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Ana Lucía Freire
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La tarde de este lunes 13 de abril de 2026, una movilización de alcaldes y representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) recorrió las calles del norte de Quito hasta la sede de la Corte Constitucional (CC). El objetivo del gremio, que agrupa a los 222 municipios del país, fue entregar un recurso de ‘amicus curiae’ en defensa de la polémica Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La marcha, que partió desde el parque El Arbolito, estuvo liderada por la presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado. La representante solicitó formalmente a los magistrados ser convocados a las audiencias para exponer los beneficios de la normativa, conocida popularmente como la “Ley 70/30”, ante la ola de impugnaciones que buscan dejarla sin efecto.
La reforma al Cootad, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero, establece un cambio estructural en las finanzas seccionales:
“Esta ley significa más agua potable, más alcantarillado y más dignidad para la ciudadanía”, afirmó Colorado, subrayando que el objetivo es cerrar brechas de servicios básicos en lugar de sostener burocracias excesivas.
Pese al respaldo de la AME, la ley enfrenta una fuerte resistencia. Hasta la fecha, se han ingresado 24 demandas de inconstitucionalidad. Una de las principales acciones fue presentada por el concejal de Quito, Andrés Campaña, quien impugna el fondo y la forma de la norma, argumentando posibles vulneraciones a la autonomía de los gobiernos locales.
La jueza constitucional Claudia Salgado ya admitió a trámite esta acción y ha solicitado a la Asamblea, la Presidencia y el Ministerio de Finanzas que presenten sus argumentos de defensa. Mientras tanto, los municipios afines al Ejecutivo han cerrado filas para evitar que la Corte suspenda la aplicación de una reforma que consideran vital para la eficiencia del gasto público en el territorio.
Información externa Organización territorial
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La marcha, que partió desde el parque El Arbolito, estuvo liderada por la presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado. La representante solicitó formalmente a los magistrados ser convocados a las audiencias para exponer los beneficios de la normativa, conocida popularmente como la “Ley 70/30”, ante la ola de impugnaciones que buscan dejarla sin efecto.
#CierreVialQuito | Por movilización
Sector: Corte Constitucional
Dirección: Mariscal Foch y José Tamayo
Cierre: total
Conduce con precaución pic.twitter.com/0q0KVPIDSp
— AMTQuito (@AMT_Quito) April 13, 2026
¿En qué consiste la Ley 70/30?
La reforma al Cootad, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero, establece un cambio estructural en las finanzas seccionales:
- 70 % para inversión: El presupuesto de municipios y prefecturas debe destinarse obligatoriamente a gasto no permanente (obras, agua potable, alcantarillado y mantenimiento).
- 30 % para gasto corriente: El tope máximo para el pago de salarios y funcionamiento administrativo no podrá exceder este porcentaje.
“Esta ley significa más agua potable, más alcantarillado y más dignidad para la ciudadanía”, afirmó Colorado, subrayando que el objetivo es cerrar brechas de servicios básicos en lugar de sostener burocracias excesivas.
El frente judicial contra la norma
Pese al respaldo de la AME, la ley enfrenta una fuerte resistencia. Hasta la fecha, se han ingresado 24 demandas de inconstitucionalidad. Una de las principales acciones fue presentada por el concejal de Quito, Andrés Campaña, quien impugna el fondo y la forma de la norma, argumentando posibles vulneraciones a la autonomía de los gobiernos locales.
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La jueza constitucional Claudia Salgado ya admitió a trámite esta acción y ha solicitado a la Asamblea, la Presidencia y el Ministerio de Finanzas que presenten sus argumentos de defensa. Mientras tanto, los municipios afines al Ejecutivo han cerrado filas para evitar que la Corte suspenda la aplicación de una reforma que consideran vital para la eficiencia del gasto público en el territorio.
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