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Boris Gongora
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El país dispone cada vez menos excedentes de gas para exportación; las Reservas Internacionales Netas (RIN) están en niveles muy bajos; estamos modificando las reglas de juego para atraer inversión privada nacional e internacional. Para ello, se requieren nuevas leyes en minería e hidrocarburos, además de seguridad jurídica. Por ahora, la minería del oro aparece hoy como la principal fuente inmediata de divisas.
Nuestros problemas comenzaron a mediados de la década pasada, cuando empezó a disminuir la producción de gas natural y, en consecuencia, los ingresos provenientes de este recurso. El gobierno de entonces no tomó medidas para reponer las agotadas reservas gasíferas.
El economista Antonio Saravia señalaba a principios de 2023: “Debemos entender que el gas se acabó y dejar de pensar que un nuevo recurso natural será nuestra salvación. Es hora de asumir que, sin un sector privado ágil y pujante, no podremos generar dólares”.
De acuerdo con informes del Banco Central de Bolivia, al 31 de marzo de 2026 las RIN alcanzaron los 3.542,9 millones de dólares, cifra inferior en 170,4 millones respecto al 31 de diciembre de 2025. La reducción de las divisas se debió al pago de la deuda externa, lo que contribuyó a mejorar la percepción de riesgo crediticio del país.
Según los datos del BCB, el componente de divisas en efectivo apenas supera los 50 millones de dólares, mientras que el resto corresponde a oro físico, gran parte depositado en bancos del exterior.
Diversos organismos internacionales sugieren que Bolivia debería contar con reservas suficientes para cubrir entre seis y nueve meses de importaciones.
Como han señalado diversos analistas, el problema económico del país no es únicamente monetario, sino estructural. La actual escasez de divisas comenzó a mediados de la década pasada, cuando Bolivia empezó a registrar un déficit fiscal considerable debido a la drástica reducción de ingresos y a la falta de voluntad política para reducir el gasto estatal.
Sería una salida fácil recurrir al FMI para obtener un préstamo que permita cubrir el déficit fiscal. Sin embargo, el principal desafío es convertir al país en un destino atractivo para las inversiones extranjeras, facilitando la participación privada y eliminando las restricciones a las exportaciones. También es necesario incentivar el cambio de matriz energética, promover una mayor producción agrícola y manufacturera orientada a la exportación, posicionar a Bolivia como un destino de interés turístico y lograr que la minería del oro aporte al erario nacional alrededor del 5% de sus ingresos, como propuso hace algunos años la COB.
De acuerdo con el Anuario Estadístico 2025 del Ministerio de Minería, la producción de oro en los últimos cinco años, medida en TMF, fue la siguiente:
Año 2021 2022 2023 2024 2025
TMF 45,7 53,4 46,6 21,5 28,9
Esta fiebre del oro tiene como principal protagonista al sector de las cooperativas mineras, seguido por la minería mediana y, en menor escala, por la minería estatal.
Es cierto que este auge en la producción aurífera contribuyó a mejorar los ingresos de divisas por exportaciones, pero también generó debates debido a sus impactos ambientales.
A fines de enero de este año, el precio internacional del oro alcanzó niveles históricamente altos, superiores a los 5.000 dólares por onza. En los primeros días de mayo mantiene una elevada cotización, aunque descendió a alrededor de 4.600 dólares por onza.
A fines de 2010, el precio de este metal precioso era de 1.405 dólares por onza. En 2013, luego de superar los 1.600 dólares, cerró el año en aproximadamente 1.200 dólares por onza. En 2020, impulsado por la pandemia de COVID-19, alcanzó un máximo de 2.073 dólares por onza. En 2024 comenzó en 2.037 dólares y superó los 2.400 en el segundo semestre. Finalmente, en septiembre de 2025 sobrepasó los 3.500 dólares por onza.
El Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría de la Cámara de Diputados reactivó recientemente el Proyecto de Ley 453/2024, que propone la creación de un “Impuesto Consolidado al Oro” con una alícuota del 4,8% sobre la comercialización del metal precioso.
