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Monserrat Cordero Parra
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La ahora presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, renunció a su plaza como abogada en el Ministerio de Hacienda.
Según indicó el Departamento de Gestión del Potencial Humano del Ministerio de Hacienda, en un documento en poder de este Semanario, esta renuncia se dio de manera “pura y simple” desde el 1 de marzo anterior.
Esta dimisión de Taylor se da luego de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) denunciara el año anterior ante la Auditoría Interna el presunto nombramiento ilegal de la jerarca en la CCSS debido a que mantenía una relación laboral con el Ministerio de Hacienda.
La abogada ostentaba un permiso sin goce de salario; no obstante, esto no eliminaba su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo, denunció la ANEP, en su momento.
Esta situación le impedía integrar la Junta Directiva de la CCSS por lo establecido en la Ley Constitutiva de la institución; no obstante, Taylor siempre formó parte del máximo órgano.
Esta denuncia, según supo este Semanario, fue trasladada a la Contraloría General de la República (CGR).
Asimismo, el año anterior, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública al Consejo de Gobierno por el presunto nombramiento ilegal de Taylor.
El sindicato exigió en ese momento verificar la legalidad del nombramiento y que, de comprobarse la violación, se anulara. Asimismo solicitaron que se aplicaran las sanciones correspondientes.
Taylor fue designada para dirigir la CCSS por el Consejo de Gobierno el 8 de enero de 2025. Antes de ese nombramiento fue asesora del expresidente Rodrigo Chaves en Casa Presidencial.
Se opone a nombramiento de sector sindical
Pese a toda esta situación, Mónica Taylor, -según consta en una certificación del Consejo de Gobierno- fue la persona que recomendó recientemente no nombrar a la exdiputada Rocío Alfaro como representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por incumplimiento de requisitos legales.
Taylor habría indicado que Alfaro “no demuestra competencia en materias económico-sociales en los términos exigidos por el artículo 7 del inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Asimismo agregó que la exdiputada registra participación activa en asuntos de política electoral, pues es agente electoral, militante y contribuyente del Partido Frente Amplio, así como delegada territorial propietaria de esa agrupación.
“Tal participación evidencia una vinculación político-electoral activa, actual y sostenida, incompatible con la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, indica la certificación.
Destacó también que la exdiputada también tiene vínculos familiares con funcionarios de la CCSS. En este caso, un hermano que labora como médico asistente en el Hospital Tomás Casas, y la esposa de éste, como enfermera.
“Lo anterior configura un posible potencial conflicto de interés”, indica la certificación
Los argumentos de Taylor no se quedaron ahí, pues señaló al Consejo de Gobierno que Alfaro ha emitido posiciones públicas sobre la decisión de la CCSS de adjudicar 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.
“Generándose un prejuzgamiento sobre materia respecto a la cual ya ha adoptado una posición pública, reiterada y comprometida, con el riesgo que sus decisiones futuras sean afectadas por sus posiciones previas sobre presuntos actos de corrupción y negligencia, que aún no han sido resueltos por la autoridad competente, lo que compromete la legitimidad subjetiva institucional, incidiendo en su ética lo cual acredita un menoscabo sobre su máxima honorabilidad, el cual es un requisito estipulado en los artículos 6 y 7 inciso a) de la Ley N.º17”, señala el documento.
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