La validación impúdica de la inmoralidad política

[Laura Martínez Quesada]

Hay decisiones que, aun siendo legales, nos obligan a mirarnos como sociedad. El voto es una de ellas. No solo porque define gobiernos y mayorías legislativas, sino también porque revela —de manera cruda— cuáles conductas estamos dispuestos a tolerar, relativizar o incluso validar cuando de poder se trata.

En el proceso electoral consumado el pasado domingo, una parte significativa del electorado decidió respaldar a personas claramente señaladas por faltas a la moral pública, algunas de ellas con causas penales abiertas, otras con cuestionamientos éticos suficientemente documentados como para, al menos, suscitar una duda razonable. Ese hecho, en términos electorales, no pesó; no, al menos, lo suficiente.

Conviene detenerse aquí. Nadie está obligado a coincidir en un mismo estándar moral, ni mucho menos a convertir la política en un tribunal de pureza. La presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho y no debe relativizarse por conveniencia coyuntural. Sin embargo, entre respetar ese principio y convertirlo en un salvoconducto ético hay una distancia que, como sociedad, pareciera que hemos decidido cruzar sin demasiado pudor.

Porque este no es solo un debate jurídico. Es, ante todo, un asunto de moralidad. Y conviene decirlo sin rodeos, aunque incomode: aceptar la inmoralidad no lo hace menos inmoral a uno. Normalizarla, justificarla o minimizarla en función de simpatías políticas no la vuelve aceptable; más bien, la vuelve más peligrosa porque la instala como norma.

Valga traer a la memoria un episodio que hoy parece pertenecer a otro país o a otra época. En 2004, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, siendo secretario general de la OEA —el puesto más alto alcanzado por un centroamericano en un organismo multilateral—, renunció a ese cargo y regresó voluntariamente al país para enfrentar la investigación judicial por el caso ICE-Alcatel. Lo hizo a sabiendas de que iba a ser apresado en el propio aeropuerto. Un gesto que marcó un estándar ético hoy difícil de encontrar, independientemente del desenlace posterior del proceso.

Ese estándar no es excepcional ni remoto. En distintas democracias europeas se ha aplicado de forma visible a los más altos cargos del poder. En 2011, el entonces ministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg, una de las figuras políticas más populares de su país, renunció tras revelarse el plagio en su tesis doctoral, sin que mediara delito penal alguno. En 2021, el canciller austríaco Sebastian Kurz dejó el cargo ante investigaciones por presunta corrupción y una evidente pérdida de confianza pública, aun proclamando su inocencia. Y en 2022, el primer ministro británico Boris Johnson se vio forzado a dimitir tras una cadena de escándalos éticos y políticos que hicieron insostenible, moral y políticamente, su liderazgo. En todos estos casos, la lógica fue la misma: cuando la duda erosiona la credibilidad del cargo, la permanencia deja de ser una opción responsable.

No se trata aquí de absolver ni de condenar retrospectivamente a nadie. Se trata de la conducta. Del gesto. De la comprensión —cada vez menos frecuente— de que el honor del cargo no es un escudo personal, sino una responsabilidad pública. De que la legitimidad no se escuda en la legalidad formal ni se hereda automáticamente del voto, sino que se sostiene —o se pierde— en el frágil terreno de la ética.

Lograr un puesto de elección popular podría verse como una estrategia individual o colectiva de quienes buscan protegerse. Lo triste no es esa forma de actuar, sino la validación popular que se les otorgó. Es la desconsoladora confirmación, mediante el voto mayoritario, de que esas trayectorias no descalifican y pueden resultar irrelevantes frente a otros factores: el enojo, la identidad partidaria, el rechazo a “los de siempre” o la cómoda idea de que “ya la justicia se encargará y ahí se verá qué”.

Es aquí donde el debate deja de ser abstracto. Porque votar por gobernantes corruptos, por personas señaladas penalmente, por quienes aceptan las agresiones sexuales, las relativizan o las normalizan, equivale —más allá de cualquier matiz ideológico— a echar por la borda cualquier valor y principio moral que se pretenda defender. No es un exabrupto moralista; es una constatación incómoda.

Tal vez ahí esté el punto más delicado. Cuando una sociedad convierte la moralidad en un accesorio opcional del ejercicio político —algo deseable, pero prescindible—, comienza a erosionar un cimiento que no se recompone con reformas legales ni con discursos grandilocuentes. Porque el problema no es que existan políticos cuestionados; el problema es que dejemos de preguntarnos por qué eso ya no nos incomoda.

No se trata de negar el derecho a la participación política pasando por alto la presunción de inocencia. Se trata de asumir que la democracia no se agota en las urnas y que el voto, además de un derecho, es también una forma de juicio moral colectivo. Cada elección dice algo de quienes resultan electos, pero dice todavía más de quienes los eligen.

Cuando de moralidad se trata, el silencio también es una respuesta. Y el voto, incluso cuando se emite libremente, no es neutro. Refleja —nos guste o no— el tipo de país que estamos dispuestos a ser.



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