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Ohigginis Arcia
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La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) asegura que atraviesa la peor crisis financiera de su historia y, como respuesta, anunció la eliminación de sobresueldos y gastos de representación asignados a sus principales autoridades, decanos y directores.
Sin embargo, la decisión también pone el foco en el costo que estas compensaciones han representado para la institución. ¿Cuánto dinero destinaba mensualmente la universidad a estos beneficios y qué peso tenían dentro de la planilla heredada de la administración de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas?
Según la planilla de la Unachi, publicada en la página web de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la universidad destina 17,900 dólares mensuales al pago de gastos de representación para 22 funcionarios, entre ellos la rectora, los vicerrectores, decanos, directores de centros regionales y el director de Planificación.
La mayor asignación por este concepto corresponde a la Rectoría, con 3,000 dólares mensuales. Le siguen seis autoridades universitarias —los vicerrectores Académico, Administrativo, de Investigación y Postgrado, de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, además de la Secretaría General—, que perciben 1,500 dólares cada uno, para un total de 9,000 dólares. A su vez, 14 decanos y directores de centros regionales reciben 400 dólares mensuales, mientras que el director de Planificación percibe 300 dólares.
A estas erogaciones se suma una partida de 155,828 dólares destinada al pago de sobresueldos, lo que eleva el desembolso mensual de la Unachi por compensaciones adicionales a 173,728 dólares. En conjunto, estos beneficios representan una parte importante del gasto en remuneraciones de la universidad y se añaden a los salarios base que perciben sus autoridades académicas y administrativas.
En total, el gasto anual en sobresueldos y gastos de representación supera los 2 millones de dólares. No obstante, ese ahorro aún sería insuficiente para hacer frente al costo de la abultada planilla de la Unachi, cuyo desembolso mensual ronda los 6 millones de dólares.
En una nota oficial, la institución informó que entre 2025 y 2026 sufrió un recorte presupuestario superior a 34 millones de dólares, una reducción que, según la Rectoría, compromete la sostenibilidad de las funciones de docencia, investigación y extensión que desarrolla la casa de estudios.
El comunicado, firmado por el rector encargado, Pedro González, señala que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca) solicitaron a la universidad realizar ajustes inmediatos en sus gastos operativos como condición previa para la conformación de una mesa técnica que analice la situación financiera de la institución.
Frente a este escenario, las autoridades universitarias sostienen que adoptaron un conjunto de acciones “responsables” y ajustadas a la legislación vigente con el propósito de preservar la operatividad académica.
Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación de los sobresueldos y los gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad, así como la supresión de los gastos de representación que reciben los decanos y directores de centros regionales.
El plan también contempla una reducción del 40% de los sobresueldos correspondientes al personal que desempeña cargos de dirección, además de una revisión de la estructura organizacional para disminuir los costos operativos sin afectar, según la Rectoría, las actividades académicas, de investigación y extensión.
El programa de ajuste incluye, además, el congelamiento de acciones de personal, entre ellas reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo, así como la desvinculación de personal administrativo en el marco de un proceso de reorganización institucional. La universidad asegura que estas decisiones se ejecutarán con apego a la Ley 62 de 2008, que regula la Carrera Administrativa, y que forman parte de una estrategia para reducir el gasto operativo frente a la disminución de recursos.
Como parte de las medidas de mediano plazo, la Unachi plantea revisar la Ley 4 de 2006 y el Estatuto Universitario para adecuar el marco normativo a las necesidades actuales de la institución. También propone diseñar un plan de retiro voluntario consensuado con los gremios docentes y administrativos, e implementar plenamente la Carrera Administrativa Universitaria.
Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó, tras reunirse con las autoridades de la Unachi, que durante el encuentro se abordó la crisis financiera que enfrenta la universidad, una situación que, a su juicio, “se originó por la complacencia de muchas personas”, por lo que advirtió que “tenemos que hacer ajustes grandes”.
Pese al difícil panorama, la ministra aseguró que mantiene la confianza en la recuperación de la institución y expresó su optimismo de que la Unachi logre transformarse y fortalecerse, aun cuando ese proceso implique sacrificios.
