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Tomás Alonso
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La figura de los repartidores a domicilio, comúnmente llamados deliveries, ha generado un debate importante en el derecho laboral actual. El principal punto de discusión es si estos trabajadores deben ser considerados como independientes o como empleados asalariados. La cuestión se articula alrededor de los elementos clásicos de subordinación, dependencia económica, ajenidad y control empresarial, que en el contexto de las plataformas digitales se manifiestan mediante algoritmos capaces de organizar, supervisar y evaluar la prestación del servicio. A ello se suma la diversidad de modalidades operativas: reparto a pie, en bicicleta, motocicleta o automóvil, cada una con distintos niveles de inversión, riesgo y desgaste físico. Sin embargo, pese a estas diferencias, todas comparten un mismo sistema de control algorítmico que asigna pedidos, determina rutas, evalúa el rendimiento y aplica penalizaciones, configurando una forma de subordinación estructural que trasciende el medio de transporte utilizado. Las nuevas tecnologías no solo facilitan la intermediación, sino que instauran mecanismos de dirección y vigilancia que sustituyen a la supervisión humana tradicional y permiten a las plataformas ejercer un poder empresarial intenso, continuo y difícilmente cuestionable.
En España, la evolución jurídica ha sido especialmente significativa y constituye un referente en el derecho comparado. Entre 2018 y 2020 se produjo una intensa judicialización, con sentencias contradictorias en distintos tribunales superiores de justicia. Algunas resoluciones consideraron a los riders como autónomos, destacando la flexibilidad horaria y la aparente libertad para aceptar pedidos; otras, en cambio, subrayaron la dependencia tecnológica, la integración funcional en la estructura empresarial y la ausencia de autonomía real. El punto de inflexión llegó con la sentencia del Tribunal Supremo 805/2020, que declaró que los repartidores de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena y que la plataforma no actuaba como mera intermediaria, sino como auténtico empleador que organizaba la actividad productiva mediante algoritmos. Esta decisión histórica estableció que la relación entre un repartidor, también llamado rider, y la plataforma se considera de carácter laboral, en lugar de ser una relación de trabajo autónomo.
Esta doctrina motivó la promulgación del Real Decreto-ley 9/2021, conocido como Ley Rider, con el propósito de garantizar los derechos laborales de quienes realizan labores de reparto en plataformas digitales. La normativa establece una presunción de laboralidad para estos repartidores y otorga a los representantes de los trabajadores acceso a información relevante sobre los algoritmos que afectan sus condiciones laborales. Con esta regulación, España se posiciona entre los países que cuentan con mayor grado de protección jurídica en este sector.
En América Latina, el panorama es más heterogéneo. En Argentina, la mayoría de los repartidores operan como monotributistas, aunque existen litigios que cuestionan esta clasificación. México introdujo en 2024–2025 una regulación específica que distingue entre trabajadores de plataformas con derechos laborales plenos cuando superan un umbral mínimo de ingresos y trabajadores independientes por debajo de ese umbral. En Colombia, persisten debates legislativos y doctrinales sobre la precarización derivada del control algorítmico. Chile avanzó con la Ley 21.431 de 2022, que regula el trabajo de repartidores y conductores en plataformas digitales y reconoce dos categorías: dependientes e independientes**,** y otorga derechos mínimos a ambas. Brasil discute proyectos para ampliar la protección laboral y regular la transparencia algorítmica. En Panamá, la regulación es prácticamente inexistente, aunque las recientes protestas de motorizados han visibilizado la urgencia de intervenir.
En Panamá, una única plataforma de pedidos domina el mercado y reproduce los elementos característicos del trabajo en plataformas: dependencia del algoritmo, geolocalización constante, evaluación mediante puntuaciones, penalizaciones por rechazar pedidos y desconexiones automáticas. Aunque formalmente los repartidores son considerados trabajadores independientes, en la práctica existe una estructura de control que limita su autonomía real. Los motoristas**, que** son el grupo mayoritario, enfrentan problemas estructurales: deben asumir todos los costos operativos (combustible, mantenimiento, reparaciones, llantas, aceite, depreciación del vehículo e incluso indumentaria exigida por la plataforma); sus ingresos son inestables y dependen de variables algorítmicas opacas; carecen de protección real frente a accidentes de tránsito, pese al alto riesgo inherente a su actividad; y están expuestos a un sistema de penalizaciones que puede desconectarlos por rechazar pedidos en zonas peligrosas, distancias excesivas o condiciones climáticas adversas. A ello se suma la inseguridad ciudadana, que los convierte en víctimas frecuentes de robos y agresiones, sin que las plataformas asuman responsabilidad alguna. La asimetría contractual es absoluta: los repartidores no pueden negociar tarifas ni condiciones, y cualquier modificación unilateral de la plataforma se impone de inmediato. La ausencia de un marco regulatorio específico los deja sin mecanismos de reclamación, sin representación colectiva y sin garantías mínimas de dignidad laboral.
