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Boris Gongora
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sin duda alguna, es de las pocas empresas nacionales que despiertan tantos sentimientos encontrados por parte de cada uno de los bolivianos, pues su historia, es la historia misma de nuestro país.
YPFB nació en diciembre de 1936 como resultado de un sentimiento soberano y moral de recuperación del control de la cadena de hidrocarburos, pues en plena Guerra del Chaco, la empresa que administraba nuestros recursos estratégicos, se vio involucrada en casos de contrabando de los carburantes hacía las fuerzas “enemigas” y peor aún se negaba a proveer de los mismos al ejército boliviano.
Este hecho inaceptable provocó que el presidente David Toro, mediante Decreto logre expropiar los bienes de la petrolera; logrando con ello la denominada Primera Nacionalización de los Hidrocarburos.
34 años más tarde, se dio la llamada “Segunda Nacionalización” de los hidrocarburos, bajo el gobierno de Ovando Candia, e impulsada y estructurada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, que entonces fungía como Ministro de Minas y Petróleo; la causa, la empresa transnacional Gulf Oil, al amparo de la polémica Ley de Hidrocarburos de 1955, llamada popularmente como el Código Davenport (redactada por cierto en inglés, por consultores internacionales), dicha norma ofrecía básicamente la propiedad de nuestros recursos a las empresas transnacionales, a tal punto que se entendía que el 90% de las reservas de ese entonces, eran propiedad extranjera, haciendo que el Estado boliviano solo recibiera un 11% de regalías. La medida de nacionalización fue asumida bajo decreto supremo y bajo toma de campos gasíferos por parte del ejército boliviano.
34 años más tarde de la “Segunda Nacionalización”, en el 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada promovía la exportación del gas natural boliviano a Estados Unidos por puertos chilenos, ocasionando tal descontento popular, que, a la cabeza de la gente de El Alto, no solo se logró frenar dicho cometido si no también lograr la renuncia y huida de dicho mandatario; llamando a este periodo la denominada “guerra del gas” que es el antecedente y justificación para la “Tercera Nacionalización” (2006), realizada bajo el gobierno de Evo Morales, misma que sigue siendo cuestionada para muchos, por tratarse de un proceso totalmente antagónico a los otros donde se expropió bienes y propiedad de los recursos a la empresa extranjera dominante hasta ese entonces. Esto fue más una especie de “Nacionalización Corporativa” por llamarlo de alguna forma, pues lo que hizo fue modificar los contratos y comprar la mayoría del paquete accionario de las empresas subsidiarias, a fin de lograr el dominio estratégico de dichas empresas.
En los tres procesos precedentes, Bolivia ha tenido periodos de crisis económica profunda, que han motivado a entender a la privatización como una fuente de capital y de inversión extranjera beneficiosa para con nuestro país, no obstante, con el tiempo al parecer las condiciones de negociación siempre han beneficiado al extranjero más que al dueño del bien.
Lastimosamente, en este ir y venir de ciclos, Bolivia se ha convertido de ser un país productor y exportador de gas natural (más de 6mil millones de dólares el 2013 a solo 2mil millones el 2023) a ser un país importador de líquidos (3mil millones a la fecha) y en el corto plazo, también importador de gas natural. Esta sin duda alguna es la ironía más grande de la historia de nuestro país.
Por si fuera poco, la explotación del gas natural tampoco ha resuelto los problemas económicos y/o sociales de nuestro país, pues si bien el discurso de recuperar la soberanía funcionó, en los hechos, no hemos podido cosechar los resultados deseados; por ejemplo, la pobreza moderada que era del 80% en los años 70, bajo considerablemente en el 2010 a casi el 50%; no obstante, esto se debe principalmente a los precios internacionales asociados y no necesariamente a las medidas adoptadas. En todos los casos fueron medidas patrióticas, legales y políticas, pero no necesariamente con impacto económico real.
En la actualidad, YPFB, la “primera empresa de Bolivia” se ha convertido en una de las empresas que están en el ojo de la tormenta por varios temas ya de índole estructural; pero entonces ¿es momento de privatizarla nuevamente? Definitivamente, no es el momento ni de privatizar ni de tomar más campos con militares, los ciclos de privatizar y nacionalizar, lamentablemente llegaron a su fin pues el recurso en este momento, también se ha agotado; esto significa que YPFB debe ser sometida de manera urgente e inmediata a un proceso serio y responsable de reestructuración total, no solo de “cajas organizacionales” sino también en su marco normativo, en su modelo de negocio, en su estructura financiera, en sus recursos humanos y definitivamente en la visión que se pretende al 2050 con impactos reales hacia la población.
