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Álvaro Murillo
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En la teoría, para esta misma fecha, pero en el año 2022, Marta Eugenia Esquivel era aún jueza en propiedad del Juzgado de Trabajo en el Segundo Circuito Judicial de San José, en el puesto 113574 del Poder Judicial, que ahora es señalado como un nido de argollas, privilegios y corrupción por el movimiento chavista, donde la abogada de 61 años ocupa un papel especial, ahora como diputada.
Esquivel —que ocupó numerosos cargos judiciales durante una década, incluido el de magistrada suplente de la Sala Constitucional, a la que también tiene en la mira el oficialismo— aparece como una figura de confianza del líder Rodrigo Chaves, el hombre que la encauzó en una ruta política como no se veía en el último siglo: los tres poderes del Estado en menos de cinco años.
Aunque lejos del perfil de líder o la altura política de José María Castro Madriz en el siglo XIX o de Ricardo Jiménez Oreamuno, a inicios del XX, Esquivel logra en el siglo XXI la particular condición de haber ocupado cargos relevantes en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y ahora en el Poder Legislativo como diputada por la provincia de Heredia, donde inscribió su domicilio apenas en septiembre de 2025, a pocos días de la campaña que le otorgó la curul oficialista.
Desde ese cargo de diputada, Esquivel ha sido visible por sus alusiones a los “ticos con corona”, en referencia a costarricenses necesitados de servicios de salud pública y por presentar desde el 30 de junio el proyecto de ley que pretende hacer que sea la Asamblea Legislativa, y no el Poder Judicial, quien nombre al fiscal general, un cargo que ha sido relevante en la vida reciente de la actual diputada.
Esquivel es ahora una cara conocida en la política, pero en 2022 era presentada apenas como una abogada experta en materia laboral que había pedido permiso en el Poder Judicial para dejar congelada su silla ahí, y poder ocupar en el gabinete de Rodrigo Chaves un puesto de importancia relativa: ministra de Trabajo y Seguridad Social.
Ni siquiera se comentaba que Esquivel había sido magistrada suplente en la Sala Constitucional en numerosas ocasiones, e incluso autora de una de las resoluciones más relevantes en su historia, relacionada con la atención de usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el fallo 18-014499-0007-CO, que con el tiempo iba a adquirir aún más valor.
Entonces ni imaginaba que en octubre de 2022 Rodrigo Chaves la pondría de presidenta ejecutiva de la CCSS, y tiempo después en una curul legislativa, donde ella ahora critica las usuales sentencias de la Sala Constitucional para obligar al cumplimientos de servicios de salud, exactamente lo que ella favorecía tiempo atrás.
Sin embargo, en medio está también el puesto de ministra de Planificación y Política Económica, el puesto con inmunidad que tomó en enero de 2025 por cuatro meses, después de dejar la presidencia de la CCSS en medio del escándalo por cuestionamientos de presunta corrupción por el caso “Barrenador”, el mismo que le valió la captura en manos de autoridades judiciales en septiembre de 2024.
Después de los tres altos cargos que ocupó en el gobierno de Chaves, Esquivel entró como candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para la campaña 2026, sin importar demasiado los 14 casos judiciales que tenía abiertos en su contra en ese momento. Así entró como integrante de la bancada oficialista que resultó ser mayoritaria.
Se intentó entrevistar a Esquivel desde el 13 de mayo, pero no hubo respuesta a mensajes en su celular y mediante los funcionarios de prensa de la fracción del PPSO. Incluso se le pidió un espacio el domingo 7 de junio cuando salía de una asamblea del partido, pero siguió corriendo y dijo que se le contactara por otra vía, que al final resultó infructuosa. En estas semanas recientes sí ha dado entrevistas a otros medios sobre temas distintos.
Según las respuestas enviadas a este medio por el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Planificación y la CCSS, Esquivel tuvo desde 2017 cargos en los cuales recibió salarios por más de ₡553 millones, con un promedio mensual de ₡4,6 millones, sobre todo por los sueldos jugosos que tuvo como presidenta de la Caja durante 26 meses.
Trayectoria pública récord
En respuesta a UNIVERSIDAD, la CCSS reportó que pagó a Esquivel ₡183 millones; el Ministerio de Trabajo ₡11,8 millones por 5 meses de funciones como ministra y el de Planificación, ₡28,2 millones por 7 meses, con un promedio mensual de ₡4 millones de sueldo.
Su trayectoria más larga, sin embargo, se dio en el Poder Judicial, donde tuvo salarios acumulados por unos ₡330 millones desde enero del 2017, cuando entró como juez 3 en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, hasta abril de 2022, cuando ocupaba el puesto de juez 5 en el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Limón, con un salario de ₡3,6 millones mensuales.
Ahora, como diputada desde mayo, Esquivel recibe un salario bruto mensual de ₡4 millones, como consta en la página de la Asamblea Legislativa, ingreso que podría hacer que al finalizar el cuatrienio, en abril de 2030, sume un total de ₡224 millones, contando aguinaldos y salario escolar. De esta manera, si no deja la curul antes, podrá en ese momento decirse que entre los tres poderes del Estado, se le pagaron en 14 años una suma cercana a los ₡777 millones (1,7 millones de dólares al cambio actual).
Pero al margen de los ingresos, Esquivel habrá cumplido un quinquenio en altos cargos en cada uno de los tres poderes del Estado.
A esos puestos se suman las tareas que desempeñó años atrás en la Dirección General de Servicio Civil, la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), lo que extiende la amplitud y sobre todo la variedad de la carrera de Esquivel como servidora pública.
