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José Alejandro Sánchez
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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, responsabilizó al Ministerio Público y a los jueces por parte de los problemas para contener la violencia criminal y rechazó que un recorte al presupuesto del Poder Judicial pueda utilizarse como explicación para una eventual afectación de las investigaciones, pese a que datos técnicos expuestos ante Corte Plena advierten que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería la dependencia más golpeada por el ajuste.
Durante una conferencia convocada para anunciar medidas contra el repunte de homicidios en Cartago, Campos sostuvo que la Corte Suprema de Justicia tiene potestad para decidir de dónde toma los recursos ante el recorte propuesto por Hacienda y afirmó que, si decide obtenerlos del área de investigación, esa sería responsabilidad del propio Poder Judicial.
“Decir que se le está quitando presupuesto es no decir las cosas como son”, manifestó en plena rueda de prensa Campos, quien aseguró que el Ministerio de Seguridad también ha enfrentado reducciones y ha tomado los recursos de partidas que no iba a ejecutar.
La afirmación provocó una respuesta del director interino del OIJ, Michael Soto, quien se encontraba junto al ministro durante la conferencia y horas antes había participado en la discusión de Corte Plena sobre el ajuste presupuestario.
Soto señaló que una reducción de ₡9.536 millones al OIJ sí afectaría directamente su operatividad, particularmente recursos destinados a combustibles y viáticos. También recordó que el organismo requiere movilizar personal y recursos para investigaciones y grandes operaciones contra organizaciones criminales.
El monto citado por Soto coincide con los datos técnicos que fueron expuestos ante Corte Plena: del ajuste de ₡23.721 millones comunicado por el Ministerio de Hacienda, el 40,2% recaería sobre el OIJ, el porcentaje más alto entre todos los programas del Poder Judicial.
El análisis presupuestario presentado a las magistraturas también concluyó que ₡17.258,2 millones del ajuste, equivalentes a un 73%, ya no cuentan con contenido presupuestario disponible. Según la Dirección Ejecutiva, Hacienda calculó la reducción a partir de información con corte al 30 de junio, aunque para agosto múltiples recursos ya habían sido ejecutados o comprometidos.
De las 85 subpartidas identificadas por Hacienda para aplicar el ajuste, 56 ya no disponían de los saldos suficientes para soportarlo, según los datos presentados en Corte Plena. Los funcionarios judiciales insistieron además en que recursos todavía no “devengados” no equivalen necesariamente a dinero libre, pues pueden estar comprometidos en contratos, salarios, adjudicaciones y gastos necesarios para terminar el año.
La propuesta de Hacienda forma parte del segundo presupuesto extraordinario y deberá pasar por la Asamblea Legislativa. El Poder Judicial ya había aceptado previamente un ajuste de ₡11.608 millones, al cual sumó alrededor de ₡1.600 millones provenientes de recursos propios, después de efectuar un análisis interno sobre cuánto podía ceder sin comprometer los servicios institucionales.
En Corte Plena también se advirtió que una reducción a estas alturas del año podría afectar investigaciones penales, peritajes, traslados de jueces y fiscales, protección de víctimas y testigos y el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
El choque se produjo mientras Campos reclamaba mayor eficacia al Ministerio Público y al Poder Judicial. El ministro cuestionó casos en los que la Fiscalía no habría solicitado prórrogas de prisión preventiva y expedientes de crimen organizado que no llegan a juicio o terminan con absolutorias.
El director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Pablo Martínez, también sostuvo durante la conferencia que el fiscal general debe “ir al ritmo de los cuerpos policiales” para evitar que las personas capturadas vuelvan a quedar libres.
Soto defendió, por su parte, los resultados del organismo y señaló que no es correcto colocar todas las decisiones judiciales “dentro de una bolsa”. Recordó que el sistema penitenciario ronda los 20.000 privados de libertad y destacó que el OIJ, junto con fiscales y jueces, ha participado en la desarticulación de las principales estructuras criminales del país.
En Corte Plena, además, se aseguró que el OIJ y otras dependencias judiciales participan diariamente en al menos diez allanamientos, y se atribuyó parte de la proyección de disminución de homicidios durante 2026 al trabajo coordinado de investigación, persecución y juzgamiento penal.
Seguridad anuncia operativo contra cinco bandas y busca a 14 personas en Cartago
La confrontación presupuestaria surgió en medio del anuncio de un reforzamiento policial en Cartago, provincia que acumula 51 homicidios, diez más que el año anterior, según datos ofrecidos por Seguridad.
Desde la semana anterior, el Ejecutivo desplegó más de 120 policías, motocicletas, vehículos, perros y un helicóptero para intervenir zonas consideradas prioritarias.
El OIJ identificó cinco estructuras que actualmente estarían generando violencia en la provincia: Los Piruchos, Los Maruja, el grupo de Gordo Julio, Los Gueris y Los Chacales. Soto explicó que estos grupos atraviesan procesos constantes de reacomodo, alianzas y luchas por territorios dedicados al narcomenudeo.
El Ministerio de Seguridad anunció además la búsqueda de 14 personas con órdenes de captura vinculadas con algunas de estas organizaciones. Campos calificó el operativo como una “cacería” e hizo un llamado a la ciudadanía para facilitar información sobre su ubicación mediante los canales oficiales.
Las intervenciones se concentrarán principalmente en Cartago central, Oreamuno, Paraíso, La Unión y El Guarco, aunque Seguridad indicó que operativos similares ya se realizan en otras provincias.
Soto explicó que parte del aumento reciente de los homicidios responde a vacíos de poder que se generan después de la desarticulación o debilitamiento de estructuras criminales. Según el funcionario, organizaciones rivales intentan ocupar esos territorios y eso puede provocar nuevos enfrentamientos.
“Estamos de alguna manera siendo víctimas de nuestro propio éxito”, afirmó al referirse a los efectos temporales que puede producir la desarticulación de un grupo sobre el equilibrio criminal de una zona.
OIJ alerta por proliferación de AR-15 entre organizaciones criminales
La conferencia también puso sobre la mesa el incremento de armas de grueso calibre en manos de organizaciones criminales.
Soto afirmó que la plataforma AR-15, cuyo decomiso anteriormente era poco habitual, se ha convertido en un arma “tremendamente común” entre estructuras delictivas del país.
Según explicó, algunas ingresan a Costa Rica por piezas para posteriormente ser ensambladas y, en determinados casos, sus componentes pueden llegar junto con cargamentos de droga como parte de intercambios dentro de las redes criminales.
El director interino señaló que durante el año anterior el OIJ y Fuerza Pública decomisaron aproximadamente 3.000 armas de fuego de distintos tipos. Recordó además un arsenal localizado en La Guácima de Alajuela, donde encontraron cerca de 50 armas, de las cuales alrededor de 37 correspondían a AR-15.
Soto advirtió que determinadas municiones empleadas en este tipo de armas pueden superar la capacidad de protección de los chalecos utilizados por los cuerpos policiales, una situación que agrava el riesgo de los enfrentamientos entre policías y estructuras criminales.
La entrada Ministro de Seguridad minimiza impacto de recorte al Poder Judicial mientras director del OIJ advierte que perdería ₡9.536 millones aparece primero en Semanario Universidad.
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