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Eliana Morales Gil
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Una escena llamó la atención el jueves 27 de noviembre cuando el presidente José Raúl Mulino inauguró el hospital público de Bugaba, Chiriquí. Mientras cortaba la cinta, a su lado estaba María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ese día también se le vio sentada en una mesa arropada con manteles blancos, junto a miembros del gabinete y otros altos funcionarios de la administración actual.
Postales similares se repitieron en los desfiles de las fiestas patrias en la capital a inicios de noviembre.
[IMG alt="María Eugenia López, presidenta de la Corte (centro), junto al presidente José Raúl Mulino durante la inauguración del hospital de Bugaba, Chiriquí.
Foto: Cortesía Presidencia"]https://www.prensa.com/resizer/v2/Z...f591f1&smart=true&width=1280&height=854[/IMG]
El asunto despertó críticas entre juristas y analistas que interpretaron la presencia de la magistrada en un acto estrictamente gubernamental como una señal inoportuna en un país que sostiene la separación de poderes como principio constitucional. “La separación de poderes es la columna vertebral de la República. Sin checks and balances lo que nos espera es más concentración del poder. Cuidado con desnaturalizar la armónica colaboración”, escribió en X la abogada Magaly Castillo.
La Constitución Política de Panamá es clara. El artículo 2 establece que “el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitados y separados, pero en armónica colaboración”.
Abogados consultados para esta nota, recuerdan que los magistrados deben evitar actos que puedan interpretarse como respaldo político o cercanía con decisiones del gobierno de turno. Advierten que la presencia de la presidenta de la CSJ en actividades protocolares del Ejecutivo exige prudencia, porque cualquier gesto se interpreta como una señal sobre la independencia judicial.
“El Poder Judicial en cualquier república tiene la labor de preservar el Estado de Derecho, al margen de cualquier consideración o costo político. Este último año, los jefes del Ejecutivo y el Judicial han hecho amplia gala de su interpretación del concepto de la ‘armónica colaboración’ entre los poderes del Estado, compartiendo cuanto corte de cinta, tarima y evento diplomático posible. Cada aparición corroe la institucionalidad en un país donde ya parece que todas las entidades de control como la Contraloría, las Procuradurías y la Corte Suprema de Justicia obedecen a los deseos del Ejecutivo”, dijo a La Prensa la abogada Ana Carolina Rodríguez.
Consultada por este medio, la exprocuradora Ana Matilde Gómez aseguró que la situación “no deja de sorprender”. “Las formas siempre han sido necesarias para guardar un mínimo de sana distancia que transmita confianza al ciudadano en las decisiones para dirimir conflictos que se plantan en sede judicial”, señaló.
La noche de ese mismo jueves 27 de noviembre, López Arias también apareció en otro acto público: participó en el desfile de antorchas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, donde desfiló al lado del director de la entidad, Víctor Álvarez, entre otros funcionarios.
¿Qué hay detrás de estas apariciones tan públicas? En el Órgano Judicial afirman que la magistrada busca reelegirse como presidenta de la Corte por un tercer periodo, y su aspiración coincide con un momento en el que las posiciones dentro del pleno aún no están definidas. El 31 de diciembre concluye el bienio 2024-2025, para el cual resultó electa por segunda vez.
Las recientes apariciones junto al presidente Mulino se interpretan como un intento de mostrar fortaleza política y enviar a sus colegas el mensaje de que cuenta con respaldo del Ejecutivo.
Aunque la Constitución establece la separación y los límites entre los órganos del Estado, en la práctica el clima político y las dinámicas de poder pesan en decisiones que deberían basarse en criterios estrictamente institucionales.
En enero próximo, el pleno de la CSJ elegirá a su nueva directiva. La votación se realiza entre los nueve magistrados, cada uno con un voto, y se decide por mayoría simple. El proceso ocurre en una sesión reservada del pleno, convocada al inicio del año judicial, y la elección incluye los cargos de presidente y vicepresidente de la Corte. Aunque no existe campaña formal, cada periodo previo a la votación refleja negociaciones, alianzas y cálculos internos que suelen definir el resultado final.
