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Monserrat Cordero Parra
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El presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), Randall Cabrera, alertó sobre los débiles controles de seguridad que existen en algunos hospitales del país, en los cuales también los pacientes conviven con personas privadas de libertad.
La alerta de Cabrera se da luego de que, el pasado sábado 8 de agosto, un hombre de apellido Valverde Matarrita, de 32 años, fuera asesinado a balazos mientras se encontraba internado en el Servicio de Emergencias del Hospital de Nicoya.
“Mucha de la seguridad está por terceros. A veces hay lugares donde no se cuenta con un detector de metales, sobre todo en zonas alejadas. Además es relativamente fácil el acceso de personas ajenas al hospital. Obviamente todos los pacientes están revueltos. Puede haber algún paciente con uno o dos custodios, y no están en una zona alejada o segura”, mencionó Cabrera, quien agregó que el personal de seguridad además no cuenta con armas letales.
Cabrera agregó que, ante el aumento de la violencia en el país, es necesario que, ahora, este tipo de pacientes sean internados en lugares con mayor resguardo y vigilancia, con el fin de que el resto de personas estén más seguros.
“Es importantísimo retomar todo lo que respecta a la seguridad, no solo para trabajadores de la institución, sino para usuarios”, agregó.
Agregó que han alertado a las autoridades diferentes situaciones de violencia en centros de salud desde el año 2006 y que la respuesta ha sido deficiente. Incluso se han planteado demandas a nivel penal.
El médico solicitó también a las autoridades de la CCSS ser incluidos en una mesa técnica en la que se aborden temas de seguridad, con el fin de presentar sus propuestas y analizar en conjunto distintas soluciones a los problemas que día a día se presentan en los centros de salud.
Este sindicato además exige a la CCSS un plan nacional e inmediato de seguridad hospitalaria, el fortalecimiento urgente de la seguridad física en hospitales y clínicas, una evaluación inmediata de los riesgos de seguridad de cada centro medico y la protección efectiva de los trabajadores de salud.
A esto se suma la coordinación permanente entre la CCSS, el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras instituciones competentes, así como información clara y transparente sobre las medidas que adoptará la CCSS.
Cabrera anunció también que este martes se trasladarán al Hospital de Nicoya, donde se reunirán con personal del servicio de Emergencias.
CCSS expresa solidaridad y refuerza seguridad
Sobre este acontecimiento, el director de ese centro médico, Anner Angulo, externó su solidaridad con los familiares del fallecido, así como con el personal de salud y usuarios.
Angulo explicó que durante la madrugada del sábado, dos individuos amenazaron a un oficial de seguridad a quien le exigieron abrir la puerta para ingresar al Servicio de Emergencias.
Asimismo indicó que producto de este ataque, otro paciente recibió una herida leve.
“Tras lo ocurrido reforzamos las medidas de seguridad de resguardo de pacientes, acompañantes y trabajadores para garantizar la continuidad de la atención”, añadió el director.
Poder judicial justifica suspensión de custodia
Sobre el caso, el Poder Judicial aclaró también que el joven de apellidos Valverde Matarrita fue capturado como sospechoso por el delito de robo agravado el lunes 3 de agosto.
Al día siguiente, esta misma persona fue enviada al Hospital de Nicoya con custodia de Fuerza Pública porque requería atención médica.
En el hospital informaron que el paciente tenía una fractura que requería de una intervención quirúrgica, por lo que el sospechoso quedó en custodia hasta el día siguiente. En esa línea se instruyó al centro médico para que informara a las autoridades judiciales de previo a otorgarle el alta médica a la persona, con el fin de gestionar su detención y posterior presentación ante la Fiscalía.
No obstante, “por no existir peligro de fuga, se ordenó suspender la custodia”, agregaron.
Las autoridades aclararon también que no existía ningún indicio que hiciera presumir una amenaza contra la integridad del ahora fallecido.
El sospechoso tampoco pertenecía al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público ni manifestó a la Fiscalía alguna situación particular que requiriera medidas especiales de protección durante su permanencia en el hospital.
Además no había información ni antecedentes de esa persona que la vincularan con grupos de crimen organizado.
El caso se mantiene bajo la investigación del OIJ.
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