La “teta del Estado”, como dicen despectivamente los críticos del ejercicio de cargos públicos, ha permitido a Esquivel altos ingresos, pero también un alto perfil político sin ser necesariamente experta en asuntos de empleo o seguridad social, pues es abogada especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género, según su currículo. Tampoco se presenta como una profesional dedicada al estudio de las leyes, un rol que en la bancada cumple más el abogado penalista y exministro José Miguel Villalobos.
“Ticos con corona” y elección del fiscal
En la práctica legislativa, sin embargo, Esquivel sí se asume como una conocedora del funcionamiento del Poder Judicial, ya no como su casa laboral por casi una década, sino como el poder al que se necesita reformar para solucionar la seguridad y muchos otros problemas del país, según el discurso oficialista.
Una de las intervenciones más notables la dio el 10 de junio, cuando se atrevió a llamar “ticos con corona” (privilegiados) a los costarricenses que deben acudir a recursos de amparo ante la Sala Constitucional para obligar a la CCSS a brindar atención médica. De eso trató precisamente la sentencia clave que ella redactó en marzo de 2019 como magistrada de la Sala Constitucional sobre servicios de la CCSS, entidad que ella acabó presidiendo tres años después sin lograr cumplir la promesa gubernamental de solucionar el problema de las listas de espera.
Ese discurso le valió numerosas críticas por la contradicción al deplorar ahora lo que antes fomentaba, pero también por usar la manida frase “ticos con corona” contra personas que probablemente no tienen ingresos suficientes para acudir a servicios médicos privados.
El último episodio de notoriedad fue empezando julio, al presentar el proyecto de ley 25.634 con el benévolo nombre de “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público”, que trae la polémica propuesta de que sea la Asamblea Legislativa la que designe al fiscal general y no más la Corte Suprema de Justicia.
Esquivel activó así la posibilidad de participar ella misma en la el nombramiento del jefe del Ministerio Público, cargo que ahora ocupa Carlo Díaz, quien dirigió las investigaciones que la sacaron a ella de la CCSS y quien se ha convertido en un destinatario frecuente de las diatribas del chavismo contra el Poder Judicial.
“Al ser los representantes del pueblo quienes designen al fiscal general, se dota al cargo de una legitimidad democrática directa, sin que ello implique la subordinación de las investigaciones a intereses partidarios”, se lee en el texto antes de afirmar, sin citar base alguna, que el actual procedimiento no ha logrado la función de proteger al Ministerio Público ante las presiones políticas.
Las reacciones desde sectores de oposición son de alarma, pues señalan que se trata, en efecto, de una politización del cargo de Fiscal General como ha ocurrido en otros países donde el Poder Judicial ha acabado sucumbiendo ante el control del gobernante.
Esto ocurre en momentos en que se abre la deliberación en la Corte Suprema para un nuevo período del fiscal general, sin confirmarse aún si Díaz pretende postularse para reelección.
Magistrada Patricia Solano en su despacho. (Foto: Álvaro Murillo)
Magistrada deja la pregunta: ¿con qué intención quieren nombrar al fiscal general en la Asamblea Legislativa?
Patricia Solano es quizás la magistrada de respuestas más fuertes ante las andanadas del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Preside la Sala Penal, es parte de la Corte Plena y se le recuerda porque en una conferencia de prensa tomó la palabra para contestar a la presidenta Laura Fernández asuntos del presupuesto que no parecía dispuesto a rebatir el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre.
Por eso, ahora parece también dispuesta a poner su cara para expresar las objeciones de la institución ante el proyecto de ley de la oficialista Marta Esquivel para que sea la Asamblea Legislativa la que nombre al fiscal general. Se refiere sobre todo a cómo incidiría esa opción sobre la independencia que debe tener el jefe del Ministerio Público, órgano acusador del Estado.
“Si esto lo sacamos del Poder Judicial, ¿cuál es el equilibrio? Hay que ver dónde se ubica y si eso va a constituir un equilibrio necesario dentro de un Estado democrático. Porque vea que la discusión se hace dentro de un Estado democrático. Dentro de otros sistemas de gobierno ni siquiera hay discusión”, contestó a UNIVERSIDAD.
“El Ministerio Público está dentro del Poder Judicial, pero por un tema de organización presupuestaria, porque hay independencia funcional del Ministerio Público”, dijo reafirmando que ese órgano no sigue lineamientos de magistrados y que el fiscal general funciona de manera independiente por la ley actual.
“Lo que a mí me preocupa es que no puede ser que se politice la elección de la persona del fiscal general. Si se politiza, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué investiga?”, dijo Solano.
Agregó que también le preocupa el contenido del proyecto de ley para la destitución del fiscal general, con términos como “incumplimiento de estándares” sin que estén claros cuáles son los parámetros. “Ahí entra en esa bolsa cualquier cosa”, dijo.
“Reitero, que la persona del fiscal general tiene una responsabilidad enorme dentro de todo el sistema democrático de investigación de los delitos. Entonces, si esa persona la designa directamente el poder político, usted puede sacar conclusiones. (…) Dentro de ese equilibrio entre los tres poderes del Estado, ¿para dónde va en esa fuerza y qué fines se pueden perseguir?”, respondió advirtiendo que no defiende directamente a Carlo Díaz, sino el cargo como tal.
La entrada Marta Esquivel: la diputada con triple corona del Estado aparece primero en Semanario Universidad.
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