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Álvaro Murillo
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En las palabras, el gobierno de Laura Fernández defiende la gestión de Rodrigo Chaves en materia de seguridad, pero en la práctica hay señales de reconocimiento de que los resultados no fueron tan satisfactorios. Anuncios para acabar con “alcahueterías” en las cárceles y nuevas medidas de organización del Poder Ejecutivo, en algo que hicieron llamar “Fuerza Élite”, confirman las intenciones de al menos proyectar un nuevo aliento contra el problema que sigue ocupando el primer lugar en las preocupaciones nacionales.
Incluso este lunes, el Gobierno revirtió la decisión de la administración Chaves de retirar del aeropuerto Juan Santamaría a la Policía de Control de Drogas (PCD), pero esto no fue posible tocarlo en la entrevista que concedió el lunes 30 el ministro de Seguridad, Gerald Campos, que viene de ser responsable en Justicia y, por tanto, del manejo del sistema penitenciario que ahora parece prioritario.
En todo caso, el argumento de defensa de Campos suele ser uno solo: el problema en el fondo es no condenar con suficiente prontitud y eficacia a los responsables de mantener en registros altos las cifras de violencia, a pesar de una leve baja en lo que va del 2026.
Así se muestra en la entrevista realizada en el despacho ministerial, con una lista de temas de actualidad y otros asuntos que Campos prefirió eludir, incluso los parámetros relacionados con la polémica propuesta de solicitar el levantamiento de garantías en barrios peligrosos. Sí reconoce, sin embargo, que puede haber corrupción dentro de las cárceles gubernamentales y por eso reportó decenas de funcionarios que supuestamente participaron de actos indebidos en favor de criminales.
¿Cuál sería su fotografía del momento en términos de seguridad?
—Bueno, por parte del Poder Ejecutivo, venimos trabajando con las Fuerzas Policiales para tratar de hacer un poco de contención en lo que son los delitos más violentos, en este caso relacionados con los homicidios. Efectivamente, tuvimos una situación en el 2023 muy alarmante, pero yo me dediqué a hacer un estudio de los homicidios del 2010 al 2024 y el reporte que recibí es que durante todo ese tiempo fueron 8.780 homicidios, de los cuales sólo se condenó en firme el 38%.
¿Qué dice ese dato?
—Eso quiere decir que hay una lucha dispareja. Por un lado, tenemos la prevención, pero cuando en la represión no llegan condenas y estas personas que ejercen violencia siguen estando en libertad, es complicado porque se empoderan. Eso fue lo que nosotros logramos observar con mucha preocupación. Hay 61 bandas criminales que tienen una lucha franca entre ellos por posesión del territorio, y al analizar el perfil de las personas fallecidas, vemos que muchos de los muertos tienen relación con integrar estos grupos o de haber sido pasados en múltiples ocasiones al sistema judicial. Entonces, pese a que en este año tenemos como 60 homicidios menos, lo ideal es que estas investigaciones por estos casos lleguen a juicio y se dé una condenatoria. Si no logramos las condenas, estamos empoderando a las bandas criminales.
¿Está diciendo que es Costa Rica un país que propicia la impunidad en el tema de crímenes organizados?
—En el Ministerio de Justicia nos llamó poderosamente la atención cómo los tribunales imponen sentencias fuertes a gente de crimen organizado, pero aparecen los jueces de ejecución variando las condiciones del juego, y es por eso que tomamos decisiones que fueron fuertes en las cárceles dentro del Ministerio de Justicia.
En el combate al lavado de dinero, “las (leyes) que tenemos ahora nos dan”, según el Gerald Campos. (Foto: MSP)
Su sustituto en Justicia, Gabriel Aguilar, dice ahora que ‘se acabaron las alcahueterías’, gracias a medidas que ha podido tomar de manera unilateral, incluido el famoso decreto que supuestamente modificaba el año carcelario. ¿Por qué no las hizo usted?
—Porque recuerde que todo tiene que ir evolucionando; yo hice las bases para empezar a hacer todo esto, recuerde que el sistema penitenciario no cuenta con una ley, trabajamos mediante reglamentos, presentamos una ley del sistema penitenciario en el primer paquete de leyes que el señor expresidente Rodrigo Chaves presentó en el 2023, pero no tuvo viabilidad en la Asamblea Legislativa. Después hicieron una ley de ejecución de la pena donde nosotros estuvimos en mesas de trabajo, pero al final nos salimos porque determinamos que era la misma alcahuetería. Ahora sé que el ministro Aguilar está trabajando en un nuevo proyecto para el sistema penitenciario.
