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Daniel Gutierrez
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Según los analistas Roger Cortez y Johnny Nogales, el conflicto desatado en relación al extinto Decreto Supremo 5503 evidenció no solo la fragilidad política del Gobierno, sino el cansancio ciudadano frente a la confrontación y al deterioro económico marcado por la inflación.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Cortez indicó que hacer cambios de un día para el otro (al referirse al DS 5503), sin tener la fuerza, la capacidad, ni la claridad de a dónde debe irse, debe plantearse a lo que la población demanda.
“Las principales (demandas) en este momento son dos: la gente quiere que la crispación, la tendencia al choque no les impida trabajar, que deje de ser la tónica del país. Y lo segundo, quieren parar el proceso inflacionario que nos ha quitado ya más del 50% de la capacidad adquisitiva”, afirmó.
Nogales coincidió con esta mirada. Sin embargo, en su criterio, la primera no se resolverá debido a que el país se encuentra cooptado por el sindicalismo, gremialismo y el comunitarismo. “Tampoco el tema de la estabilidad económica, esa sí depende del Estado. Creo que lo estamos logrando de alguna manera y creo que el Estado tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero donde suscribo plenamente es en que los ciudadanos nosotros, ante las faltas de representación política genuina somos los que tenemos que participar activamente”.
Desde 2023, bajo la administración de Luis Arce, Bolivia sufrió una escasez de dólares, combustible y la inflación más alta de los últimos años. El 17 de diciembre de 2025, la administración de Rodrigo Paz promulgó el DS 5503. Establecía la eliminación de la subvención a los combustibles y otras normativas.
El polémico decreto derivó en protestas de rechazo en todo el país, encabezadas por la Central Obrera Boliviana. Según el sector, la norma establecía medidas de ajuste económico que afectaban directamente al poder adquisitivo de los trabajadores. También implementaba un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales.
Este martes, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5516, que abroga el 5503 y mantiene las medidas económicas como el retiro de la subvención a los combustibles y los bonos sociales. La nueva norma tiene solo 33 artículos y cinco disposiciones transitorias.
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Nogales sostuvo que lo ocurrido no fue una simple discusión técnica sobre un decreto, sino una demostración de fuerza de sectores con capacidad real de paralizar el país. A su juicio, el ingreso de ministros a una sede sindical colmada de dirigentes y bases el domingo, fue una señal de tensión que anticipaba un desenlace complejo. Si bien se alcanzó un acuerdo, advirtió que este no satisfizo a todos los sectores, lo que quedó reflejado en hechos de violencia posteriores y en la intención de algunos grupos de mantener el conflicto abierto.
Sin embargo, destacó un elemento novedoso: la reacción espontánea de la ciudadanía, que comenzó a expresar su rechazo a los bloqueos y a los métodos de presión basados en el chantaje. “La gente está cansada de que la confrontación le impida trabajar y producir”, afirmó, señalando que esta manifestación social debe ser tomada en cuenta en la lectura política del conflicto.
Por otra parte, Cortez, consideró que la principal consecuencia de la abrogación del Decreto 5503 es la debilidad extrema del Gobierno. No solo en términos de liderazgo, sino también de capacidad para sostener decisiones estructurales sin respaldo político ni social. Indicó que el Ejecutivo cometió el error de intentar imponer un paquete de medidas sin consensos previos ni apoyo parlamentario. Consideró que el Ejecutivo repite prácticas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Finalmente, ambos analistas coincidieron en que el conflicto sigue latente, con actores políticos debilitados y un escenario político fragmentado. Sobre todo, con miras a las elecciones subnacionales de marzo de este año.
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En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Cortez indicó que hacer cambios de un día para el otro (al referirse al DS 5503), sin tener la fuerza, la capacidad, ni la claridad de a dónde debe irse, debe plantearse a lo que la población demanda.
“Las principales (demandas) en este momento son dos: la gente quiere que la crispación, la tendencia al choque no les impida trabajar, que deje de ser la tónica del país. Y lo segundo, quieren parar el proceso inflacionario que nos ha quitado ya más del 50% de la capacidad adquisitiva”, afirmó.
Nogales coincidió con esta mirada. Sin embargo, en su criterio, la primera no se resolverá debido a que el país se encuentra cooptado por el sindicalismo, gremialismo y el comunitarismo. “Tampoco el tema de la estabilidad económica, esa sí depende del Estado. Creo que lo estamos logrando de alguna manera y creo que el Estado tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero donde suscribo plenamente es en que los ciudadanos nosotros, ante las faltas de representación política genuina somos los que tenemos que participar activamente”.
Crisis
Desde 2023, bajo la administración de Luis Arce, Bolivia sufrió una escasez de dólares, combustible y la inflación más alta de los últimos años. El 17 de diciembre de 2025, la administración de Rodrigo Paz promulgó el DS 5503. Establecía la eliminación de la subvención a los combustibles y otras normativas.
El polémico decreto derivó en protestas de rechazo en todo el país, encabezadas por la Central Obrera Boliviana. Según el sector, la norma establecía medidas de ajuste económico que afectaban directamente al poder adquisitivo de los trabajadores. También implementaba un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales.
Este martes, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5516, que abroga el 5503 y mantiene las medidas económicas como el retiro de la subvención a los combustibles y los bonos sociales. La nueva norma tiene solo 33 artículos y cinco disposiciones transitorias.
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Acuerdos
Nogales sostuvo que lo ocurrido no fue una simple discusión técnica sobre un decreto, sino una demostración de fuerza de sectores con capacidad real de paralizar el país. A su juicio, el ingreso de ministros a una sede sindical colmada de dirigentes y bases el domingo, fue una señal de tensión que anticipaba un desenlace complejo. Si bien se alcanzó un acuerdo, advirtió que este no satisfizo a todos los sectores, lo que quedó reflejado en hechos de violencia posteriores y en la intención de algunos grupos de mantener el conflicto abierto.
Sin embargo, destacó un elemento novedoso: la reacción espontánea de la ciudadanía, que comenzó a expresar su rechazo a los bloqueos y a los métodos de presión basados en el chantaje. “La gente está cansada de que la confrontación le impida trabajar y producir”, afirmó, señalando que esta manifestación social debe ser tomada en cuenta en la lectura política del conflicto.
Por otra parte, Cortez, consideró que la principal consecuencia de la abrogación del Decreto 5503 es la debilidad extrema del Gobierno. No solo en términos de liderazgo, sino también de capacidad para sostener decisiones estructurales sin respaldo político ni social. Indicó que el Ejecutivo cometió el error de intentar imponer un paquete de medidas sin consensos previos ni apoyo parlamentario. Consideró que el Ejecutivo repite prácticas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Finalmente, ambos analistas coincidieron en que el conflicto sigue latente, con actores políticos debilitados y un escenario político fragmentado. Sobre todo, con miras a las elecciones subnacionales de marzo de este año.
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