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Álvaro Murillo
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El gobierno que en lo formal dirige la presidenta Laura Fernández cumple sus primeros 100 días este 16 de agosto dejando claro lo que deseaban muchos de sus votantes y temían muchos de sus opositores: el mando en manos del expresidente Rodrigo Chaves más allá de sus funciones como ministro de Hacienda y de la Presidencia, sin apenas espacios para cambios de dirección y la continuación del estilo discursivo que caracterizó al período 2022-2026, aunque en un entorno económico cambiado.
En intentos pasajeros o en expectativas se quedaron las posibilidades de que Fernández moderara el tono agrio que supo establecer Chaves contra sectores e instituciones opositoras o críticas y que enmarca las intenciones de una transformación política profunda. Los temores a una avanzada autoritaria no han cesado y más bien se han acelerado ante el poder del Ejecutivo con la mayoría absoluta que tiene en la Asamblea Legislativa, también alineada hasta ahora a Chaves, a quien la propia mandataria exalta como fundador del movimiento oficialista.
Desde julio incluso ha sido evidente una mayor presencia del líder en actos públicos o en la “conferencia de prensa” de cada miércoles, actos que en su formato se mantuvieron como si las elecciones de febrero no hubieran deparado una nueva administración. Sus intervenciones con gritos, ataques y burlas se elevaron desde el 1 de julio, cuando se presentó en Limón la ley aprobada por oficialistas y opositores para construir una marina turística, proyecto que está a su cargo, anunció ese día Fernández.
Durante julio se evidenciaron más apariciones de Chaves incluso en temas que no son su responsabilidad ni de su conocimiento, como el manejo de la policía judicial de la histórica captura de Diablo, el 24 de julio, un actor señalado como determinante de las violencia asociada a bandas narcotraficantes que han transformado al país. La detención del hombre provocó que Chaves, y por tanto Fernández, acentuaron el libreto de dudas, cuestionamientos y críticas contra el Poder Judicial, en lugar de celebrar como un logro nacional la caída de un importante criminal dentro de la supuesta “guerra” contra bandas criminales, anunciada por Fernández desde su discurso inaugural del 8 de mayo ante invitados internacionales.
Fernández incluso ha ido adoptando el estilo de discurso de Chaves con dichos “de campo”, sarcasmo y hasta burlas dirigidas al cuerpo, así como desdén de toda voz crítica reduciéndola a supuestos intereses corruptos o al “comunismo”, el comodín que utilizan contra posiciones diferentes a las suyas, aunque se trate de figuras como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, de sectores tradicionales reacios a posiciones de izquierda. “Prensa canalla” y “políticos añejos” son parte del glosario habitual, que no era usual ni siquiera cuando ella era ministra en el gobierno anterior.
La mandataria también parece colocarse como receptora de los reproches y advertencias por un avance de posiciones contrarias al sistema democrático del país. “Yo no quiero ser dictadora” y “yo no quiero cerrar el Poder Judicial” son las respuestas ante señalamientos que, saben todos, en realidad se dirigen a su líder y ministro, quien ha sido explícito en la necesidad de “recuperar” al Poder Judicial dentro de las transformaciones del movimiento político chavista.
La estrategia muestra una aparente táctica de reprochar a otros de lo que se le acusa a ellos. Ocurrió con los reproches por “violencia política” y la reacción ofendida del oficialismo cuando el diputado opositor Edgardo Ayara dijo que la mandataria “se hace la tontita” (expresión utilizada para alguien astuto que finge no serlo). También con la mención de un “golpe de Estado”, la seria acusación que lanzó Fernández contra la Sala Constitucional después de que magistrados advirtieran que las acciones contra el Poder Judicial están dirigidas a instaurar un régimen autoritario.
Fernández ha sido protagonista también de denuncias por supuestos planes de atentar contra su vida y de la mediática gira a Crucitas que quedó marcada por una detonación en un sector boscoso, sin que al final se informara con certeza de a qué se debió. En campaña ya se había presentado como víctima de un presunto espionaje, tampoco confirmado después.
