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José Alejandro Sánchez
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La Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales recibió este martes a autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para discutir el expediente 25.518, una reforma a los artículos 18 y 18 bis de la Ley Forestal que abriría la posibilidad de aprovechar aguas subterráneas mediante pozos dentro del Patrimonio Natural del Estado.
La discusión giró alrededor de un punto central: si la reforma constituye una herramienta excepcional para garantizar agua potable a comunidades sin otra alternativa o si podría convertirse en un portillo para suplir deficiencias de planificación e infraestructura hídrica.
La ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle, defendió que el proyecto está planteado para casos “imperiosos” de consumo humano y no como una autorización general para perforar pozos en áreas protegidas. Según explicó, antes de llegar a una intervención dentro del patrimonio natural, debe comprobarse la falta de capacidad hídrica de los operadores del servicio, como AyA, Asadas u otros proveedores, y también descartarse la existencia de otras fuentes viables.
“Como lo entendemos nosotros, el proyecto es muy claro en cuanto abre la posibilidad para el uso de agua por pozo, agua subterránea, para consumo humano”, señaló la jerarca. Navarro insistió en que el mecanismo no sustituye la obligación de planificar, mantener infraestructura o buscar soluciones ordinarias fuera de zonas protegidas.
La ministra afirmó que el Minae impulsaría una reglamentación técnica para asegurar que el uso de esta herramienta se mantenga como último recurso. Además, sostuvo que el país enfrenta escenarios de presión sobre el recurso hídrico, entre ellos sequías, contaminación de fuentes y eventos climáticos que podrían hacer necesario contar con procedimientos más ágiles.
“La protección al ambiente radica en la supervisión, en la vigilancia, en la auditoría”, dijo Navarro, al rechazar que más trámites o plazos extensos sean sinónimo automático de mayor protección ambiental. A su criterio, los requisitos deben acompañarse de seguimiento efectivo durante la ejecución de las obras.
Durante la audiencia, diputaciones consultaron si la reforma tendría algún beneficio directo para el sector agropecuario. La ministra respondió que el alcance del proyecto está centrado en consumo humano, por lo que no se trata de una iniciativa orientada a riego, producción agropecuaria u otros usos económicos. Esa precisión fue reiterada en varias intervenciones, ante la inquietud de que el expediente se tramitara en una comisión agropecuaria pese a su enfoque principal en agua potable y recursos naturales.
También se plantearon preocupaciones sobre los impactos biofísicos de perforar pozos en áreas protegidas, especialmente en zonas costeras, donde podría existir riesgo de intrusión salina en acuíferos. Ante ello, Navarro reconoció que toda intervención en la naturaleza genera algún impacto, pero afirmó que la obligación del Minae será procurar que sea el menor posible.
Uno de los cuestionamientos más insistentes fue si la reforma podría utilizarse para compensar la falta de planificación institucional. La jerarca respondió que el concepto de “imperioso” debe interpretarse como una condición extraordinaria, no como consecuencia de descuido, mala gestión o ausencia de inversión. “No vamos a ser copartícipes de que esto sea usado como una herramienta para una falta de planificación”, afirmó al cierre de su comparecencia.
Posteriormente, la comisión recibió a la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Suárez Barbosa, quien coincidió en que el mecanismo debe ser excepcional. La jerarca indicó que, en caso de aprobarse la reforma, el AyA tendría que presentar informes técnicos que demuestren que el aprovechamiento de agua subterránea dentro del patrimonio natural es la única opción viable para abastecer a una comunidad.
Suárez aseguró que la institución actuaría bajo criterios ambientales y técnicos, como ocurre actualmente con solicitudes de aprovechamiento de fuentes superficiales. Como ejemplo, mencionó que recientemente se valoró una solicitud comunal relacionada con una fuente en una zona protegida, pero el análisis concluyó que existían alternativas fuera del área, por lo que no se recurrió a esa opción.
La presidenta del AyA también respondió consultas sobre la planificación institucional. Indicó que la entidad trabaja actualmente en un grupo de 249 proyectos en todo el país y rechazó que la reforma se plantee como una vía para justificar fallas de planificación. “La incorporación de nuevos caudales tiene que ir de la mano con nueva infraestructura”, sostuvo.
Ante preguntas sobre si el AyA cuenta con personal suficiente para realizar los estudios necesarios, Suárez respondió que la institución dispone de recurso humano técnico en el área ambiental para atender ese tipo de procesos, aunque aclaró que la aprobación de la ley no implicaría una salida masiva a buscar pozos en todos los parques nacionales, sino la posibilidad de valorar casos concretos.
En la discusión también se abordó la necesidad de fortalecer la protección preventiva de fuentes de agua fuera de áreas protegidas. Algunas diputaciones señalaron que el conflicto suele aparecer cuando ya existen amenazas sobre zonas de recarga o reservas hídricas, en lugar de anticiparse mediante planificación territorial, coordinación con municipalidades y declaratorias oportunas.
La audiencia cerró sin votación del expediente. Tanto el Minae como el AyA solicitaron que el proyecto avance, bajo el entendido de que su aplicación debe limitarse a situaciones extraordinarias de necesidad humana real, con estudios técnicos, controles ambientales y una reglamentación que impida convertir la excepción en regla.
La entrada Minae y AyA defienden reforma para habilitar pozos en patrimonio natural solo en casos excepcionales aparece primero en Semanario Universidad.
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