¿Qué posibilidades hay de que funcione en Costa Rica un ‘modelo Bukele’ si las razones de la inseguridad de Costa Rica son tan diferentes a las que El Salvador? Se ha visto que en Ecuador no ha funcionado
—Nosotros fuimos a ver la experiencia de El Salvador, pero también visitamos República Dominicana, donde la tasa de homicidios es de 7 por cada 100.000 habitantes, y estoy en una estrecha relación con el ministro de Seguridad de Panamá. Próximamente esperamos tener relación con el ministro homólogo en Colombia. Vea que en El Salvador no solamente fueron las medidas duras que regulan el sistema penitenciario; hubo cambio de legislación, hubo cambio en el Ministerio Público, hubo cambio en los jueces, hubo cambio en los magistrados, porque se dieron cuenta que el problema era más allá de la actividad criminal.
Ustedes se aferran a la idea de que el problema es la falta de condenas.
—Es hora de que Costa Rica entienda que tenemos una lucha frontal contra el crimen organizado, que los grupos criminales que están en el país se han empoderado. Usted puede pedir las estadísticas a todos los cuerpos policiales y ahí les van a decir la cantidad de veces que las personas han sido enviadas en los últimos cinco o diez años y donde no termina en una condenatoria, entonces la pregunta es quién está fallando.
Doña Laura Fernández también ha mencionado la posibilidad de estados de excepción en ciertas zonas. ¿Cuál es su posición?
—En este momento es un tema que no está siendo analizado en el Consejo Nacional de Seguridad, no lo consideramos que sea oportuno referirnos a ello porque creemos y apostamos a la buena voluntad de que cada Poder de la República cumpla su cometido.
¿Cuáles serían las condiciones, don Gerald, para que el Ejecutivo pudiera considerar levantamiento de garantías?
—Esas condiciones las estaríamos valorando y enviando a la Asamblea Legislativa en ese momento oportuno. Si tenemos que llegar a ese extremo, es porque el Poder Judicial verdaderamente colapsó.
¿No podemos conocer cuáles serían los parámetros para llegar a ese extremo?
—Cuando estemos en esa posición lo daremos a conocer, ahorita sería llegar y alarmar a la población. Lo que queremos decir es que los cuerpos policiales están trabajando (…). En lo que va del año hemos sacado de las calles más de 14 toneladas de droga comparado con el año anterior.
¿Pero al menos sí tienen ustedes los parámetros para saber cuándo sería el momento de pedir el levantamiento de garantías?
—Sí, tenemos los indicadores, y una vez que eso se dé, pues ténganlo por seguro que la señora Presidente va a llevar la solicitud a la Asamblea Legislativa.
Ese señor López, alias ‘Pecho de Rata’ sí estuvo condenado y en prisión preventiva e igual siguió operando desde una cárcel del Gobierno.
—Eso es cierto y lo hemos dicho. ¿Y por qué mantiene el control? Porque recibe visitas, porque puede hacer llamadas, puede hacer llamadas y por teléfono fijo. Es que eso no está limitado. ¿A quién le corresponde la incomunicación? Al Poder Judicial.
Y en este caso, que aparentemente hubo funcionarios del Ministerio de Justicia que le ayudaban…
—Hay corrupción de ambos lados, pero igual, ¿a quién le corresponde la incomunicación? Yo no la puedo decretar. Es más, yo mientras estuve de Ministro de Justicia no recibí ni un solo reporte del Poder Judicial de sospechas de los funcionarios nuestros. Nosotros pasamos 91 personas al Ministerio Público por hechos graves.
¿Ese es el dato que mencionó doña Laura en conferencia de prensa? 91 casos es mucho.
—Pues de 4.500 policías, es mínimo el porcentaje, pero sí, es bastante.
Yo vuelvo con el ejemplo de este señor López, alias ‘Pecho de Rata’. Él fue condenado en el pasado y cumplió la pena, pero siguió operando.
—Habría que ver cuántos años y cuántas eran las condenas y también a cuánto lo condenaron por los delitos que lo condenaron.
