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Mario Bermúdez Vives
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El objetivo del Gobierno de finalizar el trámite de las mociones para el proyecto 24.290, las jornadas laborales de doce horas (o jornadas de 4X3) durante actual período de sesiones ordinarias luce factible, pero requerirá de una férrea disciplina y mantener el acelerador al fondo para alcanzarlo en un plazo de 5 a 8 semanas.
La Asamblea Legislativa tramitó y rechazó 454 semanas en el retorno de la vía rápida al Plenario, lo que obliga a jornadas dedicas únicamente a esta reforma laboral que el gobierno de Laura Fernández definió como prioridad, aunque no lo convocó en el primer período de sesiones extraordinarias. Esto obliga a sesiones extraordinarias del Plenario de 9 de la mañana a mediodía de lunes a jueves, y destinar las sesiones de la tarde, de 3 p.m. a 7 p.m, de lunes, martes y jueves al mismo tema.
La meta de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) es rechazar 200 mociones por día, algo solo se logró en la última sesión: el martes 11 se votaron 195, el miércoles 12 fueron 57 (en la tarde hay primacía de las reformas constitucionales) y el jueves 13 fueron 202.
Pero todavía el camino es largo: restan 1.229 mociones de fondo y 2.564 mociones, un total de 3.793. Esto quiere decir que todavía se debe realizar un 74% de las votaciones, antes siquiera de iniciar la discusión por el fondo.
Si la presidenta legislativa Yara Jiménez logra repetir el ritmo de esta primera semana, unas 454 mociones en total, se requerirán poco más de ocho semanas, lo que permitiría finalizar el trámite de las votaciones en la primera semana de octubre. Sin embargo, en este caso, debe considerarse que no se tramitaron mociones el lunes.
Un segundo escenario de 700 mociones por semana (200 los lunes, martes y jueves, 100 los miércoles), apunta a un promedio de cinco semanas y media, lo que apuntaría a la primera semana de setiembre, dejando todavía alrededor de poco más de un mes de las sesiones ordinarias para buscar finalizar esta vía rápida, con el debate por el fondo.
Esto difiere mucho de los escenarios de la anterior Asamblea Legislativa, en la que el promedio de votación de mociones fue de 79 mociones por semana en diez meses, lo que hacía que se requirieran 54 semanas para las 4.270 pendientes en ese momento, esto producto de votaciones menos aceleradas y constantes rupturas de quórum que no se presentan en la actualidad.
No obstante, un dato que se debe considerar es el desgaste de esta dinámica de largas sesiones en piloto automático: en las primeras cinco semanas, el promedio de votación fue de 112 mociones por semana, mientras que en las segundas cinco, bajó a 47.
Por ello, mantener la velocidad será esencial para que el Gobierno logre su objetivo de finalizar la votación de mociones en este período de sesiones ordinarias, lo que implica también reducir las situaciones como los reclamos del jueves por los insultos de la diputada oficialista Cindy Murillo a las legisladoras opositoras Claudia Dobles y Abril Gordienko, o asimilar los rebajos de tiempo en las sesiones con un acuerdo para tratar un tema específico, como sucederá el próximo lunes, que tendrá un debate reglado sobre la conmemoración del Día Internacional de la Juventud.
El oficialismo dispone de márgenes para alcanzar su objetivo, pero debe mantener la disciplina con prudencia: el anterior proyecto de jornadas de doce horas, el 21.182, naufragó en la Sala Constitucional luego de cinco años de avanzar en la corriente legislativa, por un procedimiento indebido, el traslado de la comisión de Jurídicos a Hacendarios, en un intento de agilizar su avance que terminó por echar por la borda todo el tiempo invertido en este procedimiento. Y ya los diputados opositores han anunciado que están llevando un registro de decisiones que consideran inconstitucionales, para presentar una consulta en esta materia.
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