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Adrián Z. Rivero
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El Ministerio Público señaló que las 23 personas investigadas en 2 causas penales en las que “se indagan temas relacionados con la red de transporte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en contratación con Cisco” ahora figuran como imputadas.
Sobre el tema, UNIVERSIDAD ha realizado una investigación periodística exclusiva en la que se reveló cómo, en el marco de un proyecto “confidencial”, la adquisición de la red de transporte del ICE pasó de estar planteada como una compra abierta (con participación de cualquier fabricante) a una “contratación directa por excepción” para la compra de equipos específicamente del fabricante estadounidense Cisco.
Una red de transporte es una compleja infraestructura que distribuye (lleva y trae) información (voz, datos, video, etc.) entre los diferentes usuarios finales, según explicó el ingeniero Teodoro Willink, experto en Telecomunicaciones, en declaraciones previas brindadas a este medio. En términos simples, es parte del trayecto por donde viajan, por ejemplo, mensajes o llamadas desde un teléfono celular a otro.
Pese a múltiples cuestionamientos, el contrato fue otorgado al consorcio Datasys-ITS (proveedores locales de Cisco) por $37,09 millones (unos ₡17.300 millones), según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000703-0000400001.
De acuerdo con la información publicada por este medio, entre las justificaciones que se brindaron para optar por el contrato directo, estuvo un supuesto “ahorro de tiempo y recursos” que se lograría al reutilizar equipos que “aún cuentan con vida útil” de marca Cisco existentes en la red de transporte actual del ICE, la cual cuenta con un “alto nivel de obsolescencia en las diferentes capas”. Lo anterior consta en oficios como el SACI-284-2024 y el SACI-2061-24, citados en la publicación original de este medio.
Sin embargo, estudios de mercado y criterios financieros realizados por el ICE mostraron en su momento que comprar todos los equipos nuevos a marcas como Juniper, Nokia y Huawei era menos costoso que la opción de reúso de los componentes Cisco.
COTIZACIONES ICE
Además, este Semanario también reportó cómo, en medio del proceso y antes de que se publicara la licitación, funcionarios del ICE tuvieron reuniones “confidenciales” con representantes de Cisco, relacionadas justamente con la red de transporte.
Entre los encuentros, el 9 de julio de 2024 hubo una reunión en Casa Presidencial, con participación, entre otros, del expresidente Rodrigo Chaves; la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes; altos mandos del ICE; ejecutivos de Cisco; y una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, Patricia Ann Vanderwall. El tema de ese espacio fue “los plazos de contratación de la red de transporte”, según respuestas de Presidencia a este medio, aunque luego cambió la versión e indicó que se abordaron temas como “generación de talento, ciberseguridad, inclusión social e incrementar la inversión de la empresa en el país”.
La lista de imputados
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, existen dos causas penales en las que se investiga el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, con un total de 23 imputados. La entidad indicó que ambos procesos “se encuentran en la fase de investigación preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas”.
En este sentido, la Fiscalía General tramita el expediente 25-000149-0033-PE, en contra del expresidente Chaves (ahora ministro de Hacienda), la ministra Bogantes, y el actual canciller, Manuel Tovar.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) gestiona la causa 25-000153-0033-PE, en la cual figuran como imputadas las siguientes personas:
Mandos del ICE: Marco Acuña, presidente ejecutivo; Leda Acevedo, gerente general; y Óscar Romero, jefe de la División Gestión de Red y Mantenimiento.
Ejecutivos de Cisco: Jeff Campbell, Chief Government Strategy Officer; Ariel Szternberg, gerente senior; y Mario De la Cruz, director de relaciones con gobierno.
Ministerio de Ciencia y Tecnología: Orlando Vega, funcionario y exviceministro de Ciencia y Tecnología; Alonso José Zeledón, viceministro de Telecomunicaciones; y la funcionaria Raquel Cantillo.
Consejo Directivo del ICE: Marlon Arguedas, Henry Guevara, Irene Víquez, Ileana Murillo y Kathya Villar. En la causa también se investiga a Luis Francisco Valverde Rímolo, sin embargo, esta persona falleció en diciembre de 2025.
Despacho Presidencial: los funcionarios Hubert Vargas (exviceministro de Telecomunicaciones) y María Jesús Blanco.
Embajada de Estados Unidos: la funcionaria Patricia Ann Vanderwall.
Además, la lista la completan Harold Cordero, exgerente general del ICE destituido a inicios de abril de este año; Luis Carlotti, exgerente general de Cisco en Centroamérica, que dejó su puesto en mayo de este año; y Diana Salas, exfuncionaria de Casa Presidencial, que ahora labora en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
A todos los citados se les solicitó su posición sobre las investigaciones, tanto cuando se reportó que eran investigados, como ahora en condición de imputados según lo informado por la Fiscalía.
Respecto a Chaves y Blanco, Casa Presidencial indicó que no se referirá “por tratarse de procesos judiciales en curso”.
Por su parte, el ICE manifestó sobre sus funcionarios que tanto la institución como su Administración Superior “han dispuesto —como es usual— toda la colaboración y la disposición para atender los requerimientos de las autoridades competentes para la investigación relacionada”.
En relación con las personas mencionadas del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el ministerio dijo previamente que “al tratarse de un asunto en supuesto proceso de investigación, no se emitirán declaraciones institucionales al respecto”.
La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) dio trámite a la solicitud, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. A Cisco se le enviaron consultas directamente y a través de su agencia de relaciones públicas, Conexiones, pero ni siquiera dieron acuse de recibo.
De igual forma, en el caso de Cordero, Carlotti y Salas, los tres fueron contactados ya sea por correo electrónico, mensajes o llamada telefónica, pero no fue posible obtener sus respuestas.
El único de quien se pudo obtener una posición concreta fue el exviceministro Vargas, con quien coincidió durante un evento organizado por un operador de telecomunicaciones el pasado mes de abril. Allí, tras consultarle por el tema, Vargas manifestó que solamente participó en una reunión en la que Cisco indicó que “quería invertir en el país”.
“De mis actuaciones, en particular, tengo claridad que no hay nada indebido y, en general, yo no he tenido visibilidad de ese proceso”, agregó el entonces viceministro, en esa ocasión.
La entrada Millonario contrato ICE-Cisco: Chaves, Acuña, Bogantes y otros 20 ahora son imputados aparece primero en Semanario Universidad.
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