en el marco del seminario virtual “Hacia una Convención Tributaria de las Naciones Unidas que atienda la crisis climática” del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), esta situación tributaria se alinea con la agenda de negociaciones en materia de financiamiento climático, en especial con la Nueva Meta Colectiva Cuantificable de Financiamiento Climático (NCQG, por sus siglas en inglés) que establece la movilización de al menos $300 mil millones anuales hacia 2035, y otra meta aspiracional para movilizar $1,3 billones.
Mientras países desarrollados argumentan que estas metas deben cubrirse con recursos públicos y privados, porque no hay suficientes recursos públicos, lo cierto es que los recursos tributarios que se pierden, en especial aquellos provenientes de empresas multinacionales, en no pocas ocasiones altamente contaminantes, podrían movilizarse para la acción climática.
Nathalie Beghin, miembro del Consejo de Coordinación de la Red de Justicia Fiscal, señaló que la Convención puede contribuir para movilizar recursos nuevos adicionales para el financiamiento climático, así como incentivar mecanismos que desestimulen el uso de combustibles fósiles o la minería. También se puede incorporar el cambio climático entre los objetivos de la Convención Fiscal.
Incluso solicitaron durante las negociaciones incluir tasas a las empresas extractivas causantes del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otras afectaciones a la naturaleza, y promover que estos impuestos se vayan a la reparación de daños.
Generado con IA
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