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Sin embargo, la decisión también pone el foco en el costo que estas compensaciones han representado para la institución. ¿Cuánto dinero destinaba mensualmente la universidad a estos beneficios y qué peso tenían dentro de la planilla heredada de la administración de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas?
Según la planilla de la Unachi, publicada en la página web de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la universidad destina 17,900 dólares mensuales al pago de gastos de representación para 22 funcionarios, entre ellos la rectora, los vicerrectores, decanos, directores de centros regionales y el director de Planificación.
La mayor asignación por este concepto corresponde a la Rectoría, con 3,000 dólares mensuales. Le siguen seis autoridades universitarias —los vicerrectores Académico, Administrativo, de Investigación y Postgrado, de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, además de la Secretaría General—, que perciben 1,500 dólares cada uno, para un total de 9,000 dólares. A su vez, 14 decanos y directores de centros regionales reciben 400 dólares mensuales, mientras que el director de Planificación percibe 300 dólares.
A estas erogaciones se suma una partida de 155,828 dólares destinada al pago de sobresueldos, lo que eleva el desembolso mensual de la Unachi por compensaciones adicionales a 173,728 dólares. En conjunto, estos beneficios representan una parte importante del gasto en remuneraciones de la universidad y se añaden a los salarios base que perciben sus autoridades académicas y administrativas.
En total, el gasto anual en sobresueldos y gastos de representación supera los 2 millones de dólares. No obstante, ese ahorro aún sería insuficiente para hacer frente al costo de la abultada planilla de la Unachi, cuyo desembolso mensual ronda los 6 millones de dólares.
Los ajustes
En una nota oficial, la institución informó que entre 2025 y 2026 sufrió un recorte presupuestario superior a 34 millones de dólares, una reducción que, según la Rectoría, compromete la sostenibilidad de las funciones de docencia, investigación y extensión que desarrolla la casa de estudios.
El comunicado, firmado por el rector encargado, Pedro González, señala que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca) solicitaron a la universidad realizar ajustes inmediatos en sus gastos operativos como condición previa para la conformación de una mesa técnica que analice la situación financiera de la institución.
Frente a este escenario, las autoridades universitarias sostienen que adoptaron un conjunto de acciones “responsables” y ajustadas a la legislación vigente con el propósito de preservar la operatividad académica.
Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación de los sobresueldos y los gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad, así como la supresión de los gastos de representación que reciben los decanos y directores de centros regionales.
El plan también contempla una reducción del 40% de los sobresueldos correspondientes al personal que desempeña cargos de dirección, además de una revisión de la estructura organizacional para disminuir los costos operativos sin afectar, según la Rectoría, las actividades académicas, de investigación y extensión.
El programa de ajuste incluye, además, el congelamiento de acciones de personal, entre ellas reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo, así como la desvinculación de personal administrativo en el marco de un proceso de reorganización institucional. La universidad asegura que estas decisiones se ejecutarán con apego a la Ley 62 de 2008, que regula la Carrera Administrativa, y que forman parte de una estrategia para reducir el gasto operativo frente a la disminución de recursos.
Revisarán la ley
Como parte de las medidas de mediano plazo, la Unachi plantea revisar la Ley 4 de 2006 y el Estatuto Universitario para adecuar el marco normativo a las necesidades actuales de la institución. También propone diseñar un plan de retiro voluntario consensuado con los gremios docentes y administrativos, e implementar plenamente la Carrera Administrativa Universitaria.
Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó, tras reunirse con las autoridades de la Unachi, que durante el encuentro se abordó la crisis financiera que enfrenta la universidad, una situación que, a su juicio, “se originó por la complacencia de muchas personas”, por lo que advirtió que “tenemos que hacer ajustes grandes”.
Pese al difícil panorama, la ministra aseguró que mantiene la confianza en la recuperación de la institución y expresó su optimismo de que la Unachi logre transformarse y fortalecerse, aun cuando ese proceso implique sacrificios.
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