Negociación del FEES debe recuperar las rentas anteriores que componían el presupuesto

[José Alejandro Sánchez]

Las universidades públicas deberían tomar otros criterios a la hora sentarse a negociar con el Gobierno que no sea solo el comportamiento del índice de precios o inflación. Por eso, el hoy exdirector del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, propone que ante todo se deben reponer las anteriores fuentes de ingreso del presupuesto universitario que fueron debilitadas o eliminadas con los años y retomar el criterio del crecimiento económico.

A ello sumaría otro elemento más retórico, que no ha estado ausente, pero que recalca cómo es la defensa de la autonomía universitaria frente a las metas cortoplacistas del Poder Ejecutivo.

Saxe habla del tema no solo como analista, sino también como testigo de la discusión que dio origen al actual blindaje constitucional del financiamiento universitario. En publicaciones recientes, recuerda que participó como representante de la Universidad Nacional (UNA) ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare) Ampliado en las jornadas que antecedieron la reforma al artículo 85.

Según el economista, la preocupación de fondo en aquel momento era impedir que la educación superior pública dependiera de la “bondad” o de la estrechez fiscal de cada gobierno.

Última sesión de negociación del FEES, 21 de abril de 2026. (Foto: Fabián Hernández)

En entrevista con UNIVERSIDAD, Saxe cuestionó además la forma en que se ha conducido la negociación reciente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según indicó, la discusión para el fondo del próximo año estaba prevista para julio, pero fue dada por agotada desde la Casa Presidencial. “Los rectores llevaban una rendición de cuentas bastante detallada; sin embargo, no hubo interés en conocerla”, afirmó Gutiérrez Saxe.

Desde esa perspectiva, Saxe advierte que mantener el mismo monto en colones para el FEES no necesariamente significa mantener su valor real. Si la economía crece y el fondo permanece congelado, las universidades pierden capacidad relativa para atender nuevas demandas de docencia, investigación, extensión y presencia territorial. En sus palabras, cuando el producto interno bruto (PIB) aumenta y la partida universitaria no lo hace, el resultado puede operar como un recorte en los hechos.

El economista vinculó esta discusión con la demanda creciente de profesionales por parte de distintos sectores económicos, incluidos aquellos que pagan impuestos y aquellos que operan bajo regímenes de exoneración. “Lo que se pide como servicio tiene que guardar relación con las demandas de los distintos sectores económicos”, señaló.

El argumento se sostiene en una lectura histórica del origen del FEES. Saxe recuerda que el fondo fue creado en 1976, mediante la Ley de Reforma Tributaria, y nació asociado a fuentes tributarias concretas: el impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles, una proporción del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades con acciones al portador. El diseño buscaba que los recursos llegaran a las universidades sin quedar sujetos a la voluntad de un ministro de turno.

Sin embargo, esas fuentes eran vulnerables a reformas posteriores. Por eso, señala Saxe, la reforma constitucional de 1981 buscó construir una protección más fuerte. El artículo 85 estableció que las rentas del fondo especial no podrían ser abolidas ni disminuidas si no se creaban, simultáneamente, otras mejores que las sustituyeran. Para el economista, esa palabra —“simultáneamente”— es clave: impide que el Estado suprima o debilite las fuentes del FEES sin reponerlas en el mismo acto.

Saxe sostiene que esta cláusula no debe entenderse como una protección meramente nominal, sino como una garantía de suficiencia real. Bajo esa lectura, el problema actual no estaría solo en si el monto baja formalmente, sino en si el congelamiento provoca que el fondo pierda capacidad frente al tamaño de la economía y las necesidades crecientes del sistema universitario.

El economista también señala que parte de las fuentes originales del FEES se han debilitado o desaparecido con el tiempo. Uno de los casos que menciona es el impuesto sobre sociedades con acciones al portador, derogado en el marco de reformas asociadas a estándares de transparencia fiscal. Aunque esa eliminación podía justificarse desde esa perspectiva, Saxe cuestiona que no se crearan rentas equivalentes destinadas al financiamiento universitario.

A su criterio, los convenios quinquenales negociados en la Comisión de Enlace intentaron corregir esas debilidades. Particularmente, destaca el momento en que el FEES se vinculó al crecimiento del PIB nominal, bajo la lógica de que si el país crecía, también debía crecer la inversión en educación superior pública. Para Saxe, abandonar ese mecanismo no responde a una imposibilidad estructural, sino a una decisión política.

El debate, además, no se reduce al funcionamiento administrativo de las universidades. Saxe reconoce que las instituciones públicas de educación superior tienen responsabilidades de rendición de cuentas, adaptación y cumplimiento de metas. No obstante, advierte que exigir impacto no puede convertirse en una forma de subordinar la autonomía universitaria a los objetivos de un gobierno específico.

En esa línea, recuerda que la autonomía universitaria no solo protege la gestión interna de las instituciones, sino también su capacidad de definir prioridades académicas, científicas y territoriales. Para Saxe, las universidades deben contribuir al desarrollo nacional, pero no quedar atadas al horizonte de un plan gubernamental de cuatro años.

“El entramado protege precisamente la posibilidad de que las universidades puedan operar con independencia a la situación fiscal particular de un momento”, afirmó Saxe. A su criterio, esa independencia responde a que los impactos de la educación superior se expresan a largo plazo: “Un profesional puede estar en el mercado laboral más de 30 años; si usted coloca el financiamiento universitario al vaivén de las capacidades fiscales, lo que va a hacer es limitar precisamente el futuro”.

El impacto de una reducción real del FEES, según su lectura, podría sentirse especialmente en las regiones fuera del Valle Central. La presencia universitaria pública en zonas costeras, fronterizas y rurales representa, para muchas comunidades, una de las pocas vías de movilidad social, acceso a formación profesional, investigación aplicada y extensión.

Por eso, Saxe plantea que el FEES no debe entenderse como una dádiva ni como una partida ordinaria del gasto público. En su interpretación, se trata de un mandato constitucional que obliga al Estado a proteger las rentas destinadas a la educación superior pública o, en caso de modificarlas, sustituirlas por otras equivalentes.

Para Saxe, una Constitución que se respeta solo en el papel corre el riesgo de convertirse en un adorno, mientras el derecho que pretendía proteger se vacía por la vía del congelamiento.

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