Una de las cosas que hizo el oficialismo fue promover la ley de extradición con Pilar Cisneros y el primero en irse a Estados Unidos fue Celso Gamboa. ¿Qué significa esto en términos de política de seguridad de Costa Rica?
—A mí me alegra que se haya aprobado. Lo que me entristece es que tuvimos que llegar a eso porque nuestro sistema judicial no tuvo el peso que necesitaba. Se mandó un mensaje contundente de que si bien Costa Rica no pudo, otros gobiernos nos ayudan. Es vergonzoso porque no somos capaces de juzgar a los nuestros, pero me alegra porque nos quita muchos problemas. Ojalá se amplíen estos procesos de extradición a otros delitos, porque tenemos que hacer todo lo necesario para recuperar los niveles de paz que Costa Rica tenía antes.
¿Qué cree que va a pasar cuando declare Celso Gamboa?
—Diay, que van a terminar extraditando a otros más y en buena hora. El que se metió en cosas raras, lo siento. Si usted decidió quedarle mal al país, asuma las consecuencias.
Usted conoció a don Celso. ¿En qué momento cree que cayó en eso?
—Desconozco. Yo no trabajaba con él; lo conocí cuando fue fiscal adjunto y luego cuando era magistrado. Mi trabajo era en la policía, no éramos compañeros de oficina. Los que se involucraron con él son los que tienen que estar temblando en este momento.
Expertos y otras autoridades dicen que urge más trabajo de prevención. ¿Qué está haciendo el Gobierno para eso?
—Vea qué curioso. Tengo una línea de jóvenes de entre 15 y 22 años que nos está afectando. ¿Qué se hizo en prevención hace 15 años? Lo que yo haga ahora va a afectar en 10 o 15 años, pero ¿cómo ataco a los que ya están? ¿Con prevención o con represión?
Claro, pero hay que hacerlo también pensando en el futuro, ¿no?
—Estamos trabajando con Justicia y Paz, centros cívicos, el ‘profe comunitario’, Brete, Ministerio de Educación, hay un montón de instituciones, ligas atléticas, estamos integrando a la institución de deportes. Es relevante además el trabajo del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) fortaleciendo a familias en pobreza.
También está la necesidad de atacar el lavado de dinero…
—Eso corresponde investigarlo al OIJ, nosotros estamos fortaleciendo a la PCD y tenemos compañeros en capacitación en algo muy técnico El ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas) es relevante, la banca es relevante. El crimen organizado tiene un fin económico y sí, vemos importante desgastarlos, quebrar esas encuentras, y ojalá todos esos bienes pasen al sistema policial.
¿Por qué en las reformas legales no está incluido el lavado de dinero?
—Viene un segundo paquete de leyes, pero las que tenemos ahora dan. Tenemos un sistema financiero que hace reportes y Unidad de Inteligencia de ICD; el asunto es cómo manejar estas investigaciones para penalizar el delito y afectar económicamente a estas organizaciones. La legislación lo permite, el problema es cuando el juez absuelve y hay que devolverles todo.
¿Apoya los bombardeos de la administración Trump sobre lanchas en aguas costarricenses?
—Eso lo tiene que resolver Cancillería, yo estoy para ser ministro de Seguridad dentro de Costa Rica.
—¿Qué pasó con la propuesta (del antecesor suyo, Mario Zamora) para limitar los pasajeros en motocicletas por su vinculación con el sicariato?
Esa es una pregunta que tiene que responder la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos una posición, pero a fin de cuentas la discusión es de ellos. Yo apoyo toda medida que ayude a garantizar la seguridad, pero la mayor causa del desorden es no haber condenado a la gente que cayó en hechos graves. ¿Por qué en El Salvador se puede caminar tranquilamente? Porque los malos están guardados.
¿Apoya la propuesta de ley de extinción de dominio?
—Es algo que tiene que analizar la Asamblea, tiene que aprobar medidas que garanticen propiedad a los honestos, pero fuerte contra capitales ilegales.
¿Respalda la extinción de dominio?
—Respaldo la que protege derechos de los buenos y castigue a los malos, hay que ver la redacción. Las leyes son mañosas, a usted le pueden vender que es la pomada canaria y no lo es. Por eso es importante ver los entornos con otros países.
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