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Marcela Rojas Hidalgo
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Nueve de los titulares de ministerios e instituciones autónomas que integran el gabinete de la presidenta de la República, Laura Fernández, estudiaron con algún tipo de beca socioeconómica durante su etapa de estudios en la Universidad de Costa Rica (UCR), de acuerdo con información facilitada por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) de la casa de estudios.
La lista la encabeza Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública (MEP); junto a Carla Morales, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan); Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
También estudiaron como becados Róger Madrigal, hoy presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR); Paola Nájera, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS); Wagner Quesada, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop); Guillermo Carazo, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y Ricardo Quesada, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Algunos de estos altos funcionarios requirieron de estas ayudas socioeconómicas durante hasta 15 semestres regulares (es decir, los ciclos I y II, que en la práctica duran alrededor de 4 meses) y por más de una década.
Tal como informó UNIVERSIDAD en una edición anterior, durante sus estudios en la UCR, Sánchez y Madrigal se formaron en economía, mientras que Morales, Nájera y Quesada (del Incop) estudiaron ciencias políticas. Por su parte, Acuña es ingeniero eléctrico con maestría, Carazo es ingeniero civil, Solórzano es abogada y notaria, y Quesada (del Inder) es economista agrícola con una maestría en Gestión Agroempresarial obtenida a través de dicha institución.
Este Semanario también consultó y recibió datos del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional (UNA). Entre los graduados de la UNA que recibieron becas socioeconómicas y actualmente ocupan cargos gubernamentales, el único es el viceministro del Mideplan, Marlon Navarro.
Asimismo, se solicitó información al Departamento de Becas y Gestión Social del Tecnológico de Costa Rica (TEC) sobre sus graduados que actualmente ocupan altos cargos en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, al cierre de esta edición, dicho registro no se había obtenido.
Varios de estos altos funcionarios del actual gobierno pudieron estudiar gracias a becas que se les asignaron durante hasta 15 semestres regulares.
La importancia de las becas
UNIVERSIDAD preguntó a cada uno de los nueve jerarcas en cuestión qué significa, tanto a nivel personal como para la totalidad del estudiantado costarricense, contar con acceso a becas universitarias socioeconómicas.
El presidente del Incop afirmó que haber sido beneficiario de una beca socioeconómica en una universidad pública fue una oportunidad que sigue “valorando profundamente”, ya que las ayudas de este tipo permiten que “miles de estudiantes puedan continuar sus estudios y desarrollar su potencial”, constituyendo una herramienta vital para la igualdad de oportunidades.
La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Carla Morales, también destacó la importancia de estos apoyos. Recordó que durante su etapa como estudiante tuvo acceso a una beca a partir de su participación en un programa de voluntariado de la UCR para apoyar los procesos de matrícula y, posteriormente, mediante labores de asistencia en distintas dependencias universitarias.
Para Morales, las becas, tanto por medio de ayudas económicas como mediante exoneraciones del pago de matrícula, constituyen “un apoyo fundamental” para quienes requieren estos recursos para acceder a la educación superior y continuar sus estudios.
Nájera, por su parte, expresó su profundo agradecimiento por la oportunidad de haber estudiado en la UCR y de haberse “ganado” una beca socioeconómica “a cambio” de realizar horas estudiante (horas de, según su reglamento, “colaboración” universitaria bajo la supervisión de personal). Sin embargo, la titular de la JPS también explicó que el pensamiento crítico que desarrolló en las aulas de la universidad pública le permite adoptar una postura crítica frente a esas mismas instituciones.
“El desarrollo de este espíritu crítico me hace también hacer un llamado de atención a las autoridades universitarias. Recordemos que cuando el Gobierno le da el dinero del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a las universidades, son las autoridades universitarias las que deciden a dónde va ese dinero. Si hay becas suficientes, becas bien nutridas, es por voluntad de las autoridades universitarias. Y si hay recortes en becas, es decisión también de las autoridades universitarias”, detalló.
El ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guillermo Carazo respondió que “el tema planteado no guarda relación con las competencias ni el ámbito de acción” de dicho ministerio, “por lo que en esta oportunidad no corresponde a esta cartera emitir criterio u opinión al respecto”.
Por su parte, la ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, destacó el carácter social de estos apoyos. “Las becas socioeconómicas pueden ser un mecanismo de apoyo e inversión social para que los estudiantes continúen su formación académica y profesional”, señaló. A criterio de la jerarca, estos beneficios amplían las oportunidades de acceso a la educación y contribuyen al desarrollo social.
Al cierre de esta edición, los otros ministros y presidentes ejecutivos no habían hecho llegar sus criterios a UNIVERSIDAD.
