Las penas que prevé el COIP en el caso Caja Chica

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Moisés Cáceres

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La Fiscalía ejecutó allanamientos dentro del caso Caja Chica y mantiene bajo investigación a Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez, Saud Manssur, Rafael Correa, Fausto Herrera, Patricio Rivera y Bibian Hernández, la mañana del 28 de enero de 2026.

La causa indaga un supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2023. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) fija penas de prisión y sanciones económicas que dependen del rol de cada persona dentro del presunto esquema.

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Caso Caja Chica y el COIP qué penas establece la ley​


El COIP distingue responsabilidades dentro del delito de delincuencia organizada. La norma señala penas de siete a diez años de prisión para los autores y de cinco a siete años para los colaboradores.

Según el abogado José Cárdenas, este proceso debería tramitarse con la reforma del COIP vigente antes de 2024, debido a que la Fiscalía investiga hechos que habrían ocurrido en 2023, durante la campaña electoral.

La ley también prevé consecuencias económicas cuando existe condena, como decomiso de bienes y multas.

Diferencia entre autor y colaborador según la ley penal​


El COIP separa a quienes dirigen, financian o coordinan un supuesto grupo delictivo de quienes apoyan o facilitan su funcionamiento sin ocupar puestos de liderazgo.

Esa clasificación incide directamente en la duración de la condena. Cada procesado recibe una valoración individual dentro del juicio, sin una pena uniforme para todos los involucrados.

Qué sanciones económicas contempla el COIP​


Además de la prisión, la normativa permite ordenar el comiso de dinero, inmuebles, vehículos, cuentas y equipos vinculados con el delito.

Cuando esos bienes no aparecen, el tribunal puede fijar multas equivalentes al valor de los activos. La sentencia también dispone que los recursos pasen al Estado.

Dentro del caso Caja Chica, la Fiscalía sostiene la existencia de un supuesto esquema delictivo y continúa con la investigación.

Un juez resolverá al final del proceso si la prueba confirma los delitos y el grado de participación de cada persona.



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