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Álvaro Murillo
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Un total de 71 expedientes penales pesan sobre el gabinete que acompaña en el Gobierno a la presidenta Laura Fernández, con un total de 13 jerarcas bajo investigación o incluso ya acusados por delitos variados como traición, peculado, tráfico de influencias, prevaricato y hasta una violación.
La lista de personas con causas penales pendientes va más allá del expresidente Rodrigo Chaves, quien mantiene la inmunidad al ser actualmente ministro de Hacienda y de la Presidencia. El líder del oficialismo tiene activos 45 expedientes en su contra y algunos acumulan otras causas, pero él no es el único señalado por asuntos que vienen de antes del 8 de mayo.
Los ministros Manuel Tovar, Gerald Campos y Gabriel Araya junto a la mandataria Laura Fernández, en la presentación del gabinete para el inicio del gobierno 2026-2030. (Foto: Archivo)
La propia presidenta Fernández está bajo investigación por el supuesto delito de traición, una figura penal que incluso tiene mención en la Constitución Política. En el Código Penal dice que “será reprimido con prisión de cinco a diez años, todo costarricense que tomare armas contra la nación o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro”.
Además de Chaves y de Fernández está el primer vicepresidente, Francisco Gamboa Soto, quien aparece como investigado por incumplimiento de deberes en un expediente abierto en el año 2025. En ese año, en enero, renunció como ministro de Economía Industria y Comercio, y en junio renunció también a la plaza que mantenía congelada en el Banco Nacional de Costa Rica, cuando ya era el secretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El resto de causas penales se reparten entre diez ministros actuales, que coinciden en haber ocupado puestos de poder en el cuatrienio anterior, correspondiente al Gobierno Chaves Robles, de acuerdo con un reporte entregado a este medio por la Fiscalía General de la República,
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, ofreció renunciar a su inmunidad en 2025 por el caso “BCIE-Cariñitos”, aparece como investigado en cuatro expedientes. (Foto: Archivo)
UNIVERSIDAD solicitó el lunes a la Presidencia de la República una valoración general sobre estas investigaciones penales y una posición sobre la legitimidad y la importancia que les concede, pero al cierre de esta edición no había respuesta alguna.
En otros momentos tanto Chaves como Fernández han señalado que estas investigaciones responden a criterios políticos o intenciones del Poder Judicial de adversar al Poder Ejecutivo, a pesar de que la lucha contra la corrupción fue parte de la promesa política del movimiento que llegó al poder en 2022. Aún esta semana lo reiteró: “seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica”.
El fiscal general, Carlo Díaz, usualmente señalado como adversario por el oficialismo, ha dicho que tiene la obligación de dar trámite a las denuncias que llegan, y que algunas de las cuales avanzan a fases posteriores sin importar si se trata de una persona con poder o no.
Casos variados
Aparte de los jerarcas mencionados, los otros dos con más expedientes en su contra son Jorge Rodríguez Vives, quien desde 2024 es ministro de Cultura, después de ser ministro de Comunicación y jefe de despacho de Chaves, y Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), ambos con cuatro causas pendientes.
Rodríguez es investigado por dos delitos de tráfico de influencias, uno de peculado y otro de daños (por las afectaciones en el Teatro Nacional debido a obras implementadas por el Ministerio de Cultura). En agosto había ofrecido despojarse de la inmunidad que le otorga el cargo de ministro de Cultura para afrontar una acusación por “concusión” en el caso “BCIE-Cariñitos”, por el cual también se acusó al presidente Chaves, pero ese caso no viene en el reporte dado por la Fiscalía a UNIVERSIDAD.
La ministra del Micitt, por su parte, es investigada por dos delitos de tráfico de influencias, un prevaricato y otro de influencia en contra de la hacienda pública, todos del año 2025 excepto el primero.
Otro jerarca en una situación particular es Gerald Campos, ministro de Seguridad, quien arrastra desde 2022 el expediente 22-000002-1961-PE por un delito de peculado debido a asuntos que datan de cuando era funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por los cuales ya está acusado por la Fiscalía. En 2025, siendo ministro de Justicia, él presentó ante la Asamblea Legislativa una carta de renuncia a la inmunidad, pero después surgieron cuestionamientos porque los diputados debieron haberla aprobado con una votación, pero sólo la recibieron y la remitieron al Poder Judicial. Campos también está investigado por el delito de tráfico de influencias en otro expediente del año 2024.
Del total de 71 causas penales pendientes de jerarcas del Poder Ejecutivo actual, sólo hay tres que avanzaron hasta fase de acusación: esa de Campos y dos correspondientes a Rodrigo Chaves.
Estas son por el delito de concusión (caso BCIE-Cariñitos) y de recepción de contribuciones privadas ilegales en la campaña electoral del 2022; pero ninguno puede avanzar a juicio porque el exmandatario mantiene la inmunidad después de dos intentos en la anterior Asamblea Legislativa, frustrados gracias a los votos de legisladores aliados, algunos de los cuales han sido nombrados en el gobierno de Fernández.
¿Violación?
En la lista se destaca la situación de Arnold Zamora, ministro de Comunicación con Rodrigo Chaves y también hasta ahora con Laura Fernández. Tiene un expediente abierto por prevaricato, pero ese no fue noticioso como el del delito de violación.
Este caso corresponde a la denuncia de un joven que era funcionario gubernamental y aseguró haber sido agredido sexualmente por el ministro, quien reconoció haber tenido un encuentro con él en el que bebieron alcohol, pero rechazó haberlo atacado. “Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos”, dijo en un video difundido desde la Presidencia, llamando al denunciante por su nombre. Este caso, sin embargo, está aún en etapa de investigación.
Otros investigados por supuestos delitos penales son Manuel Tovar, actual canciller y anterior ministro de Comercio Exterior. Es parte de dos expedientes, uno por tráfico de influencias de 2024, y otro por influencia en contra de la hacienda pública, del 2025.
También aparece el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, por tráfico de influencias y prevaricato, ambos del 2025, cuando ya ocupaba ese cargo en el gobierno de Chaves.
Indiana Trejos, quien fue viceministra de Comercio Exterior ascendió a titular de esa cartera el 8 de mayo a pesar de una causa pendiente por prevaricato en 2025, el mismo tipo de delito por el cual se investiga a Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano y Bienestar Social, quien tomó ese puesto en 2022 y se mantiene en el gobierno actual.
También por prevaricato hay dos expedientes en los cuales el investigado es el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, abiertos ambos en el 2025, cuando ya ejercía en ese cargo nombrado por Rodrigo Chaves.
Un último jerarca con expediente penal en su contra es Gabriel Aguilar, actual ministro de Justicia, quien fue jefe de despacho del presidente Chaves y en 2023 entró como investigado por el delito de tráfico de influencias.
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