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Monserrat Cordero Parra
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Un total de 28.104 mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica durante el primer semestre de 2026, lo que evidencia un aumento del 1,38% respecto al mismo período del año anterior, según datos del Poder Judicial.
Ante esta situación, en la que se refleja que miles continúan requiriendo la intervención del Estado para proteger su vida e integridad, especialistas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hicieron un llamado a que el debate público sobre la violencia contra las mujeres se sustente en evidencia científica y en los datos oficiales que reflejan la magnitud del problema.
La alerta de los académicos se da luego de que la representación de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) rechazara el uso de conceptos como violencia reproductiva, masculinidad patriarcal e interseccionalidad, al considerar que invisibilizan realidades ampliamente documentadas por la evidencia científica y las estadísticas nacionales.
Los datos del Poder Judicial arrojan también que, durante el primer trimestre de 2025, el Ministerio Público registró 3.260 víctimas de violencia sexual, –siendo las niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años– el grupo más afectado.
Asimismo, entre 2025 y el 10 de junio de 2026 se registraron 45 femicidios oficialmente clasificados en Costa Rica: 36 durante 2025 y nueve en lo transcurrido de 2026. Para esa fecha permanecían en análisis 13 de las 22 muertes violentas de mujeres registradas ese año, las cuales podrían ser posteriormente clasificadas como femicidios.
En esa línea, la investigadora y docente de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Ana Rita Argüello, señaló que, desconocer conceptos desarrollados por la comunidad científica no cambia la realidad que muestran los datos.
“La violencia contra las mujeres está ampliamente documentada por la evidencia científica y por las estadísticas nacionales, conceptos como interseccionalidad, violencia reproductiva o masculinidades permiten comprender los factores que incrementan el riesgo y orientar mejores estrategias de prevención, atención y sanción”, dijo Argüello.
Agregó que, prescindir de ellos limita la capacidad de las instituciones para responder de manera integral a un fenómeno complejo.
La docente explicó que estás categorías forman parte del desarrollo académico de disciplinas como la criminología, la sociología, la psicología, la ciencia política y los estudios de género, además de ser utilizadas por organismos internacionales y centros de investigación para comprender las causas estructurales de la violencia y fortalecer el diseño de políticas públicas.
Asimismo, la coordinadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez, indicó que el Estado tiene el deber de identificar los problemas que aquejan a la población. Esta información debe sustentarse en la evidencia disponible, la cual es contundente respecto a la gravedad de la violencia de género en Costa Rica.
“Resulta indispensable definir las acciones necesarias para mitigar la problemática, negar esta realidad, así como rechazar el fortalecimiento de las herramientas de la normativa internacional por razones conceptuales, limita significativamente las capacidades institucionales de acción”, dijo Jiménez.
A ellas se suma la encargada del Instituto de Estudios de Género de la UNED, Zarelly Sibaja, quien externó que el lenguaje técnico y los conceptos desarrollados desde la investigación científica no constituyen posturas ideológicas, sino herramientas que permiten visibilizar desigualdades y orientar respuestas institucionales.
«Nombrar las distintas manifestaciones de la violencia no crea el problema; permite reconocerlo, medirlo y comprenderlo para enfrentarlo, cuando la investigación identifica patrones y desigualdades estructurales, ofrece insumos para proteger mejor a las mujeres y las niñas.
En su opinión, invisibilizar estos conceptos no elimina la violencia; por el contrario, dificulta comprenderla y limita la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
Finalmente, las académicas indicaron que la evidencia disponible sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres exige fortalecer, y no debilitar, las herramientas conceptuales que permiten comprender este fenómeno desde un enfoque científico, interdisciplinario y basado en derechos humanos.
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