Más vale tonto callado… y mucho ayuda quien no estorba

[Laura Martínez Quesada]

Si quienes conducen el Ejecutivo y dominan el Legislativo no están dispuestos a colaborar con el funcionamiento de las instituciones, al menos podrían dejar de sabotearlas. Y si no encuentran palabras responsables, siempre les quedará la sabiduría de nuestros abuelos: más vale callar; mucho ayuda no estorbar.

Recuerdo frases que mi mamá nos decía con cierta frecuencia. Es que la sabiduría popular costarricense suele expresar en pocas palabras lo que ciertos discursos políticos no logran explicar, ni siquiera después de largas conferencias de prensa.

Dos dichos saltan instantáneamente a mi cabeza en estos días: «más vale tonto callado que tonto hablando» y «mucho ayuda el que no estorba». Ambos contienen una advertencia sencilla: quien desconoce un asunto y no puede aportar a su solución puede conservar cierta dignidad si guarda silencio; y quien no sabe construir, al menos, debería abstenerse de obstaculizar.

La advertencia adquiere especial relevancia cuando quienes hablan no lo hacen en medio de una conversación de cantina o en una mesa familiar, sino desde los más altos cargos de la República. En esas posiciones, la ignorancia deja de ser un defecto individual y se convierte en un peligro institucional. Una ocurrencia pronunciada desde el poder no pasa —y debe pasar— desapercibida: erosiona la confianza pública, confunde a la ciudadanía y puede preparar el terreno para el desconocimiento del orden constitucional. La normalización de un lenguaje violento y de descalificación hacia los órganos que garantizan la institucionalidad democrática puede terminar socavándola tarde o temprano.

Durante meses, la bancada oficialista se negó a elegir las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. La lista de candidaturas fue devuelta dos veces; hubo abstenciones, votos en blanco y otras maniobras que impidieron alcanzar una decisión. El resultado no fue una simple disputa entre políticos y jueces. La falta de suplentes paralizó la atención de expedientes relacionados con medicamentos, pensiones, becas, vivienda y otros derechos fundamentales. A mediados de julio, al menos 120 personas —y sus familias— esperaban una resolución que no podía adoptarse por falta de integración del tribunal. Es decir, detrás del espectáculo político oficialista había ciudadanos concretos que pagaban las consecuencias.

Ante esa prolongada omisión, la Sala Constitucional anuló la devolución de la nómina, ordenó que esta fuera llevada nuevamente al plenario y prorrogó temporalmente el nombramiento de las magistraturas suplentes, mientras el Congreso cumple con la obligación constitucional que ha venido postergando. La medida puede ser discutida jurídicamente, como cualquier sentencia. Lo inadmisible es convertir una controversia constitucional en una proclama incendiaria y presentar una resolución judicial como si se tratara de una ruptura violenta del orden democrático. Claramente no lo es.

Desde Zapote se calificó la sentencia de «golpe de Estado». Desde la silla más alta del plenario legislativo se anunció una querella penal contra los magistrados que la suscribieron. El jefe de la bancada oficialista llegó a asegurar, sin pudor alguno, que el oficialismo no acataría resoluciones dictadas por magistraturas suplentes. El coro parlamentario, disciplinado y estridente —para sorpresa de nadie—, acompañó la representación sin que pareciera haber una sola voz dispuesta a pedir mesura, a estudiar primero la sentencia completa o a recordar los principios elementales del Estado de derecho. Por Dios, ¿dónde quedaron la sensatez y el decoro?

Tenía razón mi mamá cuando nos reprendía con un «más vale tonto callado que tonto hablando». Es cierto que no toda discrepancia es una tontería, pero opinar con seguridad y vehemencia sobre una sentencia que todavía no se ha leído revela algo peor que el desconocimiento: el desprecio por el conocimiento. Quien ocupa un alto cargo cuenta con asesores, equipos jurídicos y acceso privilegiado a la información. Hablar antes de estudiar no es espontaneidad; es irresponsabilidad. Y utilizar expresiones como «golpe de Estado» para describir un fallo adverso no demuestra valentía; más bien banaliza una de las rupturas más graves que puede sufrir una democracia. En especial, cuando en el acto solemne del 25 de julio recién pasado, una figura de altísimo poder se atreve a sugerir una dictadura en nuestro país.

Un golpe de Estado supone la sustitución ilegítima del orden constitucional, no la actuación de un tribunal creado precisamente para protegerlo. Se puede cuestionar el razonamiento de la Sala, solicitar aclaraciones, interponer acciones judiciales y debatir los límites de sus competencias. Todo eso forma parte de la democracia. Lo que no forma parte de ella es anunciar que las resoluciones solo se obedecerán cuando favorezcan al gobernante o a su mayoría parlamentaria.

El Estado de derecho no funciona a la carta. Las sentencias no son sugerencias que cada fracción legislativa decide aceptar o rechazar según su conveniencia. Si una autoridad pudiera declarar inválida cualquier resolución que le incomodara, los tribunales dejarían de serlo y la Constitución se convertiría en un papel digno de un rincón olvidado. Hoy se desconoce una sentencia sobre magistraturas; mañana podría desobedecerse otra relacionada con la libertad de expresión, el derecho a la salud, el medio ambiente o la pureza electoral.

De pocas cosas he estado tan seguro en mi vida como de que «mucho ayuda el que no estorba». Durante meses, la mayoría oficialista no resolvió el nombramiento de las suplencias de la Sala IV, pero tampoco permitió que otros lo hicieran. Después, cuando el bloqueo comenzó a amenazar el acceso ciudadano a la justicia constitucional, quienes ocasionaron el problema denunciaron como ilegítima la medida de los magistrados destinada a evitar sus consecuencias. Eso, en buen español, se llama cinismo.

Gobernar no puede ser el acto de ocupar instituciones para impedir que funcionen. Una mayoría parlamentaria tiene derecho a impulsar su programa, negociar nombramientos y ejercer control político. Pero la mayoría no implica soberanía absoluta. Eso se ha dicho hasta la saciedad. En una democracia constitucional existen frenos y contrapesos precisamente porque ningún resultado electoral otorga a sus ganadores la propiedad del Estado. El voto concede autoridad temporal dentro de las normas constitucionales; no otorga inmunidad frente a la ley ni permiso para desmantelar los límites institucionales.

Lo más preocupante e indignante no es que unas cuantas figuras públicas hayan perdido la prudencia. Es la unanimidad mecánica de una bancada que parece haber confundido lealtad con obediencia. Treinta y un escaños deberían albergar treinta y una conciencias, no treinta y un ecos. Cuando nadie cuestiona una orden, ni pide tiempo y asesoría para leer una sentencia, ni advierte sobre los riesgos de calificar de «golpistas» a jueces constitucionales, el problema deja de ser individual y se convierte en un serio problema de cultura política.

No se exige silencio permanente ni sumisión intelectual. Se demanda algo mucho más elemental: estudiar y analizar antes de hablar, argumentar antes de insultar y obedecer la Constitución antes de invocarla.

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