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Daniela Muñoz Solano
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Seis municipalidades que cuentan con cuerpos policiales reclutan a los oficiales sin validar apropiadamente su idoneidad o integridad, concluye un informe de la Contraloría General de la República.
El informe sobre “Riesgos de integridad en los procesos de reclutamiento de policías municipales” (N.° DFOE-LOC-SGP-00001-2026) se emitió este lunes 20 de julio de 2026 y señaló debilidades en los procesos de reclutamiento de oficiales de policía en las municipalidades de Alajuela, Belén, Montes de Oca, Paraíso, Santa Ana y Siquirres.
La investigación concluyó primeramente que en cuatro de los gobiernos locales se presentaron debilidades relacionadas con la elaboración de un análisis completo para “identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar y comunicar los riesgos de integridad asociados al proceso de reclutamiento de la policía”.
Esto, indica la entidad, puede causar que se den situaciones irregulares contribuir a la como la incorporación de personal no idóneo, personas que no tengan conocimiento necesario para brindar el servicio o que no cuentan con permisos vigentes de portación de armas, por ejemplo
Estas deficiencias debilitan el proceso, además de que “el desconocimiento de la realidad cantonal y el panorama nacional en materia de seguridad y vigilancia repercute de forma directa en las competencias necesarias y en el despliegue del cuerpo policial que demanda la ciudadanía”.
El segundo gran hallazgo del informe de la Contraloría es que existen carencias en el proceso de reclutamiento que impiden verificar que las personas contratadas cumplan con los estándares de idoneidad e integridad deseados.
Por ejemplo, ninguno de los gobiernos locales que se investigaron echó mano de la asesoría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para diseñar su manual de contratación, ni tienen convenios sobre reclutamiento y más grave aún, no realizan evaluaciones toxicológicas rregularesde su personal.
Además cinco de la municipalidades no verifican periódicamente los asientos judiciales para revisar, si por ejemplo, existen causas abiertas contra sus oficiales y tres de los municipios no se cercioran constantemente que requisitos como la aportación de armas se mantengan vigentes.
Como si todo esto fuera poco, las municipalidades de Paraíso y Siquirres no tienen en sus normas y procedimientos pruebas escritas o estándares para las entrevistas de reclutamiento, no verifican la autenticidad del permiso de portación de armas de los aspirantes al cuerpo policial, no realizan consultas para ver si las personas que aplican a los puestos están en el registro de inelegibles del Ministerio de Planificación y no reciben capacitación alguna de la Academia Nacional de Policía.
Finalmente, el informe indica que existen amplias posibilidades para ampliar la transparencia en el proceso de reclutamiento que permitiría incentivar la participación ciudadana.
Así, si bien los gobiernos locales dan a conocer los procesos de reclutamiento y selección de sus fuerzas policiales, los canales mediante los cuales se divulga esta información no necesariamente son ampliamente conocidos y esto podría mejorarse para que haya mayor participación, dice la contraloría.
La entidad asegura que para que se brinde un servicio de seguridad ciudadana efectivo, ético y apegado al marco legal saben resolver las carencias en el proceso de planificación del reclutamiento policial y se deben implementar medidas para mitigar los riesgos de integridad en esas contrataciones.
“La gestión de los riesgos de integridad durante la fase de reclutamiento constituye un pilar fundamental para anticipar vulnerabilidades dentro de los cuerpos policiales municipales. Las debilidades en los mecanismos para evaluar de manera estructurada la idoneidad e integridad de los aspirantes, sumada a una deficiente valoración del riesgo de integridad en el proceso de reclutamiento de la policía municipal, además de oportunidades de mejora en la fiscalización ciudadana, propicia un ambiente donde pueden materializarse escenarios adversos”, reza el informe.
Entre las principales amenazas, según la entidad contralora, está que se incorporen personas a los cuerpos policiales mediante nepotismo o que se seleccionen para contratación personas que tengan impedimentos para desempeñarse como funcionarios públicos.
“Permitir la incorporación de oficiales sin una comprobación exhaustiva de antecedentes disciplinarios o sin las evaluaciones técnicas
necesarias, genera una exposición significativa a contingencias operativas, legales y reputacionales”, indican y agregan que este riesgo debilita la capacidad de responder ante una crisis y erosiona la confianza de las comunidades hacia los cuerpos policiales municipales.
“Resulta indispensable que las administraciones consoliden sus normativas internas, estandaricen la comprobación de requisitos y apliquen controles preventivos rigurosos. Es a través de estas medidas que se puede garantizar, de forma razonable, que
el personal reclutado mantenga una conducta pública adecuada acorde con las facultades inherentes a su cargo y posea las competencias necesarias para resguardar el orden público con probidad”, finaliza.
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