B
Betty Jumbo
Guest
Las denuncias sobre presuntas presiones a jueces, vinculadas al entorno del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Mario Godoy, vuelven a colocar en el centro del debate un problema estructural del Ecuador: la fragilidad de la independencia judicial.
Más allá de nombres propios, el caso expone una percepción persistente de manoseo de la justicia, una práctica que erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
El señalamiento realizado por el juez anticorrupción Carlos Serrano no puede ser minimizado. Cuando un magistrado denuncia interferencias provenientes de personas cercanas a la cabeza del organismo encargado de garantizar la autonomía judicial, la alerta es institucional.
La gravedad aumenta si, como se ha denunciado, las presiones estarían relacionadas con procesos sensibles, como presuntos delitos de lavado de activos vinculados al narcotráfico. En un país golpeado por la violencia y la infiltración del crimen organizado, cualquier indicio de interferencia debe ser tratado con seriedad y transparencia.
Al mismo tiempo, es indispensable mantener un enfoque equilibrado. Mario Godoy tiene derecho a la presunción de inocencia y a que los hechos sean esclarecidos con rigor. Precisamente por su cargo, su responsabilidad es mayor: debe ofrecer explicaciones claras, documentadas y oportunas sobre cualquier vínculo que pueda interpretarse como conflicto de intereses, incluyendo la relación de su entorno familiar con estudios jurídicos que intervienen en causas judiciales. La transparencia no es una concesión política; es una obligación ética de quienes administran o dirigen el sistema de justicia.
La Asamblea Nacional, como órgano de control político del Consejo de la Judicatura, también enfrenta una prueba clave. Su actuación debe ser diligente, técnica y ajena a cálculos coyunturales. Los plazos, las comparecencias y las eventuales sanciones no pueden dilatarse sin justificación, porque la demora alimenta la desconfianza pública. Si se comprueba que existieron presiones indebidas a jueces, la Asamblea está obligada a actuar con firmeza, dentro del marco constitucional y legal.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio. El proceso Metástasis reveló con crudeza cómo redes del narcotráfico y del crimen organizado lograron penetrar el sistema judicial. Por ello, cada nueva denuncia reafirma la urgencia de reformas profundas que protejan a los jueces probos, fortalezcan los controles internos y garanticen condiciones reales de independencia. No es aceptable que magistrados honestos se vean forzados a renunciar, exiliarse o apartarse de sus funciones por temor a represalias.
La comparecencia prevista de Mario Godoy ante la Asamblea debe ser una oportunidad para esclarecer los hechos y enviar un mensaje institucional claro. El país necesita certezas, no sospechas permanentes. Recuperar la confianza en la justicia es una tarea compartida: del Consejo de la Judicatura, de la Asamblea, del Gobierno y de todos los órganos de control. Solo así será posible cerrar la puerta al manoseo de la justicia y reafirmar que, en Ecuador, la ley no responde a intereses particulares, sino al interés público.
Sigue leyendo...
Más allá de nombres propios, el caso expone una percepción persistente de manoseo de la justicia, una práctica que erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
El señalamiento realizado por el juez anticorrupción Carlos Serrano no puede ser minimizado. Cuando un magistrado denuncia interferencias provenientes de personas cercanas a la cabeza del organismo encargado de garantizar la autonomía judicial, la alerta es institucional.
La gravedad aumenta si, como se ha denunciado, las presiones estarían relacionadas con procesos sensibles, como presuntos delitos de lavado de activos vinculados al narcotráfico. En un país golpeado por la violencia y la infiltración del crimen organizado, cualquier indicio de interferencia debe ser tratado con seriedad y transparencia.
Al mismo tiempo, es indispensable mantener un enfoque equilibrado. Mario Godoy tiene derecho a la presunción de inocencia y a que los hechos sean esclarecidos con rigor. Precisamente por su cargo, su responsabilidad es mayor: debe ofrecer explicaciones claras, documentadas y oportunas sobre cualquier vínculo que pueda interpretarse como conflicto de intereses, incluyendo la relación de su entorno familiar con estudios jurídicos que intervienen en causas judiciales. La transparencia no es una concesión política; es una obligación ética de quienes administran o dirigen el sistema de justicia.
La Asamblea Nacional, como órgano de control político del Consejo de la Judicatura, también enfrenta una prueba clave. Su actuación debe ser diligente, técnica y ajena a cálculos coyunturales. Los plazos, las comparecencias y las eventuales sanciones no pueden dilatarse sin justificación, porque la demora alimenta la desconfianza pública. Si se comprueba que existieron presiones indebidas a jueces, la Asamblea está obligada a actuar con firmeza, dentro del marco constitucional y legal.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio. El proceso Metástasis reveló con crudeza cómo redes del narcotráfico y del crimen organizado lograron penetrar el sistema judicial. Por ello, cada nueva denuncia reafirma la urgencia de reformas profundas que protejan a los jueces probos, fortalezcan los controles internos y garanticen condiciones reales de independencia. No es aceptable que magistrados honestos se vean forzados a renunciar, exiliarse o apartarse de sus funciones por temor a represalias.
La comparecencia prevista de Mario Godoy ante la Asamblea debe ser una oportunidad para esclarecer los hechos y enviar un mensaje institucional claro. El país necesita certezas, no sospechas permanentes. Recuperar la confianza en la justicia es una tarea compartida: del Consejo de la Judicatura, de la Asamblea, del Gobierno y de todos los órganos de control. Solo así será posible cerrar la puerta al manoseo de la justicia y reafirmar que, en Ecuador, la ley no responde a intereses particulares, sino al interés público.
Sigue leyendo...