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Con otra mirada
Las comisiones de postulación
A la convocatoria por el cargo se inscribieron 59 aspirantes.
José María Magaña
25 de abril de 2026
|
00:01h
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Las comisiones de postulación fueron establecidas en la Constitución Política de Guatemala de 1985, como resultado de la inconformidad en el nombramiento de los altos cargos en la administración pública y sistema judicial, durante los gobiernos militares. Los constitucionalistas crearon órganos colegiados destinados a seleccionar candidatos, buscando limitar la discrecionalidad política y deseando garantizar honorabilidad, méritos académicos e idoneidad.
La semana anterior fuimos testigos del dudoso actuar de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general.
De inmediato, el resultado contrario a esas nobles aspiraciones fue evidente en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y jefe del Ministerio Público, y Procurador de los Derechos Humanos; así como para integrantes del Tribunal Supremo Electoral y Contralor General de Cuentas. En el primer caso, las comisiones están formadas por abogados, entre estos, los decanos de las facultades de Derecho. Esa configuración fue aprovechada por el prevaleciente Pacto de Corruptos para precipitar la creación de nuevas universidades con Facultad de Leyes, con el perverso objetivo de tener un puesto en esas comisiones, para infiltrar a sus esbirros en las cortes de la Nación.
Evidentemente, aquellos valores de honorabilidad, méritos académicos e idoneidad que los comisionados han de calificar en los candidatos a los diferentes cargos, no les son aplicables a ellos, toda vez que la creación de las nuevas universidades no está sujeta a la Ley de Comisiones de Postulación (decreto 19-2009) que solo regula la existencia y fines de su efímera existencia.
De esa cuenta, la semana anterior fuimos testigo del dudoso actuar de la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General y jefe del Ministerio Público, ante la presión del Pacto de Corruptos por incluir en la lista de candidatos a la actual fiscal, electa y confirmada por los gobiernos reconocidos como los más ineptos y corruptos de los últimos 20 años: Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).
A la convocatoria por el cargo se inscribieron 59 aspirantes. En una primera ronda, el número se redujo a 48, dentro de los que la actual fiscal, obtuvo la más alta calificación: 92.33/100 puntos. Insólito para alguien que ha sido descalificada local e internacionalmente por la parcialidad en el ejercicio de sus funciones. Para unos fue una vergonzosa e inmerecida evaluación que no califica a la señora Porras, sino que retrata el vulgar entreguismo de algunos integrantes de la Comisión. Para otros, no fue más que un distractor, urdido semanas atrás, para asustar con su potencial reelección, encubrir la descalificación del único candidato afín al Ejecutivo, el actual ministro de Gobernación y, desde luego, la desmedida calificación de otros candidatos pre seleccionados.
En sucesivas tandas, el grupo se redujo a 9 con calificación arriba de 75 puntos; para ajustar la lista requerida de 12, se incorporó a 3 más, con la puntuación más cercana. La nómina final a ser presentada al presidente Bernardo Arévalo quedó con 6 aspirantes, entre los que, ¡oh sorpresa! fue excluida la candidata del Pacto de Corruptos.
“Elogiosa” decisión para la gobernabilidad y una clara señal de la necesidad de revisar las comisiones de postulación, que obviamente incumplen la ilusoria función para la que fueron creadas.
Ahora, sin embargo, el presidente Arévalo tendrá que dirimir entre aquellos 6, quién califica con suficiente honorabilidad, méritos académicos e idoneidad, que permita presumir que el cumplimiento de la ley y la legitimidad de la justicia volverán a brillar en nuestro maltratado país.
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