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Vinicio Chacón Soto
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La justicia puede estar un poco más cerca para las cientos de personas que se han visto afectadas por el caso del descalabro de la financiera Aldesa, pues el próximo mes se estaría convocando la audiencia preliminar.
Así lo aseguró Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), durante una comparecencia esta mañana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La Magistrada fue convocada para “conocer la posición institucional del Poder Judicial y el Ministerio Público sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la delincuencia organizada la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana”.
Solano se hizo acompañar por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, y por el fiscal general Carlo Díaz. En su intervención inicial ofreció datos como que el circulante, es decir, la cantidad de expedientes en trámite, en 2021 era de 802.824 expedientes, en 2022 bajó a 746.842 y así sucesivamente para llegar a 2025 con 742.740.
Añadió que al finalizar 2025, la materia de cobro judicial llegó a casi el 65% de los expedientes en el Poder Judicial, seguida muy de lejos por la materia penal con un 6,54%. Aunque destacó que en cuanto al ingreso de expedientes nuevos ese año, los de penal superaron a los de cobro. Entonces mencionó el aumento de homicidios entre 2010 y 2025 y que el 70% de la duración del proceso penal se concentra en en los tribunales. Sin embargo, la capacidad instalada solo permite atender “aproximadamente el 80% de la demanda. De ahí que se va acumulando un 20% anual”.
Luego de la exposición inicial de Solano, el presidente de la Comisión, Gonzalo Ramírez, dispuso el orden de intervenciones y la primera en usar la palabra fue la socialcristiana Abril Gordienko, quien preguntó por los célebres más de ¢8 mil millones que la Asamblea Legislativa aprobó para crear plazas en el OIJ y Ministerio Público.
Solano contestó con una referencia al caso Riverside, que en junio fue notorio por tratarse del operativo más grande en la historia del OIJ y el Ministerio Público y desarticuló una organización ligada a Edwin López Vega, alias Pecho e’ Rata, actualmente en celdas estadounidenses tras su extradición.
“Al día siguiente nos topamos con la solicitud del rebajo de presupuesto”, lamentó. La magistrada relató que en 2024 la Asamblea Legislativa aprobó esos fondos para nombrar fiscales en el Ministerio Público, y “la plata la depositaron en noviembre, cuando se sabía que ya no se podía ejecutar”.
“Sin cacao no hay chocolate, si no tenemos los recursos para poder tener el personal y también todo lo que se requiere”, como todos los insumos que requiere el OIJ, o toda la movilización que implicó el caso Riverside, “si no tenemos recursos, eso no se puede hacer”, acotó.
Ante pregunta del liberacionista Marco Badilla, Solano apuntó que “he hecho un reclamo claro de que en los últimos 40 años no ha habido inversión social en Costa Rica, cuando vemos población penitenciaria resulta que el 85% son hombres entre 18 y 30 años, sin educación media y sin mayores posibilidades, ahí es donde vemos los caldos de cultivo para lo que tenemos”.
Las buenas maneras llegaron a su fin cuando tocó el turno al oficialista Fernando Obaldía, quien retomó aseveraciones de Laura Fernández sobre la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial, mencionó varios casos que salieron en prensa sobre corrupción de jueces y preguntó si ello no es “infiltración”. Además exigió, como ya caracteriza a las diputaciones oficialistas, una respuesta de “sí o no”, aún cuando Solano intentó reflexionar que en Costa Rica hay más de 1.100 jueces y que en los casos en que se ha detectado “personas infiltradas, los hemos investigado y están detenidos y se les ha seguido profeso, diferente a otros poderes del Estado, que a los que investigan están nombrados en otros cargos”.
En este punto la agresividad de Obaldía para forzar respuestas de Solano fue notoria, sin embargo fue la Magistrada quien se llevó la llamada de atención de Gonzalo Ramírez.
