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Daniela Muñoz Solano
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Las autoridades del Poder Judicial no asistirán a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública del lunes 20 de julio, para no afectar la independencia de criterio que debe imperar en los procesos judiciales.
Así lo informó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, en una misiva dirigida a la presidenta de la República, Laura Fernández; este viernes 17 en julio.
“Me permito comunicarle que ninguna de las autoridades judiciales convocadas participará en dicha reunión”, dijo el magistrado en respuesta al oficio en el que la mandataria les convocó a la sesión.
Aguirre detalló que varios de los asuntos incluidos en la agenda “se refieren a actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales”, razón por la cual consideró que su participación, así como la de la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal “podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.
Así, dijo el jerarca judicial, no es institucionalmente procedente participar en “una deliberación planteada en esos términos”.
Además, el presidente de la Corte dijo que el mismo día para el que está convocada la sesión la Corte Plena celebrará su sesión ordinaria en la que “conocerá la magnitud de las afectaciones que producirá el recorte declarado por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial”.
“La institución enfrenta esta decisión después de años de autocontención, aprobación de presupuestos insuficientes y transferencia inoportuna de recursos aprobados por la Asamblea Legislativa”, continuó y agregó que las circunstancias mencionadas ya han limitado la incorporación de personal, el fortalecimiento de capacidades indispensables para combatir la criminalidad y disminuir el rezago judicial.
Así, dijo, a a pesar de que El Poder Judicial ha contribuido al esfuerzo fiscal del país manteniendo un nivel de ejecución presupuestaria cercano al 100% y adoptando medidas de contención, el gobierno tomó la decisión de aplicar un recorte adicional que no resultará en “la eliminación de recursos ociosos”.
Más bien, indicó, los efectos de este recorte “recaerán sobre la prestación del servicio, la investigación criminal, la persecución penal, la atención de las víctimas, la reducción del rezago y la capacidad de los tribunales para responder oportunamente”.
Tomando esto en cuenta, Aguirre aseguró que la ausencia a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional no hay resultado de indiferencia pues el Poder Judicial” conoce la gravedad del fenómeno criminal y cumple diariamente las responsabilidades que el ordenamiento jurídico le asigna para enfrentarlo”.
“Precisamente por la importancia de esa responsabilidad, resultaría incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva. La acción policial requiere investigación, acusación, defensa, juzgamiento y ejecución de lo resuelto para traducirse en justicia y seguridad duradera” agregó.
El jerarca finalizó diciendo que “La reducción de recursos en cualquiera de esos eslabones trasladará inevitablemente sus efectos a las víctimas, las comunidades y las personas usuarias del sistema”.
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