Becas como garantía de éxito
De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la UNA, Jorge Herrera, diversos estudios han demostrado que la beca es “prácticamente una garantía de graduación efectiva para los estudiantes”.
Según expuso Herrera, en el caso de la UNA, muchos de los estudiantes vienen de zonas rurales, colegios nocturnos, Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea), liceos indígenas y liceos rurales. Para estas poblaciones, “la beca constituye ese elemento fundamental”.
El 52,9% de los estudiantes de universidades públicas recibe becas y, para más de un tercio (38,5%), esto constituye su único apoyo económico para permanecer en la educación superior, de acuerdo con el estudio más reciente de “Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal” (2025) impulsado por el Conare.
El rector de la UNA también explicó que las becas no deben considerarse meramente como ayuda económica, sino más bien como un amplio conjunto de medidas de apoyo que abarcan desde tratamientos médicos hasta la compra de libros.
La vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, Leonora de Lemos Medina, defendió el alcance del modelo de becas de la institución, al que calificó como “un sistema muy robusto” y solidario, orientado a generar oportunidades de movilidad social mediante el éxito académico. De Lemos añadió que, en el caso de personas egresadas de la UCR que posteriormente alcanzan puestos de liderazgo institucional, “uno esperaría” que transmitan los valores propios de la Universidad, “empezando por el humanismo”.
Isabel Román, directora del Programa Estado de la Nación (PEN), señaló que el mecanismo de becas socioeconómicas tiene dos objetivos principales: en primer lugar, garantizar la igualdad de acceso a la educación y, en segundo lugar, salvaguardar las trayectorias educativas de las personas. Para Román, por estas razones, son de gran importancia los esfuerzos que las universidades estatales han venido realizando en los últimos años para aumentar las becas.
“Este es un esfuerzo que hay que sostener, justamente porque lo más importante para el país es cuidar esas trayectorias educativas de los estudiantes beneficiarios, para que finalmente logren graduarse de la universidad. Hoy, el país tiene un gran desafío para aumentar el logro universitario, uno de los temas que planteó el último informe del Estado de la Educación”.
Asimismo, la directora del PEN destacó que, en este momento, “la peor práctica que podríamos hacer es convertir la educación en una variable de ajuste fiscal”.
“En un país como Costa Rica, donde la principal riqueza es la gente, deberíamos tener claro que salvaguardar la educación es una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Es realmente importante volver a colocar a la educación en el centro de las discusiones del desarrollo nacional, porque cuando ocurren estas discusiones estamos desplazando a la educación del eje fundamental en un país que no puede darse ese lujo”.
Para el economista Miguel Gutierrez Saxe, los datos sobre el origen socioeconómico del estudiantado muestran que reducir las becas o sustituirlas por mecanismos de crédito tendría un efecto directo sobre el acceso y permanencia en las universidades públicas
Saxe llamó la atención sobre el hecho de que no encontrarse bajo la línea de pobreza no implica necesariamente contar con suficientes recursos para costear una carrera universitaria. Según explicó, los ingresos de los primeros tres quintiles se mantienen relativamente próximos entre sí: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, el ingreso per cápita promedio del tercer quintil equivale a unas 3,5 veces el del quintil de menores ingresos.
Esta realidad, sostuvo, debe considerarse al analizar quiénes reciben apoyo de las universidades. Los datos recopilados por Conare señalan que el 52,9% del estudiantado de las universidades públicas utiliza una beca como fuente de financiamiento y, entre quienes cuentan con este beneficio, un 38,5% depende exclusivamente de él, sin apoyo familiar ni ingresos laborales. Estos porcentajes fueron confirmados por Conare en julio de 2026.
“Perder la beca significaría abandonar los estudios”, afirmó Saxe al referirse a ese último grupo. Por ello, calificó como “tremendamente injusta” una eventual sustitución de las becas por créditos, pues quienes provienen de hogares con menores recursos enfrentarían además dificultades para aportar garantías para acceder a un préstamo.
El economista también cuestionó si el financiamiento actual resulta suficiente. Para 2026 se acordó un FEES de ₡593.484 millones, un 1% superior al de 2025, junto con el compromiso de destinar al menos ₡2.938 millones adicionales a becas socioeconómicas y apoyos estudiantiles. Ambas cifras coinciden con el acuerdo oficial de Conare.
Para Saxe, ese crecimiento se da dentro de un escenario de fuerte restricción fiscal que mantiene bajo presión a la educación superior pública y limita su capacidad para responder a las necesidades del país.
La entrada Ministro de Educación y otros ocho jerarcas estudiaron con becas de las “U” públicas que hoy ataca el Gobierno aparece primero en Semanario Universidad.
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