Sin embargo, Arias tendría competencia. De postularse, mediría fuerzas con su colega Olmedo Arrocha, quien ya manifestó su intención de presidir el órgano. Otro magistrado que no descarta postularse es Carlos Vásquez Reyes. Actualmente, los tres integran la directiva: Vásquez es el primer vicepresidente y preside la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral; Arrocha dirige la Sala Primera de lo Civil.
En la elección de enero de 2024, Arrocha se postuló y contó con el respaldo de sus colegas Maribel Cornejo, Ángela Russo y Cecilio Cedalise.
Russo y Cedalise concluyen sus periodos este año y en enero serán reemplazados por Carlos Villalobos Jaén y Gisela Agurto Ayala, designados por Mulino.
López Arias, por su parte, obtuvo el apoyo de Ariadne García, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng y Carlos Vásquez Reyes.
No obstante, dentro del pleno se afirma que un tercer periodo de Arias no sería sano para la Corte.
Uno de los logros que destaca su administración es la implementación de la Ley 15 de 2008 sobre carrera judicial. Sin embargo, dentro del Órgano Judicial hay voces que consideran que la institución necesita un liderazgo que unifique, respete la institucionalidad y evite prácticas que generen percepciones de favoritismo o uso discrecional de la carrera judicial.
En las últimas décadas, la presidencia de la Corte Suprema ha estado en manos de figuras que marcaron etapas distintas dentro del Judicial. Entre ellos destacan Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona, César Pereira Burgos, José Troyano, Harley Mitchell, Aníbal Salas, Alejandro Moncada Luna, José Ayú Prado, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega y, más recientemente, María Eugenia López Arias. Cada uno encabezó la institución en contextos políticos y judiciales muy distintos, lo que convierte cada elección interna en un punto de inflexión para el rumbo del máximo tribunal.
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Ese día también se le vio sentada en una mesa arropada con manteles blancos, junto a miembros del gabinete y otros altos funcionarios de la administración actual.
Postales similares se repitieron en los desfiles de las fiestas patrias en la capital a inicios de noviembre.
[IMG alt="María Eugenia López, presidenta de la Corte (centro), junto al presidente José Raúl Mulino durante la inauguración del hospital de Bugaba, Chiriquí.
Foto: Cortesía Presidencia"]https://www.prensa.com/resizer/v2/Z...f591f1&smart=true&width=1280&height=854[/IMG]
El asunto despertó críticas entre juristas y analistas que interpretaron la presencia de la magistrada en un acto estrictamente gubernamental como una señal inoportuna en un país que sostiene la separación de poderes como principio constitucional. “La separación de poderes es la columna vertebral de la República. Sin checks and balances lo que nos espera es más concentración del poder. Cuidado con desnaturalizar la armónica colaboración”, escribió en X la abogada Magaly Castillo.
Marco constitucional
La Constitución Política de Panamá es clara. El artículo 2 establece que “el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitados y separados, pero en armónica colaboración”.
Abogados consultados para esta nota, recuerdan que los magistrados deben evitar actos que puedan interpretarse como respaldo político o cercanía con decisiones del gobierno de turno. Advierten que la presencia de la presidenta de la CSJ en actividades protocolares del Ejecutivo exige prudencia, porque cualquier gesto se interpreta como una señal sobre la independencia judicial.
“El Poder Judicial en cualquier república tiene la labor de preservar el Estado de Derecho, al margen de cualquier consideración o costo político. Este último año, los jefes del Ejecutivo y el Judicial han hecho amplia gala de su interpretación del concepto de la ‘armónica colaboración’ entre los poderes del Estado, compartiendo cuanto corte de cinta, tarima y evento diplomático posible. Cada aparición corroe la institucionalidad en un país donde ya parece que todas las entidades de control como la Contraloría, las Procuradurías y la Corte Suprema de Justicia obedecen a los deseos del Ejecutivo”, dijo a La Prensa la abogada Ana Carolina Rodríguez.