La iniciativa fue rechazada por la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia y su filial paceña, que la calificaron de inconsulta y advirtieron con movilizaciones si la propuesta no es archivada. Por su parte, la COB se mostró partidaria de que las empresas mineras paguen mayores impuestos y regalías, especialmente en el sector aurífero, para garantizar que la riqueza mineral beneficie al país y no únicamente a actores privados.
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Nuestros problemas comenzaron a mediados de la década pasada, cuando empezó a disminuir la producción de gas natural y, en consecuencia, los ingresos provenientes de este recurso. El gobierno de entonces no tomó medidas para reponer las agotadas reservas gasíferas.
El economista Antonio Saravia señalaba a principios de 2023: “Debemos entender que el gas se acabó y dejar de pensar que un nuevo recurso natural será nuestra salvación. Es hora de asumir que, sin un sector privado ágil y pujante, no podremos generar dólares”.
De acuerdo con informes del Banco Central de Bolivia, al 31 de marzo de 2026 las RIN alcanzaron los 3.542,9 millones de dólares, cifra inferior en 170,4 millones respecto al 31 de diciembre de 2025. La reducción de las divisas se debió al pago de la deuda externa, lo que contribuyó a mejorar la percepción de riesgo crediticio del país.
Según los datos del BCB, el componente de divisas en efectivo apenas supera los 50 millones de dólares, mientras que el resto corresponde a oro físico, gran parte depositado en bancos del exterior.
Diversos organismos internacionales sugieren que Bolivia debería contar con reservas suficientes para cubrir entre seis y nueve meses de importaciones.
Como han señalado diversos analistas, el problema económico del país no es únicamente monetario, sino estructural. La actual escasez de divisas comenzó a mediados de la década pasada, cuando Bolivia empezó a registrar un déficit fiscal considerable debido a la drástica reducción de ingresos y a la falta de voluntad política para reducir el gasto estatal.
Sería una salida fácil recurrir al FMI para obtener un préstamo que permita cubrir el déficit fiscal. Sin embargo, el principal desafío es convertir al país en un destino atractivo para las inversiones extranjeras, facilitando la participación privada y eliminando las restricciones a las exportaciones. También es necesario incentivar el cambio de matriz energética, promover una mayor producción agrícola y manufacturera orientada a la exportación, posicionar a Bolivia como un destino de interés turístico y lograr que la minería del oro aporte al erario nacional alrededor del 5% de sus ingresos, como propuso hace algunos años la COB.
De acuerdo con el Anuario Estadístico 2025 del Ministerio de Minería, la producción de oro en los últimos cinco años, medida en TMF, fue la siguiente:
Año 2021 2022 2023 2024 2025
TMF 45,7 53,4 46,6 21,5 28,9
Esta fiebre del oro tiene como principal protagonista al sector de las cooperativas mineras, seguido por la minería mediana y, en menor escala, por la minería estatal.
Es cierto que este auge en la producción aurífera contribuyó a mejorar los ingresos de divisas por exportaciones, pero también generó debates debido a sus impactos ambientales.
A fines de enero de este año, el precio internacional del oro alcanzó niveles históricamente altos, superiores a los 5.000 dólares por onza. En los primeros días de mayo mantiene una elevada cotización, aunque descendió a alrededor de 4.600 dólares por onza.
A fines de 2010, el precio de este metal precioso era de 1.405 dólares por onza. En 2013, luego de superar los 1.600 dólares, cerró el año en aproximadamente 1.200 dólares por onza. En 2020, impulsado por la pandemia de COVID-19, alcanzó un máximo de 2.073 dólares por onza. En 2024 comenzó en 2.037 dólares y superó los 2.400 en el segundo semestre. Finalmente, en septiembre de 2025 sobrepasó los 3.500 dólares por onza.
El Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría de la Cámara de Diputados reactivó recientemente el Proyecto de Ley 453/2024, que propone la creación de un “Impuesto Consolidado al Oro” con una alícuota del 4,8% sobre la comercialización del metal precioso.
La iniciativa fue rechazada por la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia y su filial paceña, que la calificaron de inconsulta y advirtieron con movilizaciones si la propuesta no es archivada. Por su parte, la COB se mostró partidaria de que las empresas mineras paguen mayores impuestos y regalías, especialmente en el sector aurífero, para garantizar que la riqueza mineral beneficie al país y no únicamente a actores privados.
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