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Rafael Filizzola, senador del Partido Democrático Progresista (PDP) y presidente de la Comisión del Congreso “Antimafia de pagarés”, sostuvo que el Poder Judicial, cuyo titular es el ministro César Diesel, sigue arrastrando un serio problema por la mora judicial.
En cuanto al caso particular del mencionado esquema criminal, subrayó que los juzgados de paz están en una situación desastrosa, ya que algunos manejan unos 50.000 expedientes en condiciones imposibles.
Resaltó además que algunos juzgados tienen un promedio de ingreso de 500 expedientes por día con un solo ujier notificador, por lo que esas notificaciones “no se harán nunca”.
Sostuvo que por ello faltan más recursos financieros, pero sobre todo más “activismo” por parte de los tres poderes del Estado contra la mafia de los pagarés.
En cuanto al pedido de someter a juicio político a los ministros de la Corte Suprema, dijo que es prematuro hablar de ese tipo de medidas.
Cae supuesta instigadora de amenazas a periodista
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Afirmó que, por ahora, lo más importante es trabajar en coordinación con las autoridades del Poder Judicial, ya que la referida mafia involucra a una rosca muy grande que involucra a intereses económicos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, abogados y al sector privado.
Subrayó que la Corte también tomó algunas medidas paliativas desde el inicio como una acordada ordenando a los jueces no tomar resoluciones o sentencias sin cumplir el debido proceso.
En cuanto a la labor de la Comisión que preside (ver el cuadro), destacó la aprobación de varias leyes; la asistencia a 7.000 víctimas registradas, de las cuales 2.000 acudieron al Congreso, mientras que otras 3.000 a 4.000 recibieron asistencia vía telefónica. Destacó también que el Ministerio de la Defensa Pública se ocupó de 400 casos.
Según los antecedentes, el pleno de la Corte Suprema de Justicia reveló que se han detectado más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos tramitados en juzgados de Paz de Asunción y Central.
La oposición también destacó la labor de los abogados Jorge Rolón Luna y Guillermo Ferreiro, quienes denunciaron el caso.
Periodista cree que instigadores de amenazas en su contra están implicados en atentado
La mafia involucraba a empresas de cobranza, que con complicidad judicial usaban pagarés para embargar salarios de funcionarios (especialmente docentes) a través de juicios ejecutivos fraudulentos, generando informes falsos de notificación y dejando a las víctimas casi sin sueldo, pese a que a veces ya habían pagado la deuda.
Se estima que hay unas 17.000 víctimas. Al inicio del escándalo fueron imputadas 63 personas, entre jueces, ujieres y abogados. La Corte fue duramente cuestionada por su rechazo a anular los embargos.
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En cuanto al caso particular del mencionado esquema criminal, subrayó que los juzgados de paz están en una situación desastrosa, ya que algunos manejan unos 50.000 expedientes en condiciones imposibles.
Resaltó además que algunos juzgados tienen un promedio de ingreso de 500 expedientes por día con un solo ujier notificador, por lo que esas notificaciones “no se harán nunca”.
Sostuvo que por ello faltan más recursos financieros, pero sobre todo más “activismo” por parte de los tres poderes del Estado contra la mafia de los pagarés.
En cuanto al pedido de someter a juicio político a los ministros de la Corte Suprema, dijo que es prematuro hablar de ese tipo de medidas.
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Comisión Parlamentaria Anti Mafia de Pagarés
Acciones impulsadas
| Categoría / Acción | Detalles y Resultados |
|---|---|
| 1. Asistencias |
|
| 2. Aprobación de leyes antimafia |
|
| 3. Media sanción del Senado | Proyecto de ley: Establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total y crea un régimen sancionador. (Media sanción: 7 de diciembre). |
| 4. Trámite pendiente (Diputados) | Proyecto de ley: Establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales y modifica normas para la sustentación de juicios ejecutivos. (Reforma remitida por la Corte Suprema). |
Afirmó que, por ahora, lo más importante es trabajar en coordinación con las autoridades del Poder Judicial, ya que la referida mafia involucra a una rosca muy grande que involucra a intereses económicos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, abogados y al sector privado.
Subrayó que la Corte también tomó algunas medidas paliativas desde el inicio como una acordada ordenando a los jueces no tomar resoluciones o sentencias sin cumplir el debido proceso.
En cuanto a la labor de la Comisión que preside (ver el cuadro), destacó la aprobación de varias leyes; la asistencia a 7.000 víctimas registradas, de las cuales 2.000 acudieron al Congreso, mientras que otras 3.000 a 4.000 recibieron asistencia vía telefónica. Destacó también que el Ministerio de la Defensa Pública se ocupó de 400 casos.
Según los antecedentes, el pleno de la Corte Suprema de Justicia reveló que se han detectado más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos tramitados en juzgados de Paz de Asunción y Central.
La oposición también destacó la labor de los abogados Jorge Rolón Luna y Guillermo Ferreiro, quienes denunciaron el caso.
Periodista cree que instigadores de amenazas en su contra están implicados en atentado
La mafia involucraba a empresas de cobranza, que con complicidad judicial usaban pagarés para embargar salarios de funcionarios (especialmente docentes) a través de juicios ejecutivos fraudulentos, generando informes falsos de notificación y dejando a las víctimas casi sin sueldo, pese a que a veces ya habían pagado la deuda.
Se estima que hay unas 17.000 víctimas. Al inicio del escándalo fueron imputadas 63 personas, entre jueces, ujieres y abogados. La Corte fue duramente cuestionada por su rechazo a anular los embargos.
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