Obaldía luego le pidió que en un minuto dijera qué está haciendo el Poder Judicial para que no se infiltre el crimen organizado. Solano con astucia replicó que “1100 jueces y seis casos que se han dado, corresponde a un 0,5% de todo el personal de la judicatura, de manera que esto no es una infiltración y los investigamos”. Tal respuesta detonó de nuevo el enojo de Obaldía, quien de nuevo lloriqueó ante el Presidente de la Comisión.
Cuando Gonzalo Ramírez finalmente intervino, fue para de nuevo llamar la atención de la Magistrada. Varias diputaciones pidieron la palabra por orden, Ramírez dijo que lo concedería al final de la ronda de preguntas, se escuchó al liberacionista Badilla argumentar que con ello “se desvirtúa el propósito de pedir (la palabra) por el orden”, y la oficialista Kattia Calvo replicó con prepotencia “ni modo”.
Continuó Obaldía y dio un minuto a Solano para que respondiera “¿cómo podemos hacer para quitar ese tufito que en este momento está teniendo del Poder Judicial?”. Solano le reiteró que se investiga al personal interno que corresponda y volvió a mencionar el caso Riverside, pues implicó la detención de personas de la administración penitenciaria, “¿es que también está infiltrado el Ministerio de Justicia?”.
Siguió la diputada oficialista Cindy Murillo, quien exigió una respuesta de “si, no o tal vez” a la pregunta de si Solano aspiraría a Presidencia de la Corte. “No lo tengo decidido” fue la parca respuesta.
Luego Murillo preguntó por un aumento de ¢2 millones en el salario de las magistraturas, que data de 2008. Solano le replicó que el ajuste se justificó en la naturaleza de los asuntos que resuelven y que por ello se hizo necesario “equilibrar los salarios como lo hizo la anterior administración cuando le subió el salario a los ministros, viendo que no eran competitivos”.
La guanacasteca terminó pidiendo la renuncia de Solano y que desista de cualquier aspiración a la Presidencia de la Corte.
El oficialista Nogui Acosta figuró por llevar la discusión y su trato de la magistrada al nivel de una confrontación pasada de tono. Al inicio de su intervención recordó que por mandato constitucional el Poder Judicial debe recibir el 6% del PIB y aseguró que los últimos cuatro años el presupuesto del Poder Judicial aumentó en ¢84 mil millones, su pregunta fue “¿y entonces?”. Además preguntó quién aprueba la distribución del presupuesto.
Esa pregunta en particular terminó detonando el enojo del propio Acosta, pues no toleró que Solano recordara que de hecho, ese 6% originalmente “está destinado sólo a judicatura”, momento en que Acosta la interrumpió, con la misma cantaleta de Obaldía, para decirle que siguiera en la “dinámica de preguntar y contestar”. Solano no se dejó intimidar e insistió en que actualmente sólo el 3,67% llega a judicatura, a lo que Acosta con no poca desfachatez replicó “es es una decisión que ustedes toman”.
La discusión no varió mucho en cuanto a contenido, con Acosta tratando de responsabilizar al Poder Judicial por la insuficiencia de recursos, Solano insistiendo en que lo que se asigna a lo interno depende de lo que sea aprobado por la Asamblea Legislativa y que no se han podido crear plaza nuevas, muy necesarias tanto en judicatura como Ministerio Público.
Lo que sí varió fue el tono de Acosta, quien alzó la voz, trató de hablar por encima de la Magistrada e incluso la señalaba con el dedo índice.
La última en usar la palabra fue Sigrid Segurea, del Frente Amplio, cuya pregunta reveló que el caso Financiamiento Jaguar, sobre el financiamiento de campaña de Rodrigo Chaves, está varado gracias a que el oficialismo se niega a nombrar magistraturas suplentes en Sala Constitucional.
La entrada Magistrada Patricia Solano defendió gestión del Poder Judicial ante desplantes oficialistas en Comisión legislativa aparece primero en Semanario Universidad.
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