Consultada por este medio, la exprocuradora Ana Matilde Gómez aseguró que la situación “no deja de sorprender”. “Las formas siempre han sido necesarias para guardar un mínimo de sana distancia que transmita confianza al ciudadano en las decisiones para dirimir conflictos que se plantan en sede judicial”, señaló.
La noche de ese mismo jueves 27 de noviembre, López Arias también apareció en otro acto público: participó en el desfile de antorchas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, donde desfiló al lado del director de la entidad, Víctor Álvarez, entre otros funcionarios.
La magistrada María Eugenia López Arias desfila por primera vez en el Desfile de Antorchas como coronel honoraria junto al director del BCBRP, el coronel Víctor Álvarez Y el secretario general del BCBRP, Tte. Cnel. José Batistapic.twitter.com/ZVx5fMXKov
— Bomberos De Panamá (@BCBRP) November 28, 2025
El poder de una elección
¿Qué hay detrás de estas apariciones tan públicas? En el Órgano Judicial afirman que la magistrada busca reelegirse como presidenta de la Corte por un tercer periodo, y su aspiración coincide con un momento en el que las posiciones dentro del pleno aún no están definidas. El 31 de diciembre concluye el bienio 2024-2025, para el cual resultó electa por segunda vez.
Las recientes apariciones junto al presidente Mulino se interpretan como un intento de mostrar fortaleza política y enviar a sus colegas el mensaje de que cuenta con respaldo del Ejecutivo.
Aunque la Constitución establece la separación y los límites entre los órganos del Estado, en la práctica el clima político y las dinámicas de poder pesan en decisiones que deberían basarse en criterios estrictamente institucionales.
Voto a voto por la directiva del Judicial
En enero próximo, el pleno de la CSJ elegirá a su nueva directiva. La votación se realiza entre los nueve magistrados, cada uno con un voto, y se decide por mayoría simple. El proceso ocurre en una sesión reservada del pleno, convocada al inicio del año judicial, y la elección incluye los cargos de presidente y vicepresidente de la Corte. Aunque no existe campaña formal, cada periodo previo a la votación refleja negociaciones, alianzas y cálculos internos que suelen definir el resultado final.
Sin embargo, Arias tendría competencia. De postularse, mediría fuerzas con su colega Olmedo Arrocha, quien ya manifestó su intención de presidir el órgano. Otro magistrado que no descarta postularse es Carlos Vásquez Reyes. Actualmente, los tres integran la directiva: Vásquez es el primer vicepresidente y preside la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral; Arrocha dirige la Sala Primera de lo Civil.
En la elección de enero de 2024, Arrocha se postuló y contó con el respaldo de sus colegas Maribel Cornejo, Ángela Russo y Cecilio Cedalise.
Russo y Cedalise concluyen sus periodos este año y en enero serán reemplazados por Carlos Villalobos Jaén y Gisela Agurto Ayala, designados por Mulino.
López Arias, por su parte, obtuvo el apoyo de Ariadne García, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng y Carlos Vásquez Reyes.
No obstante, dentro del pleno se afirma que un tercer periodo de Arias no sería sano para la Corte.
Uno de los logros que destaca su administración es la implementación de la Ley 15 de 2008 sobre carrera judicial. Sin embargo, dentro del Órgano Judicial hay voces que consideran que la institución necesita un liderazgo que unifique, respete la institucionalidad y evite prácticas que generen percepciones de favoritismo o uso discrecional de la carrera judicial.
Las presidencias
En las últimas décadas, la presidencia de la Corte Suprema ha estado en manos de figuras que marcaron etapas distintas dentro del Judicial. Entre ellos destacan Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona, César Pereira Burgos, José Troyano, Harley Mitchell, Aníbal Salas, Alejandro Moncada Luna, José Ayú Prado, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega y, más recientemente, María Eugenia López Arias. Cada uno encabezó la institución en contextos políticos y judiciales muy distintos, lo que convierte cada elección interna en un punto de inflexión para el rumbo del máximo tribunal.
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