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Mario Bermúdez Vives
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El ministro de Seguridad Mario Zamora denunció ante la Asamblea Legislativa “una nueva etapa” en las actividades de extracción ilegal de oro en Crucitas, en San Carlos, con un aumento de más de 200% en las áreas impactadas, y pidió a los diputados la aprobación de un proyecto de ley del Gobierno, una estrategia duramente criticada por la oposición legislativa.
“Vengo a señalar que hay una nueva etapa, que se viene desarrollando desde inicios de este 2026”, dijo Zamora ante el Plenario, en un espacio que solicitó el ministro desde la semana anterior “con carácter de urgencia”.
Zamora aseguró que anteriormente se había indicado que la extracción de oro en Crucitas, se pasó de técnicas artesanales a una explotación semiindustrial, a una “nueva etapa”, en la que la zona de afectación pasó de 900 hectáreas a 3.000 hectáreas, llegando a cerro Las Conchuditas, con nuevas técnicas, como piletas, túneles y envío de sacos de tierra a Nicaragua, para extraer el mineral.
El ministro indicó que el costo de esta operación para las autoridades es de $1 millón, con 200 efectivos en la zona, y solicitó a los diputados la aprobación del proyecto 24.717, del oficialismo, por lo que cosechó críticas de diputados de la oposición, quienes le criticaron que en lugar de pedir recursos para policía o acciones de cooperación internacional, solicitara un proyecto para legalizar minería a cielo abierto.
La diputada independiente Kattia Cambronero lo expuso directamente: “¿Qué se conceda un royalty o una franquicia a una empresa, va a significar que finalicen las actividades ilegales de minería ilegal?”. “No señora, mantendremos la presencia policial en la zona”, dijo Zamora.
También el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó que los anuncios de piletas fueran novedosos, y le consultó si venía solo a pedir la aprobación del proyecto de ley. Entonces, Zamora preguntó por la duración del trámite del expediente, lo que originó una dura réplica de Campos: “No, no, no, no. Esto no es un tema de trámite legislativo. La obligación de controlar el territorio es del Poder Ejecutivo”.
También Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la urgencia de lo comunicado. “En la comisión de Alajuela, esa ampliación de la actividad de minería ilegal al cerro Las Conchudas se ha mencionado desde hace año y medio”, dijo.
Hernández también cuestionó la voluntad del Gobierno para enfrentar directamente la situación en Crucitas, e hizo eco con Campos, en el sentido de cuestionar la demolición del pueblo de Chorreras. Zamora indicó que se trató de una resolución emitida por los Tribunales. “La operación se llevó a cabo en paz, gracias al diálogo”, dijo.
También los diputados opositores enfatizaron las acciones realizadas desde la Asamblea Legislativa para aumentar los recursos para seguridad, que el mismo Gobierno ha boicoteado en forma constante, para evitar el traslado de recursos destinados inicialmente a la deuda, a las fuerzas de seguridad.
El ministro insistió en que el reto de la inseguridad no se podrá enfrentar con el actual modelo con que opera la policía, con uso intensivo de mano de obra. “Estamos dando un salto cualitativo, que vamos a poner en práctica en esa zona, porque los países mas desarrollados no crecen solo en términos numéricos, de efectivos, sino uso de tecnología de punta”, dijo Zamora, al mencionar la creación de un C5, con 5 mil cámaras, que se reforzará con más de mil policías.
Por su parte, el diputado oficialista Jorge Rojas trató de rescatar la imagen de que la intervención del ministro si incluía nuevos elementos, alegando que ahora se habla de cerro Campana, “que hasta ahora mencionamos. Es más territorio”, dijo.
Y Rojas también insistió en el interés del Gobierno en que se apruebe el proyecto, al que calificó de “urgente” y le preguntó el panorama futuro, sin el proyecto. En este punto, Zamora indicó que se podría presentar “un riesgo futuro de alto impacto: cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo, a las cuales se ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro, y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona no tengan fuente de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio, que generaría todavía mas daño”, dijo.
Y posteriormente, Pilar Cisneros insistió en el guion de que el proyecto de ley podría generar un cambio en la zona. “Sería un cambio radical, porque desde que se de la adjudicación, la empresa empezará a poner orden”, dijo Zamora.
Esto lo agarró al vuelo el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien cuestionó como una empresa podría parar la extracción ilegal, en lo que las fuerzas policiales estaban quedando cortas. Zamora indicó que esperarían que una empresa implicaría la incorporación de centenares de personas de seguridad privada y recursos para la seguridad pública.
Por su parte, Olga Morera, de Nueva República (NR), abogó por el avance del proyecto y pidió una revisión de las 155 mociones que tiene el expediente. También José Pablo Sibaja, de NR, se pronunció por el avance del proyecto, pero insistió en que el Gobierno debe aumentar la inversión en seguridad e intervenir la zona. “Mentira que el primer día que llegue la empresa, se va a resolver el problema”, dijo.
Cerró la audiencia la diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA) resaltó que desde el 2021 hay una sentencia según la cual, el Estado debe dar soluciones. “Resguardar la soberanía nacional no le corresponde a una empresa; le toca a la Fuerza Pública, al Estado, al Gobierno”, enfatizó, y recordó que ha sido el Ministerio de Hacienda el que más se ha resistido a girar recursos a las fuerzas de seguridad.
La entrada Ministro de Seguridad alegó aumento de 200% en extracción ilegal de oro en Crucitas para clamar por proyecto de ley; oposición cuestionó respuesta policial en la zona aparece primero en Semanario Universidad.
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