J
Jenny Martínez
Guest
Cuando un Estado convoca un concurso o licitación sea nacional o internacional, no solo busca obtener el mejor proyecto. También pone en juego su credibilidad frente a profesionales de todo el mundo. Cada empresa o en este caso, firma de arquitectos que invierte meses de trabajo, recursos económicos y talento creativo supone que las bases serán respetadas y que el resultado dependerá exclusivamente de la evaluación técnica prevista desde el inicio con transparencia y honestidad.
¿Qué incentivo tendrán en el futuro los mejores estudios internacionales o empresas de múltiples actividades para participar en convocatorias ecuatorianas si existe la posibilidad de que una decisión oficial sea revertida pocos días después por razones políticas o por presión mediática? Ese daño institucional puede ser mucho más costoso que cualquier desacierto arquitectónico e implica responsabilidades.
Si existieran razones técnicas, jurídicas o administrativas, corresponde a las autoridades explicarlas con absoluta transparencia. Pero tampoco sería saludable que una obra estratégica para el país quedara paralizada únicamente por la polarización que hoy domina las redes sociales.
Igual esto aplica para un museo como la urgente necesidad de completar la interconexión eléctrica con el Perú que lleva años de retraso, o la planta de tratamiento de aguas servidas para descontaminar la cuenca del río Guayllabamba hasta su desembocadura en el Pacífico con más de 4 millones de personas directamente afectadas.
Quito necesita un Museo Nacional moderno, capaz de proteger adecuadamente un patrimonio excepcional y de acercarlo a las nuevas generaciones. Esa aspiración debería estar por encima de simpatías políticas o preferencias estéticas. Si se me preguntara cuál sería mi ideal arquitectónico, probablemente respondería que me atrae más la fuerza icónica del Museo Guggenheim de Nueva York, o la pirámide del Louvre en París; obras que, en algún momento, son polémicas, que dialogan con su entorno sin renunciar a la monumentalidad. Pero esa es apenas una preferencia personal. La comparación tiene límites evidentes: el Guggenheim fue concebido para albergar arte moderno, mientras que el futuro Museo Nacional del Ecuador custodiará principalmente la memoria arqueológica, histórica y etnográfica del país. Son misiones distintas que exigen soluciones museográficas diferentes.
Por eso prefiero mantener una actitud de prudencia. El diseño podrá gustarme poco hoy, pero el verdadero veredicto no lo dictará una imagen digital ni una maqueta. Lo dará el edificio construido, la manera en que dialogue con la ciudad, la calidad de las colecciones que albergue y, sobre todo, la capacidad que tenga de hacer que los ecuatorianos se reconozcan en su propia historia.
Al final, un museo no se mide únicamente por la belleza de su fachada. Se mide por la emoción que despierta en quienes cruzan sus puertas y salen comprendiendo un poco mejor quiénes somos como nación.
Naturalmente, el ministerio tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia las razones jurídicas y técnicas que motivan una decisión de semejante magnitud. Si existen fundamentos distintos del descontento ciudadano, corresponde exponerlos públicamente. Pero si la suspensión responde únicamente al rechazo estético, el precedente resulta extremadamente delicado. Porque mañana podría ocurrir exactamente lo mismo en una concesión vial, en una licitación energética, en un hospital o en cualquier proyecto estratégico para el país. No se trata de defender un edificio. Se trata de defender la palabra del Estado.
Paradójicamente, quienes no nos sentimos identificados con el diseño ganador somos quizás los primeros llamados a defender la institucionalidad del proceso. Precisamente porque una democracia no consiste en que siempre gane nuestra preferencia, sino en aceptar que las decisiones adoptadas conforme a reglas legítimas deben respetarse.
El Ecuador necesita un nuevo Museo Nacional. Necesita una institución capaz de conservar, investigar y difundir nuestro patrimonio. Pero necesita todavía algo más, menos visible y mucho más valioso: un Estado cuya palabra inspire confianza. Los edificios pueden rediseñarse. En cambio, la credibilidad institucional tarda décadas en construirse y apenas un instante en perderse.
Sigue leyendo...
¿Qué incentivo tendrán en el futuro los mejores estudios internacionales o empresas de múltiples actividades para participar en convocatorias ecuatorianas si existe la posibilidad de que una decisión oficial sea revertida pocos días después por razones políticas o por presión mediática? Ese daño institucional puede ser mucho más costoso que cualquier desacierto arquitectónico e implica responsabilidades.
Si existieran razones técnicas, jurídicas o administrativas, corresponde a las autoridades explicarlas con absoluta transparencia. Pero tampoco sería saludable que una obra estratégica para el país quedara paralizada únicamente por la polarización que hoy domina las redes sociales.
Igual esto aplica para un museo como la urgente necesidad de completar la interconexión eléctrica con el Perú que lleva años de retraso, o la planta de tratamiento de aguas servidas para descontaminar la cuenca del río Guayllabamba hasta su desembocadura en el Pacífico con más de 4 millones de personas directamente afectadas.
Quito necesita un Museo Nacional moderno, capaz de proteger adecuadamente un patrimonio excepcional y de acercarlo a las nuevas generaciones. Esa aspiración debería estar por encima de simpatías políticas o preferencias estéticas. Si se me preguntara cuál sería mi ideal arquitectónico, probablemente respondería que me atrae más la fuerza icónica del Museo Guggenheim de Nueva York, o la pirámide del Louvre en París; obras que, en algún momento, son polémicas, que dialogan con su entorno sin renunciar a la monumentalidad. Pero esa es apenas una preferencia personal. La comparación tiene límites evidentes: el Guggenheim fue concebido para albergar arte moderno, mientras que el futuro Museo Nacional del Ecuador custodiará principalmente la memoria arqueológica, histórica y etnográfica del país. Son misiones distintas que exigen soluciones museográficas diferentes.
Por eso prefiero mantener una actitud de prudencia. El diseño podrá gustarme poco hoy, pero el verdadero veredicto no lo dictará una imagen digital ni una maqueta. Lo dará el edificio construido, la manera en que dialogue con la ciudad, la calidad de las colecciones que albergue y, sobre todo, la capacidad que tenga de hacer que los ecuatorianos se reconozcan en su propia historia.
Al final, un museo no se mide únicamente por la belleza de su fachada. Se mide por la emoción que despierta en quienes cruzan sus puertas y salen comprendiendo un poco mejor quiénes somos como nación.
Naturalmente, el ministerio tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia las razones jurídicas y técnicas que motivan una decisión de semejante magnitud. Si existen fundamentos distintos del descontento ciudadano, corresponde exponerlos públicamente. Pero si la suspensión responde únicamente al rechazo estético, el precedente resulta extremadamente delicado. Porque mañana podría ocurrir exactamente lo mismo en una concesión vial, en una licitación energética, en un hospital o en cualquier proyecto estratégico para el país. No se trata de defender un edificio. Se trata de defender la palabra del Estado.
Paradójicamente, quienes no nos sentimos identificados con el diseño ganador somos quizás los primeros llamados a defender la institucionalidad del proceso. Precisamente porque una democracia no consiste en que siempre gane nuestra preferencia, sino en aceptar que las decisiones adoptadas conforme a reglas legítimas deben respetarse.
El Ecuador necesita un nuevo Museo Nacional. Necesita una institución capaz de conservar, investigar y difundir nuestro patrimonio. Pero necesita todavía algo más, menos visible y mucho más valioso: un Estado cuya palabra inspire confianza. Los edificios pueden rediseñarse. En cambio, la credibilidad institucional tarda décadas en construirse y apenas un instante en perderse.
Sigue leyendo...