El cruce de acusaciones son parte del ambiente político que se crispa más y más, con un oficialismo empoderado por la victoria electoral entendida como un espaldarazo a la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, aunque no hay encuestas recientes del el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Chaves y Fernández, seguidos por los legisladores del PPSO, siguen erigiéndose como “la voz del pueblo” sin reconocimiento a dos tercios del padrón que no le dieron el apoyo, mientras del otro lado actores opositores dispersos o desgastados han intentado levantar la voz pero sin mostrar fuerza alguna, salvo por el “plantón” realizado el jueves, en el día 90 desde el 8 de mayo, cuyas repercusiones aún son inciertas.
Diferencias
Sí hay, sin embargo, algunas diferencias entre el gobierno anterior y el actual. Este muestra más cercanía con sectores conservadores, en especial evangélicos, y Fernández también ha señalado considerables cambios en la política penitenciaria. Por ejemplo, ha anunciado numerosas medidas duras que implican el fin de la “alcahuetería” que, por lo señalado, fue parte de la administración Chaves bajo la responsabilidad de su ministro de Justicia, Gerald Campos, aunque él sea ahora el ministro de Seguridad. Incluso en la última semana Campos criticó a autoridades del gobierno de Chaves por no dar seguimiento a un informe interno sobre corrupción policial, pero sin que esto implique un quiebre entre administraciones, ni mucho menos. Ahora también se conoce un controversial decreto para declarar “secreto de Estado” los asuntos que se manejan en el Consejo de Seguridad, algo que no ocurrió en la administración 2022-2026.
En temas de fondo, la situación también es otra. A pesar de que la criminalidad sigue siendo una amenaza nacional, incluso con una leve reducción de asesinatos y otros delitos en este año, en la discusión pública ha entrado una preocupación nueva: dificultades en la economía que se suponía boyante al acabar el gobierno de Chaves y, por tanto, planteamientos impopulares que apuntan a posibles ajustes en impuestos y cuyos efectos políticos intentan sortear las autoridades actuales.
De Estados Unidos tampoco han llegado buenas noticias, pues Costa Rica conoció el 24 de julio que se le aumentará a 12,5% el arancel para el ingreso de productos a su principal mercado mundial, a pesar de la supuesta alianza especial entre ambos países anunciada por Chaves desde su cuatrienio. En víspera del “día 100” se han conocido noticias adversas en inversión extranjera y una desaceleración de las zonas francas, motor de la economía que permitió a Chaves celebrar el término “economía jaguar” y adoptar al animal como símbolo de su movimiento. Las cámaras empresariales, por convencimiento o por temor, han evitado las críticas e incluso sus dirigentes han acudido a alguna “conferencia de prensa” de los miércoles, aunque ahora analizan planes del Ejecutivo como el que pretende permitir a Hacienda prescindir de órdenes judiciales para realizar embargos a personas o empresas.
Además, las cifras oficiales contradicen el discurso de la creación masiva de empleos, lo cual impacta en la recaudación fiscal y en los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya situación sigue en espera de soluciones que garanticen calidad de servicios de salud y sostenibilidad de pensiones, o al menos discusiones de fondo o proyectos que no se han conocido.
Las reformas al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), demandada por grupos que exigen acceso acelerado de esos fondos, han sido también un tema, pero por razones particulares, pues el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, es un férreo defensor de no desmantelar ese pilar de las pensiones y Chaves ni Fernández han expresado posiciones contundentes a favor o en contra. La necesidad de “estudios técnicos” es la respuesta que ha dado la mandataria sobre un tema que podría molestar a sectores populares que hasta ahora han dado apoyo al oficialismo, como el de personas mayores de 50 años.
En todo caso, la prioridad ahora, con la llegada del “día 100”, va por otros rumbos; el Ejecutivo decidió revivir el polémico proyecto de jornadas de 12 horas que complace a grupos empresariales y que amenaza con paralizar el Congreso mientras seguro se acentuará el discurso contra opositores por “obstruccionistas y comunistas”. Esto apenas empieza.
La entrada Laura Fernández llega a 100 días en hombros de Chaves, pero en un terreno económico distinto aparece primero en Semanario Universidad.
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