Panamá enfrenta, por tanto, necesidades estructurales urgentes. Requiere una definición jurídica clara del trabajo en plataformas, mecanismos de transparencia algorítmica, un sistema de protección social mínimo, una fiscalización estatal efectiva y un debate constitucional sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos laborales. Las soluciones pueden inspirarse en modelos comparados: la presunción de laboralidad española, la doble categoría chilena o una categoría intermedia. En cualquier caso, el país necesita avanzar hacia un marco regulatorio que reconozca la realidad tecnológica del trabajo en plataformas y garantice condiciones mínimas de dignidad laboral. La experiencia comparada demuestra que la ausencia de regulación no genera flexibilidad, sino precariedad, y que la intervención estatal es indispensable para equilibrar el poder entre plataformas y trabajadores. El caso español ofrece lecciones valiosas sobre cómo la combinación de jurisprudencia, legislación y transparencia algorítmica puede transformar de manera profunda la regulación del trabajo digital.
El autor es abogado, docente y doctor en derecho.
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En España, la evolución jurídica ha sido especialmente significativa y constituye un referente en el derecho comparado. Entre 2018 y 2020 se produjo una intensa judicialización, con sentencias contradictorias en distintos tribunales superiores de justicia. Algunas resoluciones consideraron a los riders como autónomos, destacando la flexibilidad horaria y la aparente libertad para aceptar pedidos; otras, en cambio, subrayaron la dependencia tecnológica, la integración funcional en la estructura empresarial y la ausencia de autonomía real. El punto de inflexión llegó con la sentencia del Tribunal Supremo 805/2020, que declaró que los repartidores de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena y que la plataforma no actuaba como mera intermediaria, sino como auténtico empleador que organizaba la actividad productiva mediante algoritmos. Esta decisión histórica estableció que la relación entre un repartidor, también llamado rider, y la plataforma se considera de carácter laboral, en lugar de ser una relación de trabajo autónomo.
Esta doctrina motivó la promulgación del Real Decreto-ley 9/2021, conocido como Ley Rider, con el propósito de garantizar los derechos laborales de quienes realizan labores de reparto en plataformas digitales. La normativa establece una presunción de laboralidad para estos repartidores y otorga a los representantes de los trabajadores acceso a información relevante sobre los algoritmos que afectan sus condiciones laborales. Con esta regulación, España se posiciona entre los países que cuentan con mayor grado de protección jurídica en este sector.
En América Latina, el panorama es más heterogéneo. En Argentina, la mayoría de los repartidores operan como monotributistas, aunque existen litigios que cuestionan esta clasificación. México introdujo en 2024–2025 una regulación específica que distingue entre trabajadores de plataformas con derechos laborales plenos cuando superan un umbral mínimo de ingresos y trabajadores independientes por debajo de ese umbral. En Colombia, persisten debates legislativos y doctrinales sobre la precarización derivada del control algorítmico. Chile avanzó con la Ley 21.431 de 2022, que regula el trabajo de repartidores y conductores en plataformas digitales y reconoce dos categorías: dependientes e independientes**,** y otorga derechos mínimos a ambas. Brasil discute proyectos para ampliar la protección laboral y regular la transparencia algorítmica. En Panamá, la regulación es prácticamente inexistente, aunque las recientes protestas de motorizados han visibilizado la urgencia de intervenir.
En Panamá, una única plataforma de pedidos domina el mercado y reproduce los elementos característicos del trabajo en plataformas: dependencia del algoritmo, geolocalización constante, evaluación mediante puntuaciones, penalizaciones por rechazar pedidos y desconexiones automáticas. Aunque formalmente los repartidores son considerados trabajadores independientes, en la práctica existe una estructura de control que limita su autonomía real. Los motoristas**, que** son el grupo mayoritario, enfrentan problemas estructurales: deben asumir todos los costos operativos (combustible, mantenimiento, reparaciones, llantas, aceite, depreciación del vehículo e incluso indumentaria exigida por la plataforma); sus ingresos son inestables y dependen de variables algorítmicas opacas; carecen de protección real frente a accidentes de tránsito, pese al alto riesgo inherente a su actividad; y están expuestos a un sistema de penalizaciones que puede desconectarlos por rechazar pedidos en zonas peligrosas, distancias excesivas o condiciones climáticas adversas. A ello se suma la inseguridad ciudadana, que los convierte en víctimas frecuentes de robos y agresiones, sin que las plataformas asuman responsabilidad alguna. La asimetría contractual es absoluta: los repartidores no pueden negociar tarifas ni condiciones, y cualquier modificación unilateral de la plataforma se impone de inmediato. La ausencia de un marco regulatorio específico los deja sin mecanismos de reclamación, sin representación colectiva y sin garantías mínimas de dignidad laboral.
Panamá enfrenta, por tanto, necesidades estructurales urgentes. Requiere una definición jurídica clara del trabajo en plataformas, mecanismos de transparencia algorítmica, un sistema de protección social mínimo, una fiscalización estatal efectiva y un debate constitucional sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos laborales. Las soluciones pueden inspirarse en modelos comparados: la presunción de laboralidad española, la doble categoría chilena o una categoría intermedia. En cualquier caso, el país necesita avanzar hacia un marco regulatorio que reconozca la realidad tecnológica del trabajo en plataformas y garantice condiciones mínimas de dignidad laboral. La experiencia comparada demuestra que la ausencia de regulación no genera flexibilidad, sino precariedad, y que la intervención estatal es indispensable para equilibrar el poder entre plataformas y trabajadores. El caso español ofrece lecciones valiosas sobre cómo la combinación de jurisprudencia, legislación y transparencia algorítmica puede transformar de manera profunda la regulación del trabajo digital.
El autor es abogado, docente y doctor en derecho.
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