The post Nacionalizar, Privatizar o, ¿Qué? appeared first on La Razón.
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YPFB nació en diciembre de 1936 como resultado de un sentimiento soberano y moral de recuperación del control de la cadena de hidrocarburos, pues en plena Guerra del Chaco, la empresa que administraba nuestros recursos estratégicos, se vio involucrada en casos de contrabando de los carburantes hacía las fuerzas “enemigas” y peor aún se negaba a proveer de los mismos al ejército boliviano.
Este hecho inaceptable provocó que el presidente David Toro, mediante Decreto logre expropiar los bienes de la petrolera; logrando con ello la denominada Primera Nacionalización de los Hidrocarburos.
34 años más tarde, se dio la llamada “Segunda Nacionalización” de los hidrocarburos, bajo el gobierno de Ovando Candia, e impulsada y estructurada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, que entonces fungía como Ministro de Minas y Petróleo; la causa, la empresa transnacional Gulf Oil, al amparo de la polémica Ley de Hidrocarburos de 1955, llamada popularmente como el Código Davenport (redactada por cierto en inglés, por consultores internacionales), dicha norma ofrecía básicamente la propiedad de nuestros recursos a las empresas transnacionales, a tal punto que se entendía que el 90% de las reservas de ese entonces, eran propiedad extranjera, haciendo que el Estado boliviano solo recibiera un 11% de regalías. La medida de nacionalización fue asumida bajo decreto supremo y bajo toma de campos gasíferos por parte del ejército boliviano.
34 años más tarde de la “Segunda Nacionalización”, en el 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada promovía la exportación del gas natural boliviano a Estados Unidos por puertos chilenos, ocasionando tal descontento popular, que, a la cabeza de la gente de El Alto, no solo se logró frenar dicho cometido si no también lograr la renuncia y huida de dicho mandatario; llamando a este periodo la denominada “guerra del gas” que es el antecedente y justificación para la “Tercera Nacionalización” (2006), realizada bajo el gobierno de Evo Morales, misma que sigue siendo cuestionada para muchos, por tratarse de un proceso totalmente antagónico a los otros donde se expropió bienes y propiedad de los recursos a la empresa extranjera dominante hasta ese entonces. Esto fue más una especie de “Nacionalización Corporativa” por llamarlo de alguna forma, pues lo que hizo fue modificar los contratos y comprar la mayoría del paquete accionario de las empresas subsidiarias, a fin de lograr el dominio estratégico de dichas empresas.
En los tres procesos precedentes, Bolivia ha tenido periodos de crisis económica profunda, que han motivado a entender a la privatización como una fuente de capital y de inversión extranjera beneficiosa para con nuestro país, no obstante, con el tiempo al parecer las condiciones de negociación siempre han beneficiado al extranjero más que al dueño del bien.
Lastimosamente, en este ir y venir de ciclos, Bolivia se ha convertido de ser un país productor y exportador de gas natural (más de 6mil millones de dólares el 2013 a solo 2mil millones el 2023) a ser un país importador de líquidos (3mil millones a la fecha) y en el corto plazo, también importador de gas natural. Esta sin duda alguna es la ironía más grande de la historia de nuestro país.
Por si fuera poco, la explotación del gas natural tampoco ha resuelto los problemas económicos y/o sociales de nuestro país, pues si bien el discurso de recuperar la soberanía funcionó, en los hechos, no hemos podido cosechar los resultados deseados; por ejemplo, la pobreza moderada que era del 80% en los años 70, bajo considerablemente en el 2010 a casi el 50%; no obstante, esto se debe principalmente a los precios internacionales asociados y no necesariamente a las medidas adoptadas. En todos los casos fueron medidas patrióticas, legales y políticas, pero no necesariamente con impacto económico real.
En la actualidad, YPFB, la “primera empresa de Bolivia” se ha convertido en una de las empresas que están en el ojo de la tormenta por varios temas ya de índole estructural; pero entonces ¿es momento de privatizarla nuevamente? Definitivamente, no es el momento ni de privatizar ni de tomar más campos con militares, los ciclos de privatizar y nacionalizar, lamentablemente llegaron a su fin pues el recurso en este momento, también se ha agotado; esto significa que YPFB debe ser sometida de manera urgente e inmediata a un proceso serio y responsable de reestructuración total, no solo de “cajas organizacionales” sino también en su marco normativo, en su modelo de negocio, en su estructura financiera, en sus recursos humanos y definitivamente en la visión que se pretende al 2050 con impactos reales hacia la población.
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