Monitoreo de organización revela vía libre por el río San Juan para minería ilegal pese a promesas bilaterales

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Fabiola Pomareda García

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A pesar de los compromisos asumidos por los gobiernos de Nicaragua y de Costa Rica para combatir la minería ilegal, continúa el libre tránsito de coligalleros por el río San Juan, y el tráfico de sedimentos, así como insumos y mercancías utilizados en la minería ilegal entre ambos países, afirmó la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río.

Desde que se firmaron estos acuerdos a fines de febrero, la organización ha dado seguimiento a los compromisos suscritos por parte de Nicaragua y según un monitoreo difundido el pasado viernes, las autoridades nicaragüenses han tomado varias acciones.

Según la Fundación, entre el 28 de febrero y el 19 de junio, el Ejército de Nicaragua ha informado de la retención de 86 personas, la incautación de dos embarcaciones y 675 galones de combustible, el decomiso de 18 armas de fuego y 189 municiones, la des habilitación de 57 pilas de cianuración y nueve establecimientos mineros; y la incautación de 11 motosierras y 6.487 pies de tablas.

Sin embargo, la organización denunció que no existe evidencia de procesos de judicialización de las personas que son retenidas en flagrancia de estas actividades de minería ilegal y otros delitos conexos. “Testimonios locales y observaciones en campo permiten asegurar que las personas retenidas son posteriormente liberadas, muchas de las cuales vuelven a la actividad de minería ilegal en la zona”.

También señaló que la información presentada por el Ejército de Nicaragua omite detalles importantes sobre los decomisos, como el dinero incautado, la cantidad de sacos o sedimentos de minería (broza), la ruta de los materiales y las sustancias tóxicas decomisadas.

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Según Fundación del Río, en esta foto tomada en marzo, se coligalleros nicaragüenses en la zona de Conchudita (Costa Rica) están sacando material y esperando transporte acuático. (Foto: Fundación del Río)

Tienen paso libre

El monitoreo de la Fundación constató que la actividad de minería ilegal continúa y que la zona de influencia de esta actividad se extiende a lo largo de 36 kilómetros a lo largo del río San Juan, desde el punto del puesto del río Bartola hasta el puesto del río San Carlos.

La organización también evidenció la movilización de material minero o «broza» por los coligalleros, tanto del lado de Costa Rica como del lado de Nicaragua, a través del río San Juan, ya sea para procesarlo en aquí o en Nicaragua.

“Ni la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ni la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) han realizado acciones para detener el flujo de mineros artesanales que utilizan el río San Juan como medio para movilizarse y desembarcar en zonas de minería ilegal en Costa Rica y en Nicaragua”, indicó la organización.

“Pese a que existen diversos puestos de control sobre el río San Juan, donde se solicitan zarpe y las listas de las personas debidamente identificadas que se movilizan, los flujos de personas dedicados a la minería ilegal que llegan a la zona de influencia de la minería, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, siguen pasando libremente estos controles”, denunció la Fundación.

Asimismo, afirmó que los transportistas de embarcaciones siguen desembarcando en sitios no autorizados, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, “permitiendo el flujo de mineros ilegales y proveyéndoles de mercancías e insumos que son utilizados en la actividad de minería ilegal, sin que exista ninguna sanción al respecto”. La organización también indicó que observó la construcción de un muelle presuntamente ilegal en la entrada del sector de Las Cruces, conocido como muelle Los Tiburones.

Aunque las autoridades nicaragüenses deben garantizar el derecho de libre navegación comercial para Costa Rica en el río San Juan, el control y la vigilancia del flujo y el uso del río corresponden soberanamente a Nicaragua.

Solicitud de Costa Rica

El 20 de febrero, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, envió una carta a la Cancillería, pidiendo que solicitara a Nicaragua aumentar el número y la frecuencia de patrullajes sobre el río San Juan para combatir la minería ilegal y el 23 de febrero el canciller, Arnoldo André Tinoco envió una nota diplomática a su homólogo en Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke, en la que solicitó lo anterior. El 28 de febrero se realizó una reunión binacional en Nicaragua, tras la cual ambos países asumieron compromisos específicos.

De acuerdo con Fundación del Río, para el 24 de abril se tenía programada una reunión de evaluación; pero se suspendió por petición de Nicaragua. Hasta la fecha se desconoce cuándo será la próxima reunión de seguimiento.

El pasado viernes diputados y jerarcas de Gobierno participaron en una gira a la finca Vivoyet, en Crucitas (Cutris de San Carlos), para observar los impactos de la minería ilegal en la zona.

Crucitas se ubica aproximadamente a 5 kilómetros del río San Juan, mientras que el cerro Conchudita, el más reciente centro de la minería ilegal en la zona, se encuentra a escasos metros del río limítrofe.



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