La semana de la ira: Asamblea solo aprobó dos segundos debates, luego de que presidenta Fernández elevó guerra con Poder Judicial

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Mario Bermúdez Vives

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El inicio del primer período de sesiones ordinarias de la actual Asamblea Legislativa se convirtió en una semana en la que la negociación fue sustituida por reclamos y gritos, lo que se reflejó en un magro balance: muchos recesos, solo dos proyectos aprobados en segundo debate y un aumento exponencial de la desconfianza, que incluso amenaza el principal objetivo del actual Gobierno, la comisión de reformas al Poder Judicial, cuyos resultados requerirán de mayoría calificada, 38 votos.

Es el balance de una auténtica semana de la ira, que quedó servida desde que el pasado viernes 31 de julio, la presidenta Laura Fernández calificó como “Golpe de Estado” la sentencia de la Sala Constitucional que evitó la parálisis de ese órgano. La decisión de los magistrados de rechazar la segunda devolución de la nómina de magistrados suplentes para ese órgano y renovar provisionalmente a los suplentes anteriores, en tanto los diputados eligen a los nuevos suplentes, provocó una airada reacción en Zapote, avalada con la presencia física de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), los mismos legisladores que habían provocado la crisis al bloquear la elección, votando en blanco para tratar de evitar que alguno de los candidatos alcanzara los 38 votos para ser electos.

Así que la semana inició el lunes con la presentación de la demanda de la presidenta Fernández por prevaricato contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que firmaron el fallo con eliminó el chantaje de la fracción del PPSO a la Corte y a la Sala IV, y se reforzó el martes con la presentación de proyectos de reforma constitucional presentados por las diputadas Kattia Mora y Marta Esquivel, del PPSO. En ellos se incluyó una reforma a la elección de magistrados para sacar a la Corte del proceso, y concentrarlo exclusivamente en la Asamblea Legislativa, así como una reforma para cambiar la gobernanza del Poder Judicial, en el que también se redujeron potestades de los magistrados para elegir directores del OIJ y de la Fiscalía. El paquete incluyó una propuesta de Mayuli Ortega para recobrar una de las aspiraciones de la Ley Jaguar, declarada inconstitucional dos veces en el anterior Gobierno, para limitar las funciones de fiscalización de la Contraloría, específicamente el control previo.

Pero desde el mismo lunes, el ambiente se crispó por un pulso sobre estas declaraciones del Ejecutivo avaladas por la fracción del PPSO: la oposición alegó que la Sala IV actuó dentro de sus competencias para mantener funcionando la constitucionalidad, ante las presiones indebidas del Ejecutivo para pedir otra nómina, y la postura de la fracción del PPSO, que calificó la sentencia como un abuso de los magistrados, al extender los nombramientos de los magistrados suplentes.

Esto se presentó también en la sesión del Plenario del martes, lo que generó repetidos recesos y al final, un balance de solo dos expedientes con segundo debate: el 25.060, Acuerdo sobre cambio climático y sostenibilidad el lunes, y el 23.166, Pasos de fauna, el martes.

Y el miércoles, las sesiones del Plenario resintieron más este este ambiente, cuando los diputados del PPSO rompieron el quórum el 5 de agosto, ante el control político de Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), quien reclamó a la presidenta Fernández por incumplir promesas de campaña, luego de que la fracción del PPSO rechazara una propuesta para combatir las pensiones de los expresidentes. Los diputados del PPSO alegaron que Araya incurrió en insultos, al declarar que la Presidenta estaría “haciéndose la tontita” en este tema, mostrando una fragilidad de la epidermis incompatible con una fuerza política que creció aplaudiendo los insultos del entonces presidente Rodrigo Chaves contra todos sus opositores.

Y el jueves, en jefaturas de fracción, las autoridades de partidos de oposición advirtieron que tenían dudas sobre una iniciativa prioritaria del Gobierno, en la que también habían manifestado interés: la comisión para realizar reformas al Poder Judicial. Aunque resaltaron que se trata de un tema necesario de considerar, alegaron que el contexto de la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial les hace reconsiderar si hay “condiciones serias para una reforma constructiva”, indicó José María Villalta, del FA, mientras Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) resaltó que no veía un ambiente de sensatez para una reforma, y que el proceso podría desviarse a “crear una plataforma de ataques al Poder Judicial del Gobierno”.

Se trata de una desconfianza atizada no solo por la crisis con el nombramiento de los magistrados suplentes y la sentencia de la Sala Constitucional (que el oficialismo asegura desconocerá los fallos de ese órgano en los que participen magistrados suplentes), sino por los recortes de presupuesto, en medio del operativo de los cuerpos judiciales que permitieron la captura del líder criminal Alejandro Arias, “El Diablo”, el pasado 24 de julio. Esto puso en jaque el discurso del Gobierno de la supuesta ineficiencia del Poder Judicial, y generó reclamos de la oposición sobre la postura contradictoria del PPSO, de aplaudir y apoyar a la Fuerza Pública cuando enfrenta manifestantes, e ignorarla cuando enfrenta al crimen organizado.

De ahí que no resultara sorpresivo que la sesión del Plenario del jueves resultara en otro pulso de discursos, con los diputados del PPSO arremetiendo contra Araya, y los de oposición reclamando coherencia a un oficialismo que ha recurrido a la descalificación de manera constante. Una nueva sesión casi en blanco, limitada al anuncio de mociones para los proyectos de reforma a la ley de Radio y la iniciativa para el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales.

Pocos resultados visibles y muchos reclamos y desconfianza, como principal balance de la primer semana, del primer período de sesiones ordinarias, mientras el Ejecutivo atiza su guerra contra el Poder Judicial.

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